Empresas bajo sospecha: Karina Milei y 700 millones en corte de pasto

Mientras millones de argentinos ajustan gastos, cierran comercios, frenan consumos básicos y buscan cómo llegar a fin de mes, el gobierno de Javier Milei prepara un desembolso que difícilmente pueda explicarse bajo la lógica de la “motosierra”.

La secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, impulsa la licitación pública 23-0005-LPU26 para contratar el “mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”. Traducido al castellano cotidiano: cortar el pasto, mantener jardines, podar árboles y regar plantas en dos de los edificios más emblemáticos del poder político argentino.

El presupuesto oficial ronda los 700 millones de pesos, en un país donde el propio gobierno repite diariamente que “no hay plata”, y promete levantar polvadera. Sin embargo, el verdadero escándalo podría estar escondido detrás de los oferentes.

Entre las empresas que se presentaron aparecen dos nombres que se repiten desde hace años en expedientes judiciales, investigaciones periodísticas, denuncias gremiales y observaciones de organismos de control: La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub S.A.

Las mismas empresas que sobrevivieron al kirchnerismo, al macrismo, al albertismo y que ahora también parecen haber encontrado lugar en el ecosistema libertario.

Los contratistas eternos del Estado

El negocio de la limpieza y mantenimiento estatal mueve cifras gigantescas. Hospitales, ministerios, organismos descentralizados, oficinas públicas, aeropuertos, cárceles, dependencias administrativas y edificios oficiales requieren servicios tercerizados de limpieza, mantenimiento y parquización. Y detrás de esos contratos existe un universo empresarial que gira alrededor del Estado desde hace décadas.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que sólo durante 2023 el Estado nacional ejecutó casi 3 mil contratos vinculados a limpieza y mantenimiento por más de 88 mil millones de pesos. El dato más inquietante no fue únicamente el monto, sino la concentración. Apenas diez empresas absorbieron más del 60 por ciento del dinero ejecutado. Y entre ellas, aparecieron nuevamente como protagonistas La Mantovana y compañías vinculadas a Grub SA.

La propia SIGEN detectó irregularidades administrativas en el 72 por ciento de los contratos revisados: falta de documentación, adjudicaciones directas sin suficiente justificación, controles débiles sobre asistencia del personal, ausencia de verificaciones horarias y escasos controles sobre aportes previsionales y ART. En concreto, demasiado dinero, muy pocos jugadores y controles sorprendentemente blandos.

La Mantovana y Grub: denuncias, expedientes y sospechas de cartelización

La Mantovana no es una empresa desconocida dentro del Estado. Durante años prestó servicios en organismos como ANSES, AFIP, jefatura de Gabinete, ARCA, Cancillería, hospitales, dependencias nacionales y organismos porteños. El problema fue que, al parecer, su expansión vino acompañada de una larga lista de denuncias.

La firma fue señalada por presuntas irregularidades previsionales, conflictos laborales, sospechas de evasión, cuestionamientos gremiales y posibles sobreprecios. Incluso quedó bajo la lupa por presuntas conductas anticompetitivas. De hecho, en 2024 una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia apuntó directamente contra La Mantovana y Grub SA por posibles maniobras de cartelización.

La acusación sostiene que ambas compañías actuarían bajo una misma “unidad de control económico”, es decir, funcionarían como firmas formalmente distintas pero coordinadas entre sí.

En términos prácticos, eso podría permitir simular competencia en licitaciones públicas donde, en realidad, el dinero terminaría orbitando dentro del mismo grupo empresario.

La investigación judicial podría ser explosiva. Si empresas vinculadas compiten entre sí en un proceso estatal, la licitación podría transformarse en una ficción administrativa diseñada para aparentar transparencia donde no la hay.

La ruta del dinero público y las empresas repetidas

El fenómeno no parece exclusivo de un gobierno, sino que La Mantovana y Grub aparecen una y otra vez en distintos expedientes sensibles desde hace años. En el INTI macrista, por ejemplo, ambas compañías quedaron vinculadas a investigaciones judiciales por licitaciones y adjudicaciones millonarias denunciadas por el gremio ATE. Allí se investigaron contratos por cientos de millones de pesos relacionados con limpieza, mantenimiento y servicios tercerizados. La denuncia incluso apuntó a posibles vínculos entre funcionarios administrativos y miembros del grupo empresario.

Las empresas también aparecen mencionadas en procesos licitatorios de organismos nacionales, dependencias porteñas, AySA, ANAC y múltiples estructuras estatales. A pesar de los cambios de gobiernos y discursos políticos, las empresas investigadas por la Justicia continúan inmutables.

Casa Rosada.

La promesa libertaria y la vieja casta empresarial

La contradicción política pareciera ser evidente. Javier Milei construyó buena parte de su capital político denunciando a “la casta”, prometiendo terminar con los privilegios, los negociados y los empresarios que viven del Estado. Sin embargo, las licitaciones libertarias empiezan a exhibir nombres y empresas demasiado conocidas.

El caso de esta contratación resulta particularmente sensible porque depende directamente de Karina Milei, la funcionaria más poderosa del gobierno y secretaria General de la presidencia. La misma dirigente que administra la estructura política libertaria y que concentra áreas estratégicas del poder presidencial.

El contraste económico vuelve todo más delicado. Mientras el gobierno sostiene el ajuste más severo de las últimas décadas, mientras se eliminan programas públicos, se frenan obras, se despiden trabajadores estatales y se exige austeridad social, la Casa Rosada se prepara para gastar hasta 700 millones de pesos en mantener impecables los jardines presidenciales.

En simultáneo, empresas cuestionadas vuelven a disputar contratos estatales bajo el ala del mismo gobierno que prometió terminar con los viejos mecanismos del poder. Una maquinaria delictiva que pareciera sobrevivir a todos, confirmando que el escándalo difícilmente sea una licitación puntual, sino la persistencia de un sistema vinculado con la cartelización y la corrupción que no para de crecer, a la sombra de una Justicia y un gobierno que, al final de cuentas, deciden mirar para un costado. (www.REALPOLITIK.com.ar)