El jefe de Vialidad, una empresa vial y la sombra del caso Alsogaray-Meller

El discurso libertario prometía terminar con “la casta”, las viejas prácticas políticas y los conflictos de intereses enquistados en el Estado. Sin embargo, una investigación de este medio sobre el actual Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, revela una trama societaria que remite justamente a aquello que Javier Milei decía venir a erradicar: funcionarios públicos con intereses privados en el mismo universo de negocios que administran desde el Estado.

Campoy, hoy uno de los hombres más importantes en el manejo de la infraestructura vial argentina, figura desde 2020 como gerente de Global Solution Company SRL, una sociedad creada originalmente para dedicarse a obras civiles, obras viales, hidráulicas, electromecánicas, construcciones y obra pública en general.

La firma fue constituida en octubre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina pocos días después. Allí se estableció un objeto social extremadamente amplio, típico de las sociedades preparadas para operar en múltiples segmentos de infraestructura y contrataciones. Entre sus actividades figuraban expresamente obras civiles, obras viales, construcciones, obras hidráulicas y ejecución de obra pública y privada.

En agosto de 2020 ocurrió un movimiento clave en Global Solution: Fernando Ariel García abandonó la firma, cedió sus cuotas y renunció a la gerencia. En simultáneo, Marcelo Jorge Campoy quedó formalmente como gerente de la sociedad.

El dato adquiere una dimensión particularmente delicada a la luz de su cargo actual: Campoy no es un funcionario menor. Es el administrador general del organismo nacional encargado justamente de adjudicar, supervisar y gestionar las rutas y obras viales de todo el país.

En otras palabras: el funcionario que hoy maneja uno de los mayores presupuestos de infraestructura vial del Estado argentino aparece, al mismo tiempo, vinculado societariamente a una empresa creada para operar en el mismo universo de negocios. Una situación que para especialistas en ética pública configura, como mínimo, un escenario de potencial conflicto de intereses.

Una empresa aún activa

Lejos de tratarse de una sociedad olvidada o extinguida, Global Solution Company SRL continúa activa.

Registros financieros muestran que la firma mantiene actividad bancaria en el ICBC y presenta una deuda superior a los 5 millones de pesos. El dato no implica irregularidad por sí mismo, pero sí confirma que la empresa continúa operativa en términos financieros y societarios.

En marzo de 2022, además, la sociedad modificó su objeto social y amplió actividades ligadas a logística, comercio exterior, distribución e importación/exportación. Ese mismo año se produjo un fuerte aumento del capital social.

En ese mismo período de tiempo, la firma quedó repartida exactamente en partes iguales entre Marcelo Jorge Campoy y Claudia Andrea Meller. Cada uno pasó a controlar 102.000 cuotas sociales equivalentes a 10.200.000 de pesos. Con esta maniobra, Campoy no figura como un socio residual o decorativo, sino que comparte el control total de la compañía con Meller

Claudia Andrea Meller y el apellido que remite a uno de los mayores escándalos de corrupción de los 90

Claudia Andrea Meller se presenta desde hace décadas como empresaria y aparece participando de estructuras societarias desde principios de los años 90. Su nombre figura reiteradamente vinculado a firmas comerciales, holdings y sociedades de inversión. Pero el apellido Meller tiene un peso específico propio en la historia de la corrupción argentina.

Claudia Andrea Meller comparte actualmente la sociedad RCL Mandatos SA. con Gustavo Mario Meller y Sergio Enrique Meller, los empresarios condenados en la histórica causa Meller-ENTel, uno de los expedientes judiciales más emblemáticos y escandalosos de las últimas décadas.

Aquella causa investigó el multimillonario conflicto entre el Estado Nacional y Meller Comunicaciones SA, empresa ligada a la explotación de las guías telefónicas de ENTel durante el proceso de privatización de las telecomunicaciones. El expediente atravesó décadas enteras de la política argentina y terminó convirtiéndose en uno de los casos paradigmáticos de corrupción estatal de los años noventa.

La trama derivó en condenas judiciales contra la exfuncionaria menemista María Julia Alsogaray y contra los empresarios Sergio y Gustavo Meller, acusados de haber participado de negociaciones incompatibles con la función pública y maniobras que perjudicaron económicamente al Estado.

En 2017, la Oficina Anticorrupción sostuvo que funcionarios públicos favorecieron indebidamente a Meller SA “en desmedro de la administración pública”, con intervención y conocimiento de los empresarios vinculados al grupo. La Corte Suprema terminó dejando firmes las condenas años después.

Del caso ENTel a las rutas nacionales

La secuencia resulta, cuanto menos, inquietante. Por un lado, Gustavo y Sergio Meller aparecen asociados societariamente con Claudia Andrea Meller quien, a su vez, comparte el control de Global Solution Company SRL con Marcelo Jorge Campoy. El mismo Campoy que conduce actualmente Vialidad Nacional, el organismo encargado de administrar miles de millones de pesos en infraestructura vial. Todo ello mientras permanece vinculado a una firma creada originalmente para actividades viales y de construcción.

El cuadro general revive prácticas históricas que el propio gobierno libertario prometía desterrar. Empresas privadas, vínculos societarios cruzados, funcionarios públicos y negocios ligados al mismo sector económico: una postal demasiado familiar para una Argentina que lleva décadas intentando escapar del eterno retorno de la “casta”. (www.REALPOLITIK.com.ar)