Deuda pública: Fallo expuso preocupante desmanejo de la gestión de Axel Kicillof

El Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense terminó dejando asentada una radiografía financiera inquietante sobre la administración de la deuda pública provincial durante la gestión de Axel Kicillof. El dato político más llamativo aparece incluso antes de entrar en el contenido: el fallo fue firmado el 30 de abril de 2026, pero corresponde a la rendición de cuentas del ejercicio 2024. Es decir, la auditoría y aprobación de las cuentas públicas llegaron dos años después de ejecutados los gastos.

Lejos de tratarse de una cuestión menor, el propio expediente reconoce que el control se realiza “a posteriori” de los movimientos de fondos ya efectuados, mediante revisiones selectivas y documentación presentada una vez concretados los pagos.

En otras palabras: la plata ya salió cuando el organismo empieza a mirar. El expediente analizado corresponde a “servicios de la deuda pública”, una de las áreas más sensibles de cualquier administración. Allí se concentra el pago de bonos, intereses, refinanciaciones y compromisos financieros tomados por la provincia.

Según el fallo, el presupuesto original previsto para el área era de 381.758 millones. Sin embargo, a lo largo del ejercicio sufrió modificaciones que incrementaron el crédito en más de 1,5 billones adicionales, llevando el monto final a 1.918.106.786.537.

Deuda descontrolada

El detalle no termina ahí. El Tribunal reconoce que prácticamente la totalidad de ese crédito terminó siendo utilizada: los egresos devengados ascendieron a 1.918.106.786.525,48. Es decir, el sistema financiero provincial absorbió hasta el último peso disponible para sostener la estructura de deuda.

Pero el punto más delicado aparece en el denominado “párrafo de énfasis” del informe conclusivo. Allí, el Tribunal admite una práctica que, aunque explicada con lenguaje técnico, describe un mecanismo permanente de refinanciación de deuda de corto plazo.

El documento señala que las Letras del Tesoro no canceladas al cierre de cada ejercicio son incorporadas al programa financiero del año siguiente. Traducido fuera del dialecto burocrático: deuda que no se paga y que se vuelve a incorporar dentro de un nuevo esquema de endeudamiento.

La magnitud tampoco pasa inadvertida. El fallo detalla que, al cierre del ejercicio 2023, el saldo acumulado de Letras no rescatadas ascendía a 89.662 millones, monto que fue trasladado al programa autorizado para 2024. Y agrega un dato todavía más sensible: el programa de Letras del Tesoro para 2024 quedó configurado por un equivalente a 300 millones de dólares estadounidenses.

Lo que originalmente debía funcionar como una herramienta temporal para cubrir “déficits transitorios de caja” terminó convirtiéndose en un esquema estructural de refinanciación permanente.

Juicios en pie

Como si eso no alcanzara, el informe también confirma la persistencia de conflictos judiciales vinculados al histórico default bonaerense. El Tribunal reconoce expresamente la existencia de préstamos con entidades financieras europeas y deuda con bonistas en situación de cesación de pagos, en una problemática que “se remonta al año 2001”.

El documento agrega que existen diecisiete juicios con sentencia firme e inapelable vinculados a títulos emitidos antes de 2002, mientras que otro expediente aún permanece pendiente de resolución. Además, respecto de los bonos emitidos después de 2006 y afectados por la suspensión de pagos iniciada en abril de 2020, el Tribunal reconoce dos juicios firmes adicionales y otras catorce demandas judiciales que derivaron en “acuerdos de desestimación”.

Sin embargo, el propio organismo aclara algo particularmente incómodo para la narrativa oficial: esos acuerdos no solucionaron el problema de fondo. Textualmente, el expediente sostiene que dichos convenios “no resuelven las disputas sustantivas subyacentes”, no implican pagos a los demandantes y tampoco liberan a la provincia de las obligaciones vinculadas a los bonos, las cuales “permanecen pendientes hasta su regularización”. Es decir: las demandas pueden haberse cerrado formalmente, pero la deuda sigue viva.

El aspecto quizás más sorprendente del fallo aparece sobre el final del análisis técnico. Allí, la Relatoría deja asentado que la jurisdicción “servicios de la deuda” no presenta estado de situación patrimonial, estado de movimiento de fondos ni estado de la deuda pública. La observación resulta de enorme gravedad institucional. Se trata, precisamente, de los instrumentos centrales para comprender el estado financiero real de una estructura de deuda pública.

Pese a ello, y aún dejando constancia expresa de todas esas observaciones, el Tribunal de Cuentas igualmente resolvió aprobar la rendición. La resolución final lleva las firmas del vocal preopinante Gustavo Eduardo Diez, junto a los vocales Juan Pablo Peredo, Ariel Héctor Pietronave, Daniel Carlos Chillo y del presidente del organismo, Federico Gastón Thea.

Así, en un documento que parece redactado con la asepsia de una planilla contable, el propio órgano de control terminó describiendo una provincia que refinancia deuda impaga, arrastra litigios desde el colapso de 2001, mantiene obligaciones pendientes tras acuerdos judiciales y no presenta algunos de los principales estados contables vinculados a su deuda pública.

Todo ello, finalmente, aprobado. (www.REALPOLITIK.com.ar)