“Antonella Arámbulo es protegida por el equipo del narcocondenado Erico Galeano y Gerardo Bovadilla”

Se agrava el frente judicial de la imputada por hurto agravado contra Nicolás Morás: la Justicia desestimó su controvertida acusación de “violencia doméstica” contra la abogada del periodista, Noelia Quintana Schaffer, quien respondió impulsando una querella por falsa denuncia. En paralelo, su polémico defensor, Fermín Bogado, fue apartado de la universidad donde impartía clases, mientras fuentes judiciales y políticas apuntan al presidente del Consejo de la Magistratura, Gerardo Bovadilla, como el principal responsable de las maniobras que mantienen a la imputada en libertad. La controversia escaló aún más tras la incorporación de Ricardo Estigarribia Chávez como nuevo abogado de la acusada, conocido también por haber defendido al exsenador Erico Galeano, hoy recluido en prisión tras ser condenado por asociación criminal con el narcotraficante de Sebastián Marset.

La causa penal 2269/2025, en la que Camila Antonella Arámbulo Garibaldi aparece imputada por hurto agravado y el periodista argentino Nicolás C. Morás como víctima, jamás fue un expediente ordinario. Lo que inicialmente se presentó como un conflicto penal privado signado por irregularidades terminó derivando, con el correr de los meses, en una trama mafiosa de repercusión internacional: denuncias cruzadas, complicidad institucional en una fuga, decisiones judiciales calificadas como “perversas” por el experto de Naciones Unidas, Omar Bula, el despliegue de un aparente lobby político-judicial en favor de la imputada y la reciente incorporación del abogado Ricardo Estigarribia Chávez, quien ha declarado públicamente pertenecer a la Gran Logia Masónica del Paraguay.

El letrado Ricardo Estigarribia Chávez terminó convertido en uno de los rostros más cuestionados del colapso judicial del exsenador colorado Erico Galeano. Durante todo el proceso derivado del operativo “A Ultranza Py”, Estigarribia sostuvo una defensa agresiva y mediática que, lejos de salvar a su cliente, terminó estrellándose contra una avalancha de pruebas sobre vínculos con la estructura narco de Sebastián Marset y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán.

El defensor intentó instalar la idea de una persecución política y llegó a sostener que Galeano desconocía quién utilizaba su avión privado o quién adquiría sus propiedades millonarias. Sus declaraciones fueron ampliamente ridiculizadas en ámbitos judiciales y mediáticos por considerarse inverosímiles, desesperadas y funcionales a una estrategia de distracción pública.

El desenlace fue devastador: en marzo de 2026, Erico Galeano fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal. Ni la exposición mediática ni la estrategia confrontativa de Estigarribia evitaron que el exsenador terminara tras las rejas.

La experta en crimen organizado del gobierno estadounidense Guadalupe Correa, miembro del Centro Presidencial Wilson y consultora del Banco Mundial, vinculó además a Estigarribia y Arámbulo con una trama de corrupción anterior, donde ambos coincidieron trabajando para otro exsenador paraguayo caído en desgracia: Óscar González Daher.

“Antonella Arámbulo y Magaly Rotela formaban parte de una red dedicada a visitas íntimas de políticos recluidos en la llamada agrupación Especializada. Ahora es protegida por el equipo del exsenador Galeano, y fuentes institucionales dan cuenta de negociaciones irregulares con Gerardo Bovadilla, presidente del Consejo de la Magistratura, para blindar a la imputada a pesar del tenor de las evidencias en su contra”.

La cadena de irregularidades perpetradas por la jueza penal de garantías Ana María Esquivel, su ujier Evelyn Brítez -quienes colaboraron con Arámbulo en su fuga a Roma pese a la orden de captura vigente en su contra- y las fiscales Verónica Mayor y Amelia Bernal Jara convergen en un mismo espacio político: una suerte de mafia institucional dedicada al encubrimiento de actores tóxicos del partido gobernante.

Estigarribia Chávez intentó emular su fallida estrategia mediática en este uevo caso, visitando el programa Al Estilo Pelusa junto a su asistida, pero el resultado fue mucho peor al esperado. 

Tiro por la culata: la réplica de Morás la expuso masivamente y desmontó su operación televisiva

La escena más reciente que reactivó el caso fue el descargo del comunicador en el popular programa televisivo paraguayo Pelusa en la Tarde, que superó las 100 mil reproducciones en el canal de YouTube de La Tele y una cifra similar en Los Liberales, su propio espacio.

