Ciudadanía italiana: el fallo que desafía a Giorgia Meloni y a los consulados

Un cambio legislativo de marzo de 2025 redujo la ciudadanía por descendencia a dos generaciones y prohibió de facto la doble ciudadanía para los italianos residentes en el extranjero. Desde entonces, los descendientes de italianos solo sumaron decepciones de sus representantes.

Nunca fue sencillo obtener un pasaporte europeo, pero en el caso de la descendencia italiana las reglas estaban claras hasta la llegada de Giorgia Meloni al poder y la sanción de la llamada ley Tajani, que significó un mazazo para la ilusión de muchos bisnietos y tataranietos de italianos llegados a la Argentina y a otros países de la diáspora italiana, que aspiraban a obtener la ciudadanía por el lazo de sangre reconocido históricamente por Italia.

Los más afectados fueron los descendientes que concurrieron a los consulados italianos en las principales ciudades latinoamericanas y también en Estados Unidos para solicitar explicaciones a sus representantes parlamentarios en Roma. Muchos de ellos no lograron reaccionar a tiempo, aunque sí recomendaron no dejarse engañar por estudios jurídicos que impulsan una judicialización apresurada de los pedidos de ciudadanía.

Es lo que sostiene Ricardo Merlo, del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE), quien pidió a través de redes sociales que los gestores “paren con los juicios”. “Veo una ansiedad en algunos gestores para apurar a la gente para hacer la ciudadanía. Yo les digo a los gestores que paren un poco y a la gente que haga un paréntesis y consulte con abogados de confianza”, expresó.

Luego de varias derrotas parlamentarias y de algunos proyectos cajoneados para revertir la controvertida ley Tajani, los legisladores de origen argentino que representan en Roma a los ciudadanos italianos residentes en América Meridional —el senador Mario Borghese y los diputados Franco Tirelli y Fabio Porta— comenzaron a transmitir una noticia alentadora proveniente del ámbito judicial.

Consulado de Italia.

Luego de que el gobierno de Giorgia Meloni recibiera luz verde de parte de la Corte Constitucional de Italia, que validó las restricciones a la ciudadanía italiana por descendencia introducidas en 2025 al considerar que la norma no vulnera la carta magna italiana, un nuevo fallo, esta vez del Tribunal Supremo de Casación, volvió a abrir expectativas para quienes buscan obtener el pasaporte comunitario.

Y esto es así porque, el pasado 12 de mayo, el Tribunal Supremo de Casación publicó la sentencia Nro. 13818/26, que establece un “escudo legal” para las pretensiones de los descendientes al definir a la ciudadanía italiana como “un derecho subjetivo absoluto de gran relevancia constitucional, existente desde el momento del nacimiento del titular, que tiene una naturaleza permanente e imprescriptible”.

Para la periodista argentina de Radio Nacional Argentina radicada en Roma, Mariana Capaccioli, “el fallo es contundente y termina con la idea de que el derecho a la ciudadanía es precario o susceptible de extinción por el paso del tiempo. Reafirma que el vínculo nace con el individuo y nunca perece”.

El doctor Gonzalo Mazza, abogado especializado en derecho internacional y magíster en administración y políticas públicas de la Universidad de San Andrés, explicó a REALPOLITIK: “Es un fallo notable que trae algo de la esperanza y tranquilidad perdida de muchos descendientes en Argentina que buscaban una explicación en los consulados. La ley Tajani significa desconocer la propia historia italiana y su aporte en el mundo a través de cada inmigrante. Por fin una buena noticia en la Justicia que trae razonabilidad a la cuestión”.

Ciudadanía italiana: la Justicia desafía al gobierno de Meloni y reabre esperanzas para miles de argentinos

De esta manera, el sueño de cientos de miles de argentinos de obtener la ciudadanía italiana atraviesa un momento definitorio. Mientras el gobierno de Giorgia Meloni impulsa restricciones cada vez más severas para limitar el acceso al pasaporte europeo, la Justicia italiana acaba de emitir el fallo comentado por Mazza, que contradice frontalmente esas políticas al declarar que las extensas demoras en los consulados son ilegales y que la ciudadanía por descendencia constituye un derecho que no prescribe.

