Salud bonaerense: aumenta la precarización, cae el SAMO y crecen las deudas

La situación financiera de la provincia de Buenos Aires empieza a mostrar señales de desgaste cada vez más visibles dentro del sistema sanitario. Mientras el gobierno de Axel Kicillof sostiene un presupuesto de dimensiones récord para el ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak, los datos oficiales revelan un fenómeno cada vez más preocupante: a la pauperización del servicio se suma la precarización del empleo estatal, el deterioro de los mecanismos de recupero hospitalario y un escenario de fuerte presión sobre proveedores y trabajadores.

El nuevo fallo del Honorable Tribunal de Cuentas sobre la rendición 2024 del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dejó al descubierto números que reflejan un cambio profundo en la estructura laboral del área. Según surge del expediente oficial, durante el ejercicio se produjo una caída neta de 2.889 trabajadores permanentes bajo la ley 10.430, mientras que el personal temporario aumentó en 424 agentes. A su vez, en el régimen de carrera hospitalaria hubo un incremento de cargos interinos y temporales, consolidando una tendencia de reemplazo de planta estable por modalidades más precarias.

En términos globales, el ministerio registró 4.133 bajas y apenas 3.060 altas, con un saldo negativo total de 1.073 trabajadores.

El dato adquiere especial gravedad en un contexto donde hospitales y centros de salud vienen denunciando sobrecarga laboral, guardias críticas y crecientes dificultades para sostener prestaciones básicas.

Un sistema sanitario cada vez más debilitado

La situación se vuelve todavía más delicada cuando se analiza el funcionamiento del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una de las principales herramientas de recupero financiero hospitalario.

El propio Tribunal de Cuentas advirtió que, aunque la facturación del sistema aumentó en términos nominales, el recupero cayó en términos reales frente a la inflación. El informe señala una baja del 17 por ciento entre 2022 y 2023 y otra caída del 8,3 por ciento entre 2023 y 2024.

En otras palabras: los hospitales facturan más, pero recuperan menos capacidad real de financiamiento.

La advertencia resulta especialmente sensible porque el SAMO constituye una de las principales fuentes complementarias para sostener gastos hospitalarios, insumos y apoyos financieros a efectores provinciales y municipales.

De hecho, el informe oficial detalla que el 90 por ciento de los fondos recuperados terminan siendo absorbidos por gastos hospitalarios corrientes, principalmente salarios y funcionamiento operativo.

La combinación entre caída del recupero real y deterioro de las condiciones laborales configura un escenario de fuerte fragilidad estructural para el sistema sanitario bonaerense.

Proveedores ahogados y pagos demorados

El cuadro se conecta además con el creciente malestar de proveedores del estado provincial, particularmente dentro del área de salud.

Tal como viene revelando REALPOLITIK, decenas de empresas denuncian atrasos de meses en los pagos por parte de la administración bonaerense. En algunos casos, aseguran que las respuestas informales dentro del ministerio de Salud son directamente desalentadoras: “Cobrarán cuando Dios lo disponga”.

La situación impacta especialmente sobre firmas que proveen insumos médicos, alimentos hospitalarios, servicios de limpieza, mantenimiento y equipamiento sanitario.

Según referentes empresarios, el gobierno provincial habría comenzado a aplicar un esquema de “selección” de pagos, donde algunas compañías cobran mientras otras quedan atrapadas en demoras indefinidas, aun habiendo cumplido con obras o prestaciones ya ejecutadas.

El problema adquiere una dimensión todavía más delicada si se considera que el ministerio de Salud ejecutó durante 2024 un presupuesto definitivo de más de 1,7 billones de pesos, tras ampliaciones presupuestarias que superaron el billón de pesos respecto del cálculo inicial.

Sin embargo, pese a ese incremento fenomenal de recursos, el organismo cerró el ejercicio con más de 284.000 millones de pesos devengados impagos.

Ese pasivo pendiente ayuda a explicar parte de la tensión que atraviesan tanto proveedores como trabajadores del sistema sanitario provincial.

Sede del ministerio de Salud bonaerense.

Más presupuesto, menos estabilidad

El documento del Tribunal de Cuentas deja además otra observación sensible: el sistema financiero SIGAF-PBA, utilizado para administrar la información financiera provincial, continúa sin una auditoría integral de sistemas.

En paralelo, el gobierno bonaerense sostiene un esquema donde crecen los cargos temporarios, caen los trabajadores permanentes y se deterioran los mecanismos reales de financiamiento hospitalario.

Mientras tanto, hospitales, proveedores y trabajadores continúan absorbiendo el costo de una crisis financiera provincial que cada vez parece trasladarse con mayor fuerza al corazón mismo del sistema de salud pública bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)