Javier Milei entregó 1.800 km de rutas a UTE vinculada a causas de corrupción

El gobierno de Javier Milei acaba de concretar una de las mayores transferencias de infraestructura vial al sector privado de los últimos años. Bajo el argumento de reducir subsidios y mejorar la eficiencia, la administración libertaria adjudicó dos tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones, entregando más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales a empresas privadas por un plazo de 20 años.

La medida fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentó el nuevo esquema como un sistema “sin subsidios, con inversión 100 por ciento privada y mejores estándares de servicio”. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia y modernización reaparecen viejos nombres de la patria contratista argentina. Y también viejos fantasmas.

La licitación nacional 504-0013-LPU25 terminó adjudicando el estratégico “Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur” al consorcio conformado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, compañías habituadas a la obra pública y con antecedentes que, cuanto menos, generan ruido político y judicial.

El corredor adjudicado no es menor: incluye las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Es decir, uno de los circuitos más transitados, sensibles y económicamente relevantes de la Argentina. La oferta ganadora fue de 997 pesos sin IVA para el esquema tarifario de peajes, dentro de un contrato que se extenderá durante dos décadas.

Hasta ahí, la historia oficial.

Coarco: la sombra de Cuadernos y los asfaltos que se hundían

La situación más delicada dentro del consorcio aparece alrededor de Coarco SA. La empresa quedó históricamente vinculada al empresario Patricio Gerbi, uno de los imputados colaboradores de la causa Cuadernos, el megaproceso judicial que investiga presuntos retornos ilegales en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Gerbi incluso intentó evitar el juicio oral mediante una probation, ofreciendo más de 209 millones de pesos, tareas comunitarias y un programa de integridad corporativa para su empresa. El Tribunal Oral Federal Nro. 7 rechazó el planteo y sostuvo que el caso se enmarca dentro de hechos de presunta corrupción estructural, incompatibles con ese beneficio judicial.

La paradoja política es evidente. Mientras el gobierno libertario promete dinamitar el viejo esquema de contratistas del Estado, uno de los integrantes del nuevo gran consorcio vial aparece conectado precisamente con una de las causas más emblemáticas de corrupción en la obra pública argentina.

Pero Cuadernos no es el único ruido alrededor de Coarco. En 2017, la firma fue denunciada por el entonces intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, luego de que una obra cloacal financiada con fondos nacionales terminara literalmente desplomándose bajo las ruedas de un camión. La obra había sido ejecutada mediante una UTE entre Coarco y Alpa Vial SA.

Las denuncias posteriores hablaron de cráteres, roturas de cañerías, hundimientos del asfalto y presuntas irregularidades administrativas. Según publicaciones periodísticas de la época, incluso personal del área de Compras y Contrataciones del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
bonaerense habría advertido internamente sobre los antecedentes de la empresa antes de avanzar con nuevas adjudicaciones. Sin embargo, las contrataciones continuaron.

Y hoy, casi una década después, Coarco vuelve a quedarse con uno de los negocios viales más importantes del país.

Más de 11.000 millones de deuda

Como si el prontuario político y judicial no alcanzara, aparece otro dato delicado: la situación financiera. De acuerdo a registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, Coarco SA mantiene una deuda superior a los 11.466 millones de pesos con entidades bancarias.

El monto impacta no sólo por su volumen, sino porque el gobierno acaba de entregar a ese grupo empresario la administración de corredores fundamentales para la logística nacional.

La pregunta inevitable es si el Estado evaluó con profundidad la situación patrimonial y financiera de las firmas adjudicatarias antes de avanzar con contratos de semejante magnitud y duración.

Marcalba y el universo Radetic

La otra empresa que genera fuertes interrogantes es Marcalba SA. El nombre que orbita alrededor de la firma es el de Alejandro Radetic, un personaje que mezcla automovilismo extremo, redes sociales con mujeres desnudas, armas, autos de lujo, drifting, aportes políticos y obra pública.

Radetic alcanzó notoriedad nacional en 2017, cuando fue detenido acusado de correr picadas a más de 240 km/h por la avenida 9 de Julio. El episodio explotó mediáticamente porque los propios videos habían sido difundidos en redes sociales.

Su figura pública quedó asociada desde entonces a una estética de exceso permanente, entre vehículos Porsche, mansiones, armas, modelos, reggaetón y drift. Pero detrás del personaje mediático aparece un dato mucho más sensible: su presunta vinculación con Marcalba SA, una empresa históricamente ligada a la obra pública y mencionada en múltiples investigaciones periodísticas.

Diversos medios sostuvieron que Radetic figuraba como accionista o directivo de la firma, aunque el directorio formal publicado en el Boletín Oficial en 2022 muestra otros nombres: Rubén Fabián Oña, Fernando Marchione, María del Carmen Franco, y Florencia Lourdes Andrenacci.

Del Pro a la obra pública

Investigaciones periodísticas también señalaron que integrantes vinculados a Marcalba realizaron aportes a la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015. Posteriormente, la empresa obtuvo contratos millonarios en Ciudad de Buenos Aires, Vialidad Nacional, municipios bonaerenses y obras de infraestructura urbana.

La historia familiar tampoco ayuda a despejar sospechas. Baltazar Antonio “Baldo” Radetic, padre adoptivo de Alejandro y fundador de Marcalba, estuvo prófugo en los años 90 por una causa de presunta defraudación vinculada al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Además, la empresa apareció mencionada en investigaciones relacionadas con el caso Skanska y en denuncias por presunta sobrefacturación. Muchas de esas referencias no terminaron en condenas firmes. Pero juntas construyen un cuadro inquietante.

El eterno regreso de la patria contratista

El dato político quizás más incómodo para el gobierno libertario es que el nuevo esquema “sin subsidios” termina apoyándose en varios nombres históricamente ligados al universo de la obra pública tradicional. Las mismas constructoras, los mismos consorcios, los mismos apellidos. Esta vez, con otra administración y otro relato.

Mientras el presidente Javier Milei promete destruir a la “ casta empresauria”, el Estado acaba de entregar corredores estratégicos por 20 años a empresas que arrastran denuncias, sospechas de corrupción, vínculos políticos, antecedentes judiciales y situaciones financieras delicadas.

La pregunta ya no es solamente quién ganó la licitación. La verdadera pregunta es por qué, en la Argentina, los grandes negocios públicos parecen terminar siempre orbitando alrededor del mismo pequeño sistema solar empresario. (www.REALPOLITIK.com.ar)