La decisión judicial llega en un momento crítico para los descendientes de italianos en la Argentina, uno de los países con mayor comunidad de origen italiano del mundo, con más de 20 millones de personas que potencialmente podrían reclamar la ciudadanía por jus sanguinis, el derecho de sangre reconocido históricamente por Italia sin limitación generacional.

“Se estima que más de la mitad de los argentinos descienden de italianos. Es decir, más de 25 millones de personas con sangre italiana en un solo país. La ley y la Corte alegan que el vínculo efectivo entre Italia y sus descendientes se ha perdido: el camino no es dinamitar ese puente, sino trabajar para que la cultura e identidad italiana crezca, reconociendo el derecho de sangre y aprovechando esa oportunidad para fortalecer a Italia en el mundo”, señaló Gonzalo Mazza.

El colapso del sistema consular

La situación en los consulados italianos en la Argentina alcanzó niveles críticos. Actualmente, quienes solicitan un turno para iniciar el trámite de ciudadanía enfrentan esperas de entre ocho y diez años, con más de 300 mil solicitudes acumuladas en el sistema. Esta demora extrema transformó lo que debería ser un trámite administrativo en una verdadera odisea burocrática.

El fallo judicial italiano cuestiona precisamente esta realidad y sostiene que las largas demoras consulares vulneran derechos fundamentales. Los magistrados argumentan que un derecho reconocido por la constitución italiana no puede verse obstaculizado por deficiencias administrativas del Estado, estableciendo un precedente que podría obligar al gobierno a reorganizar completamente el sistema de tramitación.

Las restricciones de Meloni

El gobierno de Giorgia Meloni manifestó abiertamente su intención de reformar la ley de ciudadanía italiana. Según su postura, el sistema actual genera costos administrativos excesivos y permite el acceso al pasaporte europeo a personas sin vínculos reales con Italia, que utilizan la nacionalidad únicamente como puerta de entrada a la Unión Europea.

Entre las medidas implementadas aparecen requisitos documentales más estrictos, limitación de cupos en consulados, aumento de tasas administrativas y, la más controvertida, una propuesta de reforma que eliminaría el derecho a la ciudadanía por descendencia después de determinada cantidad de generaciones, probablemente la tercera o cuarta.

El argumento oficial sostiene que es necesario proteger la “italianidad genuina” y ejercer un mayor control migratorio. Sin embargo, estas restricciones generaron un fuerte rechazo entre las comunidades italianas en el exterior, que consideran que se les está negando un derecho legítimo basado en su herencia familiar.

Georgia Meloni y Javier Milei.

El choque entre Justicia y política

La contradicción entre el poder judicial y el ejecutivo italiano plantea un escenario de incertidumbre jurídica sin precedentes. Mientras los tribunales reafirman que la ciudadanía italiana es un derecho constitucional imprescriptible que no puede limitarse por cuestiones administrativas, el gobierno busca reformar la legislación para establecer restricciones permanentes.

Esta tensión institucional tiene consecuencias directas para los argentinos que intentan tramitar la ciudadanía y reciben escasas respuestas por parte de los consulados.

Por un lado, el fallo fortalece la posición de quienes optan por la vía judicial en Italia, un proceso que, aunque costoso —entre 3 mil y 8 mil euros—, resulta considerablemente más rápido que la vía consular, con resoluciones en aproximadamente dos años.

Por otro lado, quienes continúan esperando un turno consular enfrentan ahora la posibilidad de que, cuando finalmente sean atendidos, la legislación haya cambiado y sus derechos resulten más limitados o incluso inexistentes.

Una industria millonaria

La complejidad del proceso dio origen a una industria de servicios especializados. Gestorías, abogados y asesores dedicados exclusivamente a trámites de ciudadanía italiana facturan cifras millonarias cada año, ofreciendo desde la búsqueda de documentación en archivos italianos hasta la representación judicial ante tribunales europeos.

Este sector, aunque necesario dada la complejidad burocrática, también registró casos de fraude y estafas, con personas que pagaron fortunas por servicios que nunca se concretaron o por documentación falsificada. La falta de regulación específica permite la convivencia entre profesionales serios y oportunistas que se aprovechan de la desesperación de los descendientes.

De allí el pedido de Ricardo Merlo, Gonzalo Mazza y Mariana Capaccioli de no precipitarse ni avanzar apresuradamente con estudios jurídicos hasta que el panorama legal termine de aclararse. (www.REALPOLITIK.com.ar)