Andrés Larroque pagará 2 millones por día a un viejo amigo del poder y crecen las dudas

En una provincia atravesada por problemas financieros, caída del consumo, deterioro de infraestructura y una demanda social creciente, el gobierno de Axel Kicillof decidió avanzar con una contratación que promete generar fuertes cuestionamientos dentro y fuera de la administración bonaerense.

El ministerio de Desarrollo de la Comunidad pagará 364.799.952 pesos por el alquiler, durante apenas seis meses, de un galpón destinado al almacenamiento de mercadería y alimentos. Traducido al lenguaje cotidiano: el Estado provincial desembolsará cerca de 2 millones de pesos por día.

La adjudicación quedó en manos de Servi Galo SRL, una empresa ampliamente conocida dentro del propio ministerio por haber participado durante años en contrataciones vinculadas a materiales, chapas, provisiones y distintos suministros. Según fuentes internas consultadas por este medio, el nombre de la firma aparece repetidamente asociado a operaciones “con valores muy por encima de mercado”. Y precisamente ahí aparece el primer gran interrogante.

Un alquiler que triplicaría valores de mercado

Basta recorrer portales inmobiliarios especializados para encontrar grandes galpones logísticos en alquiler, incluso con dimensiones importantes y buena conectividad, ofrecidos por cifras cercanas a los 15 mil dólares mensuales o menos. Al tipo de cambio actual, eso equivale aproximadamente a entre 20 y 22 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el contrato firmado por el ministerio supera ampliamente esos valores. La cuenta es simple: el gobierno de Axel Kicillof terminará pagando alrededor de 60 millones mensuales por el depósito. Es decir, prácticamente el triple de lo que hoy cotizan muchos galpones similares en el mercado privado.

Un pliego con ubicación “quirúrgica”

El propio pliego técnico agrega otro elemento explosivo. El ministerio que conduce Andrés Larroque exigió que el depósito estuviera cerca del cruce de rutas 2 y 36, próximo a ruta 6, dentro de un radio no mayor a 10 kilómetros de Etcheverry y a menos de 5 kilómetros de la ruta 36. Además, el organismo justificó la decisión señalando que necesitaba cercanía con su centro logístico de Tolosa.

Para especialistas en contrataciones públicas consultados por este medio, ese nivel de precisión geográfica puede transformarse fácilmente en un mecanismo de direccionamiento indirecto. En otras palabras, mientras más específico es el radio exigido, menos empresas pueden competir. Y menos competencia suele equivaler a precios más altos y más favores para Servi Galo SRL.

Quiénes están detrás de Servi Galo

La firma adjudicataria tiene como principales responsables a Gastón Córdoba y su hermano, Lucas Matías Córdoba. El primero no es ningún desconocido, sino que se trata del exfutbolista surgido de Estudiantes de La Plata, con paso por Racing Club y el fútbol internacional.

Sin embargo, el costado más sensible aparece por otro vínculo. Gastón Córdoba es esposo de Lorena Zapata, hija de Roberto Zapata, un personaje históricamente ligado a estructuras de poder político y judicial en La Plata.

En el historial de Zapata aparece el exjuez César Melazo, posteriormente procesado como presunto líder de la llamada “Megabanda”. Artículos periodísticos recuerdan incluso un episodio ocurrido en 2010, cuando Zapata sufrió un robo en su vivienda mientras celebraba un cumpleaños rodeado de figuras policiales y judiciales de fuerte peso en La Plata.

Cheques rechazados y problemas financieros

A esto se suma otro dato incómodo. La esposa de Gastón Córdoba, Lorena Zapata, registra antecedentes comerciales vinculados a cheques rechazados, incluyendo uno superior a los 6 millones de pesos. Por otra parte, Servi Galo SRL mantiene actualmente una deuda de más de 200 millones de pesos con distintas entidades financieras, según registros comerciales consultados por este medio. Aún así, la empresa continúa recibiendo contratos estatales millonarios.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un mecanismo históricamente cuestionado en la gestión de Kicillof: empresas cercanas al poder político que orbitan durante años alrededor de los mismos organismos públicos, acumulando contratos, ampliando objetos sociales y participando en múltiples licitaciones, con el único objetivo de hacer negocios con el dinero de todos los bonaerenses.

Porque detrás del expediente aparece una pregunta mucho más profunda que el simple alquiler de un galpón: ¿La provincia está pagando una necesidad logística… o financiando un sistema de proveedores amigos construido durante décadas alrededor del Estado bonaerense? (www.REALPOLITIK.com.ar)