Fuerza Patria: La mayoría de los senadores bonaerenses no presentó DDJJ

Mientras el kirchnerismo reclama públicamente que el vocero presidencial Manuel Adorni exhiba su patrimonio, en la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires parecieran levantar la bandera de la transparencia selectiva. Una amplia mayoría de los legisladores de Fuerza Patria no presentó sus declaraciones juradas patrimoniales, a pesar de ocupar cargos públicos desde hace años.

El dato resulta contundente: de los 24 senadores que integran el bloque oficialista, al menos 20 no tienen registradas declaraciones juradas presentadas. Algunos asumieron en diciembre de 2023, por lo que ya deberían haber entregado al menos dos presentaciones patrimoniales consecutivas. Sin embargo, los registros aparecen vacíos.

La situación genera ruido político por varias razones. La primera, por tratarse de una obligación elemental vinculada a la ética pública y al acceso ciudadano a la información. La segunda, porque buena parte del kirchnerismo bonaerense viene reclamando en redes sociales, entrevistas y discursos públicos que el vocero presidencial Manuel Adorni haga pública su declaración jurada. El problema es que, mientras levantan esa exigencia hacia la Casa Rosada, en el Senado provincial la propia tropa parece mantener sus patrimonios detrás de una cortina opaca.

Los involucrados

Entre quienes no registran declaraciones juradas aparecen nombres de peso político dentro del peronismo bonaerense. La lista incluye a Sabrina Bastida, María Valeria Arata, Marcos Emilio Pisano, María Magdalena Clark, Amira Curi, María Fernanda Raverta, Evelyn Díaz, María Inés Laurini, Fernando Gabriel Coronel, Jorge Paredi, Mónica Macha, Germán Lago, Malena Galmarini, Diego Videla, Pedro Borgini, Federico Fagioli y Roxana López, entre otros.

Sólo unos pocos aparecen con las presentaciones al día, como Marcelo Feliú, Adrián Santarelli, Emmanuel González Santalla y Ayelén Durán.

La ausencia de declaraciones juradas abre interrogantes inevitables sobre los mecanismos de control institucional dentro de la Legislatura bonaerense. Más aún en una provincia atravesada por escándalos recurrentes vinculados al manejo de fondos públicos, contrataciones estatales y estructuras políticas cuestionadas.

En algunos casos, además, los nombres involucrados arrastran antecedentes polémicos o denuncias públicas.

Uno de los casos más resonantes es el de Malena Galmarini, extitular de AySA y esposa de Sergio Massa. Durante su gestión fue denunciada judicialmente por supuestas irregularidades en contrataciones vinculadas al suministro de productos químicos para la empresa estatal. La Coalición Cívica presentó acusaciones por presunto fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

El cuadro general deja una postal incómoda para el oficialismo bonaerense. En tiempos donde la política discute transparencia, privilegios y rendición de cuentas, el Senado provincial parece funcionar como un salón con las persianas bajas. Un territorio donde las declaraciones juradas, lejos de convertirse en una obligación automática, aparecen más bien como piezas optativas.

Y mientras desde el kirchnerismo apuntan contra funcionarios nacionales reclamando exhibiciones patrimoniales inmediatas, en la capital provincial el espejo devuelve una imagen bastante menos luminosa. (www.REALPOLITIK.com.ar)