Seguridad: Alejandra Monteoliva otorga escandalosa adjudicación a Medicus

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció oficialmente la adjudicación del nuevo esquema sanitario para las fuerzas federales y presentó el acuerdo con Medicus como parte de una reforma estructural destinada a resolver la crisis heredada del IOSFA. La funcionaria defendió el nuevo sistema como una cobertura “de alto nivel” para efectivos activos, retirados y sus familias.

Sin embargo, la licitación empezó rápidamente a quedar envuelta en polémica. Documentación del expediente técnico y fuentes vinculadas al proceso señalaron inconsistencias en la evaluación de ofertas que terminaron beneficiando a Medicus por sobre otros competidores. La oferta ganadora presentó una oferta de coseguro de 20 mil pesos, mientras la otra obra social que se presentó llamada Premedic presentó una de 10 mil. 

La controversia se concentra especialmente en los criterios utilizados por la comisión evaluadora y en diferencias de puntaje consideradas determinantes para el resultado final.

La discusión adquiere además una dimensión política sensible. La cobertura médica alcanza a cerca de 197 mil beneficiarios entre Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, en medio de una crisis sanitaria y financiera que golpeó durante meses a las fuerzas federales. Por volumen económico y alcance operativo, se trata de una de las contrataciones más relevantes de la cartera de Seguridad en la actual gestión.

La oferta de SANOS-Premedic y las dudas sobre la evaluación

Uno de los principales focos de cuestionamiento gira alrededor de la unión transitoria de empresas SANOS – Premedic. En una primera etapa, la oferta había sido observada por cuestiones vinculadas a la acreditación de afiliados exigida en el pliego licitatorio. Sin embargo, el expediente oficial deja asentado que la firma respondió dentro de los plazos establecidos y regularizó la documentación requerida por la comisión.

A pesar de esa corrección, la empresa terminó recibiendo cero puntos en el rubro relacionado con cantidad de afiliados certificados, uno de los ítems con mayor peso dentro de la matriz de evaluación técnica. Fuentes ligadas al proceso sostienen que esa decisión terminó inclinando de manera decisiva el resultado final de la compulsa.

La controversia se profundizó además por la variable económica. Según operadores del sector sanitario, la propuesta presentada por SANOS – Premedic rondaba los 125 mil pesos por afiliado y se ubicaba por debajo de otras ofertas admitidas en la licitación. Ese dato alimentó sospechas sobre la razonabilidad de los criterios utilizados para definir la adjudicación.

Medicus también recibió observaciones técnicas

El expediente técnico también muestra que Medicus no atravesó el proceso sin objeciones. Durante la evaluación, la comisión detectó inconsistencias en la red prestacional presentada inicialmente por la empresa, lo que obligó a solicitar documentación complementaria para subsanar observaciones realizadas por los evaluadores.

Entre los puntos observados apareció además la falta de precisión sobre los plazos máximos de derivación ante urgencias y emergencias. Esa situación derivó en una penalización concreta dentro de la evaluación técnica y la prepaga recibió puntaje cero en ese apartado específico del pliego.

Pese a esas observaciones, Medicus terminó encabezando el ranking final con 69,91 puntos y recibió la recomendación oficial para quedarse con la adjudicación definitiva del servicio médico. La diferencia entre las objeciones detectadas y el resultado final del proceso empezó a generar ruido dentro del propio sistema de salud y entre empresas competidoras.

Una contratación sensible que escala políticamente

La licitación forma parte de la reorganización sanitaria impulsada por el ministerio de Seguridad tras la crisis del IOSFA, organismo que acumuló una deuda multimillonaria y fuertes reclamos internos por deficiencias en prestaciones médicas para personal de las fuerzas federales.

El gobierno de Javier Milei buscó presentar la reforma como una solución de fondo a un sistema colapsado. Sin embargo, el proceso licitatorio abrió un nuevo frente político para la gestión de Alejandra Monteoliva, justo en un área particularmente sensible por el vínculo directo con efectivos de seguridad y sus familias.

En distintos sectores ya comenzaron a analizar posibles presentaciones administrativas y pedidos de revisión del expediente. La discusión se concentra sobre la discrecionalidad de los criterios de evaluación y sobre la transparencia de una contratación multimillonaria que, lejos de cerrar el conflicto sanitario, amenaza ahora con transformarse en un problema político para el oficialismo. (www.REALPOLITIK.com.ar)