En menos de 30 minutos, el periodista argentino exhibió una batería de documentos y material audiovisual que, según su exposición, desmontaron de manera integral el relato de la imputada, quien días antes había visitado el mismo estudio acompañada por su nuevo abogado, Ricardo Estigarribia Chávez.

En aquella aparición, ambos lanzaron una serie de acusaciones contra el denunciante: lo señalaron por supuesta violencia psicológica —que Arámbulo no logró especificar—, por presuntamente ocultar su identidad, por tráfico de divisas y hasta por tenencia irregular de armas.

Sin embargo, la maniobra mediática, urdida tras docenas de publicaciones nacionales e internacionales cubriendo las irregularidades del caso, terminó volviéndose en su contra. La réplica de Morás no solo revirtió el eje de la discusión, sino que amplificó exponencialmente su alcance frente al intento original de descrédito.

El periodista buscó refutar punto por punto las acusaciones. Mostró su credencial de la Asociación Española de Periodistas Independientes, registros legales de sus armas, el certificado de Interpol que acredita la ausencia de antecedentes penales, así como la transcripción notarial de las confesiones atribuidas a la imputada. A ello sumó un video en el que se observa a la propia imputada participando, de manera alegre y distendida, en una práctica de tiro en un polígono habilitado, lo que ontradice cualquier versión de temor o intimidación vinculada al uso de armas de fuego, extremo que ni siquiera la propia Arámbulo llegó a sostener de forma consistente.

Morás también explicó el origen de los fondos involucrados en la causa, señalando que provienen del cobro de un cheque emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en concepto de crédito fiscal, extremo que consta debidamente documentado en el expediente.

El contraste entre la denuncia televisiva de Arámbulo frente la respuesta documentada del periodista terminó por revelar inconsistencias, contradicciones y vacíos en el relato de la imputada. 

En paralelo, también quedó bajo fuerte cuestionamiento la actuación de su abogado, Ricardo Estigarribia, conocido por patrocinar al exsenador colorado Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal. 

El penalista Edgar Gómez Mendieta calificó la intervención televisiva de su colega como “apresurada y desprolija, al punto de haber formulado imputaciones graves sin respaldo aparente, lo que podría eventualmente derivar en consecuencias legales si se acreditara la falsedad de tales afirmaciones”.

Morás sostuvo, además, que la denuncia de violencia doméstica en su contra responde a una estrategia para correr el foco del expediente central, donde consta que Arámbulo habría confesado.

Ese punto no es menor. Última Hora publicó el 11 de marzo que, de acuerdo con las actas notariales de desgrabación incorporadas al expediente público, existen audios en los que Arámbulo “habría admitido el hurto, sabiendo que estaba siendo grabada”, y que también “habría reconocido haber utilizado guantes de enfermería pertenecientes a su amiga Antonia Giménez para evitar dejar huellas dactilares”, además de solicitar un acuerdo para devolver el dinero. El mismo artículo señala que esos registros se encuentran actualmente en proceso de peritaje en el laboratorio forense.

La caída de Fermín Bogado, el  abogado militante 

La otra novedad fuerte es el derrumbe del primer defensor de Arámbulo. El consejo directivo de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción resolvió dejar sin efecto tres encargadurías de cátedra de Fermín Bogado y separarlo temporalmente de otras tres, en el marco de un sumario administrativo en curso. Última Hora subrayó que la medida adquiere “especial relevancia” por la exposición pública del docente como defensor público de Arámbulo y recordó que Bogado está imputado por falso testimonio.

En los hechos, Bogado quedó severamente dañado en el plano público y académico, y distintas versiones sostienen que tras esa debacle eligió desvincularse, al menos formalmente, del caso Arámbulo. 

El abogado del senador narco y protección desde arriba

En reemplazo de Fermín Bogado emergió Ricardo Estigarribia Chávez, cuya irrupción en la causa abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos. Según tres fuentes consultadas por este medio, el letrado —vinculado a sectores de la bancada Honor Colorado y defensor del exsenador Erico Galeano, condenado por asociación criminal— habría mantenido reuniones personales con Gerardo Bovadilla, titular del Consejo de la Magistratura.

De acuerdo con esas versiones, en dichos encuentros Estigarribia habría solicitado, incluso en presencia de terceros, la intervención de Bovadilla para influir en la actuación de la fiscal interina Verónica Mayor y de la jueza penal Ana María Esquivel, actualmente recusada, con el objetivo de avanzar hacia un sobreseimiento provisional de la imputada, pese a la existencia de elementos probatorios en el expediente. Bovadilla, en una clásica exhibición de poder, llamó a las funcionarias delante de los demás. 

El exsenador Erico Galeano fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal.

