Francisco, el hermano de Santiago Caputo detrás de la caja libertaria
Por: Martín Carrizo
A 203 días de la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, las universidades públicas de todo el país volvieron a levantar la voz con una dura declaración en defensa de la educación pública, la ciencia y la democracia. El documento, difundido en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, apunta directamente contra el Gobierno nacional por el ajuste presupuestario, la pérdida salarial y el deterioro del sistema educativo superior.
“El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico”, advirtieron desde las comunidades universitarias, que denunciaron que el Ejecutivo “incumple la regla democrática y constitucional básica” al no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
En el texto, las universidades remarcan que el recorte presupuestario impacta de lleno sobre el funcionamiento institucional, la investigación científica, las becas estudiantiles y los salarios docentes y nodocentes.
Uno de los puntos más duros del documento expone la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según detallaron, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,30%, mientras que los salarios aumentaron apenas un 147,30%, provocando una pérdida salarial del 37,13%.
“La situación ubica hoy a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, alertaron, al tiempo que señalaron que el deterioro económico genera renuncias, pluriempleo y una fuerte crisis en las obras sociales universitarias.
La declaración también pone el foco sobre el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. Las universidades denunciaron que programas como las Becas Progresar y las Becas Manuel Belgrano permanecen congeladas frente a la inflación, perdiendo gran parte de su capacidad de asistencia económica.
Además, remarcaron que las becas de estímulo científico vinculadas a vocaciones de investigación se encuentran suspendidas, afectando directamente a miles de estudiantes y jóvenes investigadores.
“Las políticas actuales expulsan estudiantes del sistema universitario y profundizan las desigualdades sociales”, advirtieron.
El documento no solo cuestiona el ajuste económico, sino que también lanza una fuerte advertencia institucional. Las universidades sostienen que el Gobierno nacional “desoye fallos judiciales” y “decide qué leyes cumple y cuáles no”, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.
“Cuando el Gobierno decide qué sentencias acata, se rompe el contrato social que sostiene el Estado de derecho”, remarcaron desde el sector universitario.
En el tramo final, el comunicado reivindica el rol histórico de la universidad pública argentina como herramienta de movilidad social, producción científica y desarrollo nacional.
“La educación pública iguala y nos hace libres”, expresaron, al tiempo que pidieron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar un mayor deterioro del sistema universitario.
La convocatoria concluye con una consigna contundente que ya se transformó en bandera de las movilizaciones universitarias en todo el país: “La universidad pública se defiende”.