Crisis universitaria: Salarios pulverizados y fondos en mínimos históricos

A días de una nueva movilización nacional, el conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas atraviesa uno de sus momentos más críticos. La combinación de recortes presupuestarios, salarios docentes en caída libre, paros reiterados y una disputa judicial que ya llegó a la Corte Suprema configura un escenario de máxima tensión en el sistema universitario argentino.

La próxima Marcha Federal Universitaria, prevista para este 12 de mayo, será la cuarta desde el inicio de la actual gestión libertaria en diciembre de 2023. Y detrás de la protesta aparecen números alarmantes que reflejan el deterioro de las casas de estudio.

Presupuesto universitario en mínimos históricos

Según datos del Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas (AFISPOP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET), el gasto nacional destinado al desarrollo de la educación superior cayó un 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025.

Para este 2026, el ajuste sería aún más profundo: la reducción alcanzaría el 41,2%.

En términos del Producto Bruto Interno (PBI), la inversión universitaria también muestra un derrumbe histórico:

• En 2023 representaba el 0,72% del PBI.
• Actualmente ronda apenas el 0,42%, el nivel más bajo desde la salida de la convertibilidad.

El economista y docente de la Universidad de Buenos Aires, Javier Curcio, advirtió que el sistema universitario hoy funciona con recursos similares a los de 2002, pero con una estructura mucho más grande. “Tenemos prácticamente los mismos recursos que hace más de veinte años, pero con el doble de universidades y el triple de estudiantes”, explicó.

Salarios docentes: pérdida de más del 33%

El eje central del conflicto es salarial. Cerca del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de docentes y trabajadores no docentes.

Sin embargo, los ingresos quedaron muy por detrás de la inflación.

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026:

• La inflación acumulada fue del 293,4%.
• Los salarios universitarios perdieron un 33,7% de poder adquisitivo.

La caída duplica el promedio del ajuste sufrido por el conjunto del sector público nacional.

Actualmente:

• Un profesor titular con dedicación exclusiva cobra un salario básico de $1.582.283.
• La Canasta Básica Total para una familia tipo asciende a $1.434.464.

Es decir que el cargo más alto apenas supera la línea de pobreza por unos $150.000.

Renuncias masivas y fuga de profesionales

Desde distintos sectores universitarios denuncian una creciente salida de docentes e investigadores hacia universidades privadas o empleos mejor pagos fuera del ámbito académico.

En varias facultades de la UBA las renuncias ya son masivas:

• 438 docentes e investigadores dejaron Ciencias Exactas desde diciembre de 2023.
• En Ingeniería renunciaron 342 profesores.
• Veterinaria perdió 103 docentes.
• El Colegio Nacional de Buenos Aires sufrió la salida de 134 trabajadores.

Además, muchas universidades alertan sobre el fenómeno del pluriempleo, con docentes obligados a complementar ingresos mediante trabajos externos.

Hospitales universitarios al borde del colapso

La crisis también golpea de lleno al sistema de salud universitario.

Los directivos de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires denunciaron que el Gobierno aún no transfirió los fondos correspondientes a gastos operativos previstos en el Presupuesto 2026.

La partida asciende a unos $80.000 millones, destinados a sostener hospitales universitarios de todo el país.

Desde la UBA aseguran que los centros médicos sobreviven:

• acumulando deudas con proveedores,
• reduciendo prestaciones,
• utilizando ingresos de obras sociales,
• y apelando a donaciones privadas.

La red hospitalaria de la universidad atiende cerca de 700.000 pacientes por año.

Dos leyes vetadas y una pelea judicial que llegó a la Corte

El conflicto escaló también en el plano institucional.

Desde 2024 el Congreso aprobó dos leyes de financiamiento universitario para recomponer salarios y garantizar fondos.

Ambas fueron vetadas por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, en 2025 el Congreso logró rechazar el segundo veto presidencial con los dos tercios necesarios, dejando firme la ley.

Pese a eso, el Gobierno decidió no aplicarla y judicializó el conflicto argumentando que la norma pone en riesgo el equilibrio fiscal.

La disputa ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras la comunidad universitaria insiste en que el Ejecutivo incumple tanto la ley aprobada por el Congreso como el Presupuesto Nacional vigente.

Nueva marcha y clima de máxima tensión

En la previa de la movilización federal, el Gobierno intimó a las universidades a garantizar las clases y presentar planes para recuperar los días afectados por los paros.

Desde el oficialismo sostienen que las protestas están politizadas, mientras que rectores, docentes y estudiantes aseguran que el sistema se mantiene únicamente gracias al esfuerzo de quienes siguen trabajando pese al ajuste.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura oficial: “No queda otra alternativa que la movilización. Se votaron leyes, hubo fallos judiciales favorables y el Gobierno sigue sin cumplir”.

Con el conflicto instalado en las calles, en el Congreso y en los tribunales, la crisis universitaria se transformó en uno de los principales focos de tensión política y social de la Argentina actual. (www.REALPOLITIK.com.ar)