El fantasma de las licitaciones manipuladas en la provincia de Buenos Aires

En distintos organismos de la provincia de Buenos Aires comienzan a multiplicarse las licitaciones y expedientes de obra pública atravesados por demoras administrativas, revisiones técnicas, prórrogas y adjudicaciones que no terminan de definirse. El fenómeno ya genera inquietud dentro del sector de la construcción y suma cuestionamientos políticos sobre el funcionamiento de los procesos vinculados a infraestructura estratégica.

Durante los últimos meses aparecieron bajo observación obras de alto impacto como la segunda etapa de la rambla de Mar del Plata, el paso bajo nivel Perdriel en General San Martín —cuya apertura de ofertas económicas fue postergada hasta abril de 2026 por “cuestiones operativas”— y distintos proyectos de infraestructura escolar y sanitaria demorados por readecuaciones presupuestarias.

A eso se suman casos como la avenida 520 en La Plata, por la que la legisladora Julieta Quintero Chasman se presentó un pedido de informes reclamando precisiones sobre el avance de las obras ejecutadas por la empresa Briales SA, denunciando aparentes interrupciones y falta de avances visibles desde hace más de un año y medio.

La legisladora Julieta Quintero Chasman en los estudios de REALPOLITIK FM.

Dentro del ámbito técnico y empresario ya hablan de un escenario de “prórrogas masivas”, expedientes en “stand-by” y revisiones permanentes sobre licitaciones millonarias que permanecen sin resolución definitiva. En ese contexto, una obra vial estratégica para el distrito de Pilar comenzó a convertirse en otro caso que despierta interrogantes dentro de la dirección de Vialidad bonaerense.

Interrogantes en una obra clave para Pilar

Una megaobra vial de la gestión de Axel Kicillof, presupuestada oficialmente en más de 18.850 millones de pesos y financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra envuelta en interrogantes. Aunque la comisión de preadjudicación ya emitió un dictamen favorable recomendando adjudicar los trabajos a la UTE conformada por Lázaro Construcciones SA, Kavos SA y Usimix SRL, la decisión final permanece inexplicablemente frenada.

Dentro de la dirección de Vialidad bonaerense, las miradas comienzan a posarse sobre el piloto de automovilismo, Roberto “Roni” Caggiano, actual administrador del organismo. La apertura de sobres realizada el 31 de julio de 2025 dejó un dato contundente: la oferta presentada por la UTE recomendada ascendió a 14.697.048.992 pesos, es decir, más de un 31 por ciento por debajo del presupuesto oficial previsto para la obra denominada “Ampliación camino secundario 084-03 (avenida Doctor Arturo Frondizi), tramo: colectora RN 8 (Pr 0+000) - calle S/N (Pr 5+130)”, en el partido de Pilar.

Dictamen de mayoría.

La diferencia económica representa un ahorro estimado para las arcas provinciales de 4.152.960.205 pesos —equivalentes a unos 2,96 millones de dólares—. Según remarcan fuentes del sector, se trata de un monto comparable al destinado recientemente a programas de viviendas sociales, redes cloacales, agua potable y desagües pluviales en distritos del conurbano bonaerense como La Matanza, Morón y Quilmes.

De acuerdo con la documentación del expediente y el acta evaluadora, la oferta cumplió con los requisitos técnicos, financieros y administrativos establecidos en el pliego licitatorio. Incluso, el único punto observado habría sido un error tipográfico vinculado al detalle de maquinaria, posteriormente subsanado por la empresa.

La propia comisión evaluadora dejó asentado en su dictamen que “la firma califica para ejecutar la obra… y resultó la de menor monto, la que mejor satisface los intereses del Estado provincial”.

Dictamen de minoría.

Pese a ello, el expediente continúa sin avanzar. La situación generó múltiples preguntas dentro del ámbito de Vialidad bonaerense: ¿Por qué no se respeta la recomendación mayoritaria de la comisión evaluadora? ¿Qué intereses podrían estar frenando la adjudicación? ¿Quién se beneficia con la demora?

Fuentes vinculadas al proceso aseguran que técnicamente el expediente ya estaría en condiciones de seguir su curso administrativo. Sin embargo, en el trámite apareció una disidencia. El ingeniero Vicente “Titi” Ippólito —quien supo ser reconocido públicamente por la gestión de Caggiano dentro de Vialidad— emitió un dictamen de minoría objetando “la metodología de incorporación de la documentación” y sostuvo que no debía recomendarse la preadjudicación a la UTE.

La postura minoritaria no deja de llamar la atención dentro del organismo, especialmente porque la recomendación principal de la comisión no solo avaló técnicamente la propuesta sino que además destacó el ahorro multimillonario que implicaría para el Estado provincial.

La situación también comienza a tener impacto político en una obra considerada estratégica para el distrito de Pilar. Mientras el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, sostienen públicamente la necesidad de garantizar transparencia y continuidad en la obra pública, dentro de Vialidad parecería desarrollarse una disputa con otros intereses en juego.

Si la oferta fue validada técnicamente, si la comisión evaluadora recomendó adjudicarla y si además representa un ahorro multimillonario para la provincia, la incógnita persiste: ¿Quién no quiere que esta obra avance y por qué? (www.REALPOLITIK.com.ar)