El oficialismo de Juntos Somos Río Negro, partido que gobierna la provincia de Río Negro, traza una polémica que apunta directamente al bloque conducido por Facundo López, donde según fuentes legislativas existirían cientos de contratos activos vinculados a asesores, empleados políticos y designaciones internas.
La situación comenzó a generar fuerte ruido dentro del propio ámbito parlamentario luego de que trascendieran salarios millonarios, nombres de familiares de funcionarios y dirigentes históricos ligados al poder político rionegrino. En medio del ajuste económico y los reclamos salariales de trabajadores estatales, la difusión de estos datos provocó indignación y reavivó las críticas contra la denominada “casta política”.
El periodista viedmense, Gonzalo Santos, fue uno de los pocos periodistas rionegrinos que informó sobre este tema y publicó en el medio 2920 que la hija de una funcionaria del gobierno de Alberto Weretilneck, Tania Lastra, quien ejerce como titular de la Función Pública, figura como empleada del bloque de JSRN en la Legislatura rionegrina.
Dentro de la estructura Legislatura de Río Negro, cada legislador dispone de un sistema de “puntos” para distribuir entre asesores y personal político. Según explicaron fuentes parlamentarias, cada banca cuenta con aproximadamente 100 puntos que luego se reparten entre distintos contratos, categorías y cargos dentro del esquema administrativo.
Sin embargo, el bloque de Juntos Somos Río Negro, al ser el oficialismo y el espacio con mayor volumen político dentro de la Cámara, concentra una estructura mucho más amplia. Distintos sectores opositores y empleados legislativos señalan que el armado que responde a Facundo López maneja cientos de contratos y designaciones que incluirían desde familiares de funcionarios provinciales hasta exdirigentes nacionales reciclados dentro del Estado rionegrino.

Uno de los nombres que comenzó a circular con fuerza es el de Vera Lastra, hija de Tania Lastra, actual secretaria de la Función Pública del gobierno provincial. Según fuentes internas, figura dentro del esquema de empleados vinculados al bloque oficialista.
Trabajadores legislativos aseguran que existen casos de personas que no cumplirían funciones regulares dentro del edificio parlamentario, situación que volvió a instalar denuncias por presuntos “ñoquis” dentro de la estructura política oficialista.
El malestar interno creció especialmente entre empleados de planta permanente y trabajadores estatales que vienen reclamando aumentos salariales, mientras observan contratos políticos con ingresos que superan ampliamente los salarios promedio de la administración pública provincial.

Entre los nombres que más repercusión generaron aparece el de Daniel Sartor, conocido históricamente en la política rionegrina como “El Fino” Sartor.
Sartor fue ministro de Desarrollo Social y también ocupó funciones vinculadas al área de Medio Ambiente durante el gobierno nacional de Fernando de la Rúa. Con décadas dentro de la política, hoy volvería a aparecer dentro de la estructura legislativa provincial con un salario que, según la documentación filtrada, superaría los 6 millones de pesos mensuales.
La cifra generó fuertes cuestionamientos en distintos sectores políticos y sindicales, sobre todo por tratarse de un dirigente histórico ligado al poder y sostenido dentro de la estructura estatal en medio de un contexto económico crítico.
También surgieron cuestionamientos sobre otros contratos vinculados a dirigentes cercanos al oficialismo provincial y al círculo político de Weretilneck, en una Legislatura que vuelve a quedar bajo sospecha por el manejo de recursos públicos y la distribución de cargos políticos por parte del oficialismo.

La lista de nombres también incluye a Alejandro Nahuelquin, dirigente de Bariloche muy cercano al gobernador Alberto Weretilneck y señalado dentro del oficialismo como uno de los principales operadores políticos del armado territorial en la ciudad andina.
Nahuelquin ya había protagonizado una fuerte controversia años atrás, cuando fue encontrado circulando en una camioneta oficial del gobierno provincial con cerca de 3 millones de pesos en efectivo, episodio que generó fuerte repercusión pública en Río Negro.
Ahora, registros legislativos indicarían que continuaba vinculado laboralmente al bloque de Juntos Somos Río Negro con un salario cercano a los 2 millones de pesos mensuales. Junto a él también aparece mencionada Verónica Picapietra, en un contexto donde crecen las críticas por el uso político de la estructura estatal.

La polémica ya comenzó a escalar fuera del ámbito legislativo y amenaza con transformarse en uno de los principales conflictos políticos para el oficialismo rionegrino. Mientras el gobierno provincial sostiene un discurso de orden fiscal y control del gasto público, la aparición de salarios millonarios y contratos políticos reabrió el debate sobre los privilegios dentro del Estado.
En redes sociales, dirigentes opositores, trabajadores y ciudadanos comenzaron a reclamar mayor transparencia sobre la cantidad de contratos existentes dentro de la Legislatura y los criterios utilizados para las designaciones.
El escándalo golpea de lleno al esquema político de Juntos Somos Río Negro y especialmente al sector que conduce Facundo López, señalado por fuentes legislativas como uno de los principales responsables del manejo interno de la estructura parlamentaria oficialista. (www.REALPOLITIK.com.ar)