Suprema Corte: Mil millones y cuatro proveedoras vinculadas a denuncias y deudas

El negocio de la limpieza estatal volvió a cruzarse con el poder judicial bonaerense. Esta vez no se trata de una contratación menor ni de una dependencia administrativa secundaria. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires avanzó con la licitación pública 1-0457-LPU26 para contratar el servicio de limpieza de edificios pertenecientes al departamento de La Matanza, uno de los distritos judiciales más grandes y sensibles del territorio bonaerense.

Y el monto impresiona: 1.032.850.560 pesos. Más de mil millones destinados a limpieza, mantenimiento e higiene dentro de la estructura judicial provincial. Un negocio gigantesco que volvió a atraer a varias de las firmas que desde hace años orbitan alrededor de contratos públicos y que acumulan denuncias, conflictos gremiales, cuestionamientos administrativos y situaciones financieras delicadas.

La apertura de sobres se realizó el 20 de mayo y allí aparecieron nueve oferentes, entre ellos Cooperativa de Trabajo Tratado del Pilar 2 Limitada, Grub SA, GoForward Soluciones SA, Proveedora Los Estudiantes SRL y Upper Clean SRL. Y, detrás de los números empiezan a aparecer las mismas preguntas incómodas que desde hace tiempo sobrevuelan el negocio de la limpieza estatal bonaerense.

La cooperativa de Pilar: fondos bonaerenses, vínculos locales y domicilio sindical

Entre los oferentes también aparece la Cooperativa de Trabajo Tratado del Pilar 2 Limitada, una entidad que ya venía siendo beneficiada por distintas áreas del Estado bonaerense y que mantiene una llamativa cercanía con la gestión provincial y municipal de Pilar.

En noviembre de 2025, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés Larroque, informó que la dirección provincial de Economía Social le otorgó a la cooperativa un apoyo económico superior a los 5 millones de pesos para la adquisición de tecnología, producción de materiales digitales, mejora de identidad de marca y mecanismos de comercialización. La actividad fue presentada en el marco de una visita oficial encabezada por funcionarias del área, donde se destacó el impulso a la economía social “por orden del gobernador Axel Kicillof”.

La planilla de inscripción de la cooperativa en la web del Consejo de la Magistratura.

La cooperativa también aparece reiteradamente beneficada por obras impulsadas por la provincia y la municipalidad de Pilar, distrito que gobierna el intendente Federico Achával. Por caso, en abril de 2024, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) informó que, a través de Tratado del Pilar 2 Ltda., se realizaron reformas y ampliaciones en un centro comunitario del barrio Luchetti.

Pero hay otro dato que suma ruido: en su preinscripción como proveedora ante el Consejo de la Magistratura, con fecha 1 de mayo de 2026, la cooperativa declara domicilio en Nazarre 1327, Pilar, la misma dirección donde figura la sede de ATE Pilar. En ese registro, además, aparece como integrante Elizabeth Raquel Insaurralde, cuya actividad pública y redes sociales exhiben referencias a espacios militantes vinculados al oficialismo provincial y local. El cuadro vuelve a abrir una pregunta incómoda: ¿la irrupción de esta organización en licitaciones públicas es realmente independiente?

La titular de la cooperativa en un acto oficialista.

La titular de la cooperativa promoviendo a candidatos K.

GoForward y Los Estudiantes: dos razones sociales, una misma sombra

Dentro del propio sector circula desde hace tiempo una versión persistente: que GoForward Soluciones SA y la ex Proveedora Los Estudiantes SRL responderían a estructuras empresariales vinculadas entre sí o incluso a los mismos actores detrás del negocio.

El rumor se repite con insistencia dentro del ecosistema de empresas proveedoras del Estado. Y lo cierto es que ambas compañías aparecen compartiendo varios elementos llamativos: participación reiterada en licitaciones públicas, antecedentes conflictivos, domicilios que generan interrogantes y situaciones financieras complejas.

GoForward Soluciones SA, por ejemplo, registra deudas superiores a los 181 millones de pesos con el Banco Macro. La empresa además ya había sido señalada por los llamativos domicilios declarados para operar contratos multimillonarios con el Estado bonaerense.

La firma declara sede en calle 3 número 71 de La Plata. Pero lejos de observarse allí una estructura logística acorde a una empresa que participa de contrataciones estatales millonarias, lo que aparece son viviendas residenciales comunes, construcciones familiares y una fisonomía barrial difícil de asociar con una compañía de semejante volumen económico.

