Sobreprecio: Axel Kicillof benefició a empresario ligado al "Chiqui" Tapia

La escena parece salida de una provincia paralela. Mientras Axel Kicillof reclama públicamente recursos, advierte sobre el ahogo financiero de Buenos Aires y denuncia el ajuste del gobierno nacional, distintos organismos de su administración continúan avanzando con compras millonarias.

Ahora, el foco vuelve a posarse sobre la contaduría General de la provincia de Buenos Aires, organismo encabezado por Carlos Baleztena, que llevó adelante la licitación pública número 58-5115-PAB26 para la adquisición de un vehículo utilitario. Más específicamente, la compra de una Renault Kangoo Express por 42.500.000 pesos.

El problema es que el mismo vehículo, cero kilómetro y en concesionarias oficiales, puede encontrarse actualmente en el mercado por alrededor de 29.780.000 pesos. La diferencia no es menor: el precio pagado por la provincia supera en aproximadamente un 40 por ciento el valor comercial de referencia. Otra vez, el fantasma de los sobreprecios sobrevuela las compras oficiales bonaerenses.

Un déjà vu sobre ruedas

La situación no aparece aislada. Apenas semanas atrás ya habían surgido cuestionamientos por otra contratación impulsada desde la propia contaduría General. En aquella oportunidad, mediante la licitación 58-0010-CME26, el organismo avanzó con la compra de tres vehículos oficiales por cerca de 144 millones de pesos: dos Volkswagen Virtus Highline automáticos y un utilitario.

En ese expediente, la concesionaria Espasa SA había cotizado cada Volkswagen Virtus en más de 53 millones de pesos, cuando el mismo modelo se ofrecía en el mercado por unos 38 millones. El sobreprecio estimado rondaba también el 40 por ciento. La repetición del patrón empieza a resultar difícil de explicar como una mera casualidad administrativa.

Y aparece inevitable la pregunta: ¿por qué la provincia paga cifras muy superiores a las del mercado cuando cualquier ciudadano puede conseguir esos mismos vehículos a valores considerablemente menores?

Burdeos Automóviles SA: la empresa beneficiada

La adjudicataria de la nueva compra fue Burdeos Automóviles SA, concesionaria vinculada al denominado Grupo Jack. Según publicaciones societarias y registros oficiales, sus principales autoridades son Horacio Oscar Jack, Javier Carlos Jack y Karina María Capasso. Sin embargo, el nombre que más ruido genera es el de Horacio Oscar Jack.

Jack apareció mencionado públicamente en distintas publicaciones periodísticas vinculadas a los polémicos viajes en avión privado realizados por Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su nombre integró listados de pasajeros que acompañaron al dirigente futbolístico en vuelos que fueron objeto de denuncias mediáticas.

Aquella controversia explotó en medio de la guerra interna entre el sector de Tapia, Marcelo Tinelli y Daniel Angelici, uno de los operadores políticos y judiciales históricamente más importantes del macrismo.

Distintas publicaciones periodísticas también señalaron vínculos de Jack con Angelici y con el entorno político-empresarial cercano a Mauricio Macri.

Axel Kicillof y "Chiqui" Tapia: Amistades peligrosas

El vínculo entre ambos quedó expuesto, una vez más, cuando el gobernador bonaerense impulsó el desembarco del titular de la AFA en la presidencia de la CEAMSE, el gigantesco organismo encargado del manejo de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La designación ocurrió luego de que Tapia fuera desplazado de ese mismo organismo por la administración de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resulta llamativo que, en medio de un entramado donde política, fútbol, negocios y poder se cruzan constantemente, una empresa ligada a un empresario mencionado en ese universo termina siendo proveedora del gobierno bonaerense en una compra cuestionada por presuntos sobreprecios.

Una empresa endeudada por más de 12.000 millones

De acuerdo a registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, Burdeos Automóviles SA mantiene una deuda bancaria superior a los 12.819 millones de pesos.

La cifra resulta impactante incluso para estándares empresariales de gran escala y vuelve inevitable otra pregunta incómoda: ¿qué análisis económico, financiero y patrimonial realiza la provincia antes de contratar proveedores?

Porque mientras miles de pequeñas y medianas empresas bonaerenses enfrentan dificultades para acceder a créditos, refinanciar deudas o sobrevivir a la presión fiscal, el Estado provincial continúa adjudicando contrataciones millonarias a compañías con pasivos multimillonarios.

El negocio silencioso de los autos oficiales

Dentro del Estado bonaerense, el sistema de compra, reparación y administración del parque automotor constituye desde hace años uno de los sectores más sensibles y menos transparentes. Cada expediente mueve millones.

Vehículos oficiales, reparaciones, repuestos, seguros, mantenimiento, alquileres y combustible conforman un circuito económico gigantesco donde históricamente aparecieron sospechas de sobreprecios, favoritismos y contrataciones direccionadas.

En 2025 ya había trascendido la adquisición de once vehículos cero kilómetro valuados en más de 600 mil dólares, que terminaron almacenados en galpones estatales. Ahora, la nueva compra de la Contaduría General vuelve a poner el reflector sobre el mismo mecanismo.

Porque en una provincia donde el gobierno asegura no tener recursos suficientes para infraestructura, seguridad, salud, salarios docentes y prestaciones básicas, la aparición constante de vehículos oficiales comprados a valores llamativamente elevados empieza a generar una pregunta política mucho más profunda: ¿la crisis existe para todos… o solamente para los bonaerenses que pagan impuestos? (www.REALPOLITIK.com.ar)