Policía Federal Argentina: Sueldos de pobreza y ascensor de 50 millones de pesos

En la Argentina del ajuste como política permanente, las consignas suelen ser simples, contundentes y repetidas hasta el cansancio. “No hay plata” fue una de las banderas centrales del gobierno de Javier Milei para justificar recortes, reordenamientos del gasto y una poda generalizada de partidas estatales.

El problema aparece cuando esa consigna empieza a contrastar con la ejecución concreta del presupuesto público. El discurso oficial insiste en la austeridad, pero ciertas decisiones administrativas muestran otra lógica: la del gasto que no siempre parece alineado con la urgencia social.

En ese marco se inscribe lo ocurrido en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. El organismo adjudicó la modernización de un ascensor en su sede de Sarmiento 1624 por 49.252.203 de pesos, mediante una licitación con un único oferente: la empresa Del Plata Obras S.A.

Todo dentro del marco normativo. Todo firmado y documentado, pero legalidad y sentido común no siempre van de la mano. Tampoco se agota el análisis político cuando se trata de recursos públicos y prioridades en un contexto de crisis salarial dentro de la fuerza.

Mientras se destinan millones a infraestructura interna, la situación de los efectivos activos y retirados de la Policía Federal muestra un deterioro sostenido. Ingresos de miseria, dependencia creciente de adicionales y haberes que en la mayoría de los casos, quedan por debajo de la línea de pobreza, según los números del INDEC.

Sueldos bajos y prioridades cuestionadas

La tensión es evidente: mientras el personal policial es pobre, el organismo que debería garantizar el resguardo a quienes dedicaron décadas al servicio público, ejecuta gastos que contrastan con la realidad económica de sus beneficiarios.

Los números salariales ayudan a dimensionar el cuadro. Un comisario general percibe alrededor de 2,9 millones de pesos, un oficial inspector cerca de 1,1 millón de pesos, un sargento en torno a 1,16 millón de pesos y un agente apenas supera los 870 mil pesos. Valores que, en términos reales, se ubican en el borde o directamente por debajo de los niveles de subsistencia.

En ese contexto, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política. Nadie discute la necesidad de mantener edificios públicos en condiciones seguras. El punto es la escala de prioridades en un estado que exige contención del gasto en múltiples frentes, pero no siempre exhibe la misma rigurosidad al momento de ejecutarlo.

También aparece otro elemento relevante: la licitación con un solo oferente. Sin competencia, el margen para evaluar eficiencia de precios se reduce, y la transparencia del proceso queda, como mínimo, condicionada a la ausencia de alternativas comparables.

El caso del ascensor no es una irregularidad en sí misma, pero es una postal de una discusión estructural: cómo se asignan los recursos públicos en un país donde el ajuste es discurso, pero la discrecionalidad del gasto sigue siendo una práctica extendida. Si el sacrificio es una política de alcance general, su credibilidad depende menos de consignas y más de la coherencia entre lo que se dice y lo que hace.