Gilberto Alegre, bajo la lupa por plan de viviendas en General Villegas

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires puso bajo observación a la gestión del intendente de la municipalidad de General Villegas, Gilberto Alegre, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación vinculado a la construcción de doce viviendas correspondientes al programa “Plan Viviendas de la Policía”.

La polémica quedó plasmada en el fallo sobre la rendición de cuentas 2024, donde el organismo advirtió una posible “fragmentación del proceso de contratación” mediante múltiples licitaciones privadas que, según sostuvo, podrían haberse unificado en una licitación pública. De acuerdo al expediente, la obra fue dividida en distintas etapas y adjudicada a tres contratistas: Pablo Martín González, Ernesto Balbín Sánchez y Sergio Juan Isaac Boyanosky.

En la denominada “Etapa 2”, la comuna llevó adelante las licitaciones privadas 15/24, 16/24 y 17/24. El Tribunal remarcó que los expedientes tenían los mismos planos, idénticos objetos de contratación y fechas prácticamente simultáneas. Incluso, los decretos de llamado fueron emitidos el mismo día —24 de abril de 2024— mediante los decretos 736/24, 737/24 y 738/24.

Las aperturas también se realizaron de forma consecutiva el 3 de mayo de 2024: a las 8.00, 9.00 y 10.00 de la mañana respectivamente. Posteriormente, las adjudicaciones fueron oficializadas a través de decretos consecutivos —813/24, 814/24 y 815/24— todos firmados el 6 de mayo de 2024.

Las adjudicaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

- Licitación Privada 15/24: Pablo Martín González por 20.497.200 pesos.

- Licitación Privada 16/24: Ernesto Balbín Sánchez por 21.567.761,24 pesos.

- Licitación Privada 17/24: Sergio Juan Isaac Boyanosky por 28.797.960 pesos.

El mismo esquema volvió a repetirse en la “Etapa 3”, mediante las licitaciones privadas 45/24, 49/24 y 51/24, todas correspondientes nuevamente a la construcción de las mismas 12 viviendas policiales. Según el Tribunal, los planos y los ítems solicitados eran “idénticos”, mientras que el presupuesto oficial también coincidía en los tres expedientes: 30.549.200 pesos.

En esa etapa, las adjudicaciones fueron:

- Licitación Privada 45/24: Pablo Martín González por 29.776.000 pesos.

- Licitación Privada 49/24: Sergio Juan Isaac Boyanosky por 29.776.000 pesos.

- Licitación Privada 51/24: Ernesto Balbín Sánchez por 28.962.732 pesos.

El organismo provincial fue contundente: sostuvo que “los trabajos y materiales son esencialmente los mismos” y que “no se verificó una justificación válida para la realización de tres licitaciones privadas, en lugar de una licitación pública”.

La administración de Alegre respondió que la división obedeció a cuestiones técnicas, distintos grados de avance de obra y a la necesidad de acelerar trabajos para evitar incumplimientos con la Caja de Retiros, Jubilados y Pensionados de la Policía Bonaerense. También argumentó limitaciones de capacidad financiera de empresas locales y desembolsos escalonados de fondos.

Sin embargo, el Tribunal decidió mantener la cuestión bajo reserva y dejó abierta la posibilidad de futuras responsabilidades administrativas. Entre los funcionarios alcanzados aparecen el propio intendente Gilberto Alegre, el secretario, Fernando Enrique Galli; la contadora municipal, Mariana Fernanda Ochoa; y la jefa de Compras, María Sofía Guevara.

Otras polémicas detectadas por el Tribunal

El fallo sobre la rendición 2024 también expuso otras observaciones sensibles dentro de la administración municipal.

Uno de los puntos más delicados fue que la municipalidad “no demostró la real existencia” de más de 4.345 millones de pesos declarados como saldo de cierre en caja y cuentas bancarias. Además, el Honorable Concejo Deliberante desaprobó formalmente la rendición de cuentas del ejercicio 2024.

El Tribunal también detectó:

- incumplimientos en el mínimo de invitaciones a proveedores en licitaciones privadas;

- deficiencias en procesos de adjudicación;

- atrasos en la publicación de normativa municipal;

- demoras en registraciones oficiales;

- problemas en conciliaciones bancarias;

- e irregularidades vinculadas a adicionales salariales y pagos médicos sin reglamentación suficientemente clara.

Otra observación importante apareció en la licitación privada 31/24 para la compra de lubricantes, grasas y líquidos de freno para maquinaria municipal. Allí, el Tribunal detectó diferencias llamativas entre ofertas y adjudicaciones. Por ejemplo, el ítem 8 —líquido de frenos— fue adjudicado a Rubén Enrique Simondi por 4.726.080 pesos, pese a que Guazzaroni Greco SA había ofertado 238.863,60 pesos y El Surco Tractores SA 273.450,24 pesos para el mismo producto. También participaron de esa licitación Desab SA y Bata SRL, cuyas ofertas más económicas tampoco fueron adjudicadas en otros renglones observados.

Municipalidad de General Villegas.

Multas, cargos y sanciones: los funcionarios alcanzados

Pese a aprobar la rendición de cuentas 2024, el Tribunal de Cuentas bonaerense avanzó con sanciones económicas, amonestaciones y llamados de atención contra funcionarios de la comuna por distintas irregularidades detectadas durante el análisis del ejercicio.

La sanción económica más importante recayó sobre el intendente Gilberto Alegre, quien recibió una multa de 600 mil pesos. También fue multada la jefa de Compras, María Sofía Guevara, con 300 mil pesos.

Además, el Tribunal aplicó: amonestaciones a la secretaria de Gobierno y Obras Públicas, Alejandra Viviana Matellán; la contadora municipal, Mariana Fernanda Ochoa; y el tesorero municipal Valentín Francisco.

También se dictaron llamados de atención contra: Gisela Paula Bollini, secretaria de Presupuesto, Hacienda y Finanzas; María Valeria Iglesias, secretaria de Educación y a cargo de Cultura; Emma Eloísa Segretin Gutiérrez, contadora municipal interina y directora de Ingresos Públicos; Susana Beatriz Lupano, jefa de Personal; y Fernando Enrique Galli, secretario de Servicios Públicos.

Pero el golpe más delicado apareció en el artículo cuarto del fallo, donde el Tribunal directamente desaprobó un egreso municipal y formuló un cargo solidario por 1.075.826,30 pesos contra el exintendente Eduardo Lorenzo Campana; el exdirector de Recursos Humanos, Diego Martín Recalde; y el exsubsecretario de Legal y Técnica, Guillermo Martín Grosso.

El fallo además dejó en suspenso varias investigaciones y aclaró expresamente que numerosos funcionarios “no deberán considerarse exentos de responsabilidad” hasta que el organismo emita un pronunciamiento definitivo sobre las observaciones aún abiertas. Entre los nombres que siguen bajo análisis aparecen el propio Gilberto Alegre; Susana Beatriz Lupano; Fernando Enrique Galli; María Sofía Guevara; Alejandra Viviana Matellán; Eduardo Lorenzo Campana; Luis Alberto Balaudo; Mariano Raúl Maranta; Norma Beatriz Amilibia; Horacio Daniel Pascual; Mariana Fernanda Ochoa; Valentín Francisco. 

Finalmente, el Tribunal otorgó además un plazo de 90 días para que los funcionarios sancionados depositen las multas y cargos determinados en el fallo. (www.REALPOLITIK.com.ar)