El nombre de Bovadilla no es ajeno a controversias públicas: sus propios colegas lo han señalado por presuntas prácticas de influencia indebida en ámbitos judiciales y por la cercanía de su entorno con operadores cuestionados, entre ellos Edison Sánchez, imputado por soborno agravado. 

De acuerdo con la versión cotejada, cerraron el encuentro con sutiles alusiones a “un aporte exprés de 50 millones de guaraníes”, en el contexto de una feroz primaria colorada de cara alas elecciones municipales en Asunción.

Esa hipótesis de protección institucional al más alto nivel completa un complejo rompecabezas. Última Hora publicó que, “según distintos testimonios y denuncias públicas”, Bogado habría mantenido contactos con la jueza penal de garantías de Lambaré, Ana María Esquivel, cuando retenía el expediente de la causa, pese a haber sido recusada, tras la denuncia por incumplimiento de deberes contra su ujier Evelyn de Britez, compañera universitaria de Arámbulo en la UNA, quién a través de un informe falso habría facilitado su célebre fuga a Roma en clase Business. 

La mordaza contra Noelia Quintana se cayó y Arámbulo fue denunciada

A la vez, al tándem de Estigarribia y Arámbulo se les derrumba otro frente. 

El juez de Paz Rogeth Chaparro resolvió levantar la orden de restricción solicitada por Arámbulo contra la abogada del periodista, Noelia Quintana Shaffer, desestimando la denuncia tras un uso considerado incorrecto de la ley 1600 de violencia doméstica. Shaffer tomó acciones contra Arámbulo por su falsa denuncia, inaugurando un nuevo frente: el expediente 1870/2026. 

Ese dato es central porque fortalece la hipótesis de un uso abusivo del aparato judicial como herramienta de obstrucción. Si esa línea se consolida, Arámbulo, que es abogada, podría enfrentar consecuencias penales adicionales por las denuncias posteriores que impulsó contra Morás y su abogada, especialmente si se confirma —como sostienen la querella y expertos consultados— que no existieron violencia física ni amenazas, sino más bien un intento del periodista de resolver el conflicto por vías pacíficas una vez producida la confesión.

Jueza Esquivel busca apurar sobreseímiento ilegítimo

En este contexto de fuerte polémica internacional, la jueza Ana María Esquivel y la fiscal Verónica Mayor, bajo la supuesta coordinación de Gerardo Bovadilla, estarían urdiendo una maniobra para forzar el sobreseimiento de Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, pese a su fuga, las grabaciones de su confesión y los múltiples testigos presentados por la querella.

Mayor solicitó el sobreseimiento provisional, contraviniendo los fundamentos de la imputación formulada por su predecesor, el agente fiscal Eugenio Ocampos. Además, pese a existir una providencia que intimaba al ministerio Público a presentar el informe técnico en el cual debía fundamentar dicho pedido, la fiscalía no cumplió con lo requerido, configurando lo que fuentes del caso describen como un aparente ardid procesal destinado a impedir que el documento sea tenido por presentado de cara a la audiencia preliminar convocada para el próximo 27 de mayo, allanando así el camino hacia un eventual sobreseimiento definitivo de la imputada.

La complejidad del caso y los pronunciamientos de figuras internacionales de alto perfil habrían generado fuerte nerviosismo en el gobierno de Santiago Peña, obsesionado con mejorar la imagen institucional de Paraguay ante la comunidad internacional.

Guadalupe Correa, autora del Best Seller “Los Zetas Inc.” y miembro del Wilson Center de Washington DC.

Posible llegada de una comisión internacional

En esa lectura coinciden voces externas que hoy le dan al caso una dimensión internacional. Entre los observadores más activos destacan Correa, especialista en narcotráfico, seguridad y frontera con amplia trayectoria en programas vinculados al gobierno estadounidense y consultora del Banco Mundial; a Omar Bula, exdirector de Naciones Unidas; y a Rubén Luengas, periodista ganador de dos premios Emmy.

Correa declaró que “Nicolás Morás fue amordazado y revictimizado ante una maquinaria impune”, y añadió que “personajes como Gerardo Bovadilla, Erico Galeano, Ricardo Estigarribia y Ana María Esquivel colocan al poder judicial paraguayo bajo la mirada de preocupación de la administración Trump”.

En paralelo, se evalúa la eventual visita de una comisión investigadora internacional para respaldar al periodista y seguir de cerca el caso. 

El caso Arámbulo dejó de ser un asunto doméstico para transformarse en una señal de alarma sobre la calidad institucional del Paraguay. (www.REALPOLITIK.com,ar)