El fenómeno no es menor. Porque cuando el Estado entrega contratos multimillonarios, debería analizar no sólo el precio ofertado, sino también la capacidad operativa real, la consistencia patrimonial y la trazabilidad empresarial de quienes pretenden administrar servicios esenciales dentro de edificios públicos.

La larga sombra de Proveedora Los Estudiantes

La situación de Proveedora Los Estudiantes SRL tampoco resulta tranquila. La empresa ya había quedado envuelta en numerosos conflictos laborales, denuncias sindicales y fallos judiciales vinculados a despidos durante la pandemia. Trabajadores denunciaron empleo parcialmente no registrado, pagos informales, persecución gremial y condiciones laborales precarias.

Incluso aparecieron acusaciones particularmente graves: empleados aseguraban que, cuando se aproximaban inspecciones oficiales, integrantes de la propia estructura empresarial se colocaban uniformes para aparentar una dotación de personal superior a la real.

Las denuncias nunca fueron aisladas. Tribunales laborales de La Plata ordenaron reincorporaciones de trabajadoras despedidas durante el período de prohibición de despidos decretado por la emergencia sanitaria, entendiendo que la empresa continuaba prestando servicios normalmente mientras reemplazaba personal desvinculado.

A eso ahora se suma otro dato inquietante: la delicada situación financiera de la firma.

Proveedora Los Estudiantes mantiene compromisos financieros con Banco Macro y Banco Provincia, dentro de un contexto donde numerosas compañías del rubro aparecen acumulando pasivos crecientes, cheques rechazados y endeudamiento bancario mientras continúan participando normalmente de licitaciones estatales.

Grub SA: contratos gigantes y denuncias por cartelización

Otro nombre que volvió a aparecer en la licitación judicial es Grub SA, que presentó la oferta más elevada de todas: 1.336 millones de pesos. La firma ya había quedado bajo la lupa junto a La Mantovana Servicios Generales SA en una denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por presuntas conductas anticompetitivas.

El expediente se originó tras una presentación de EZCA Servicios Generales SA en el marco de la ley 27.442, vinculada a posibles maniobras de cartelización dentro del mercado de limpieza estatal. No se trata simplemente de comentarios de pasillo. Existen actuaciones administrativas concretas donde organismos nacionales pusieron la mirada sobre el funcionamiento de este ecosistema empresario.

La historia viene además de varios años atrás. Tanto Grub SA como La Mantovana aparecieron mencionadas en investigaciones relacionadas con contrataciones estatales durante distintos gobiernos nacionales. Cambian las administraciones, cambian los discursos políticos, cambian los slogans de campaña, pero ciertas empresas continúan orbitando alrededor del presupuesto público con una persistencia llamativa.

Empresas enormes… con huellas físicas mínimas

Uno de los aspectos que más inquietud genera alrededor de este universo empresario es la enorme distancia entre el volumen económico de los contratos obtenidos y la estructura visible que muchas compañías parecen tener.

No son pocas las empresas del rubro de limpieza en el territorio bonaerense que acreditan domicilios en viviendas particulares, oficinas demasiado pequeñas para abastecer la capacidad operativa, casas familiares en barrios humildes e incluso sedes compartidas. La postal se repite una y otra vez.

La situación pareciera ameritar un cambio profundo, más aún cuando detrás de cada contrato público existe una responsabilidad concreta: garantizar salarios, aportes previsionales, continuidad operativa, cobertura real de personal y capacidad logística suficiente para sostener prestaciones esenciales.

La Justicia licita mientras las dudas se acumulan

El dato político e institucional no deja de ser incómodo. La Suprema Corte de Justicia bonaerense, máximo órgano judicial de la provincia, terminó recibiendo ofertas de empresas que ya arrastran cuestionamientos públicos, conflictos laborales, deudas financieras y antecedentes sensibles.

El escenario abre una pregunta inevitable: ¿qué controles previos realiza realmente el Estado antes de habilitar a estas firmas a competir por contratos millonarios? Porque el problema ya excede una licitación puntual, sino que pareciera tratarse de un patrón que se repite. Empresas denunciadas continúan concursando. Firmas endeudadas siguen presentándose. Sociedades bajo sospecha reaparecen en nuevos expedientes. Y mientras tanto, el dinero público continúa fluyendo.

Todo esto ocurre en una provincia que reclama austeridad, enfrenta crisis financieras permanentes y mantiene fuertes tensiones presupuestarias en áreas sensibles como salud, seguridad y educación. Sin embargo, dentro del universo de limpieza estatal, pareciera existir un ecosistema paralelo donde las alarmas rara vez derivan en exclusiones concretas. (www.REALPOLITIK.com.ar)