La Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida “a la mayor brevedad posible” sobre la plena vigencia de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, en medio de la creciente tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por el presupuesto educativo.
La medida fue aprobada mediante una resolución del Consejo Superior de la UBA, donde además las autoridades universitarias agradecieron el masivo acompañamiento social durante la reciente 4° Marcha Federal Universitaria, realizada el pasado 12 de mayo.
En el documento oficial, la universidad exige que la Corte Suprema avance de manera urgente para “garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 y la protección efectiva del sistema universitario público argentino”.
Al mismo tiempo, la resolución también apunta directamente contra el Poder Ejecutivo Nacional, reclamando la “implementación inmediata y el efectivo cumplimiento de la Ley”, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de las universidades nacionales.
Según expresaron desde la UBA, la falta de aplicación de la normativa pone en riesgo áreas esenciales como:
Además, solicitaron que el juez de primera instancia que interviene en la causa judicial vinculada al financiamiento universitario se expida cuanto antes sobre la cuestión de fondo.
Dentro de los considerandos de la resolución, las autoridades universitarias remarcaron la “masiva participación registrada a lo largo y ancho del país” durante la movilización federal en defensa de la educación pública.
Para la institución, la convocatoria volvió a demostrar el “amplio consenso social existente en torno a la defensa de la universidad pública”.
“La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina”, señalaron desde la UBA, destacando el rol estratégico de las universidades nacionales en el desarrollo:
También subrayaron el valor histórico de la universidad pública argentina por su carácter “gratuito, inclusivo y de excelencia académica”.
El reclamo de la UBA se produce en un contexto de fuerte malestar dentro del sistema universitario nacional por la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes, además de las dificultades presupuestarias que atraviesan las casas de estudio.
La presentación ante la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en la disputa entre las universidades públicas y el Gobierno nacional, en medio de un escenario donde rectores, gremios y estudiantes advierten sobre el impacto del ajuste en la educación superior.
Con esta resolución, la UBA busca acelerar una definición judicial que podría resultar clave para el financiamiento y funcionamiento del sistema universitario argentino durante 2026. (www.REALPOLITIK.com.ar)