Escándalo: La factura oculta del road show de Franco Colapinto

El rugido del motor V8 del Lotus E20 que Franco Colapinto condujo por las avenidas del Libertador y Sarmiento el pasado 26 de abril todavía resuena en Palermo. Pero en los pasillos de la Legislatura porteña, el ruido que ahora se escucha es otro: el de las preguntas incómodas que nadie del Gobierno de la Ciudad quiere responder.

El expediente 1286/2026, firmado digitalmente por el legislador Juan Ignacio Fernández el 27 de abril —apenas 24 horas después del evento—, es un pedido de informes de 12 incisos que disecciona el espectáculo con bisturí político.

El texto, elaborado desde el bloque que conduce Pilar Ramírez —presidenta de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y referente directa de Karina Milei en la Ciudad—, exige saber si el Gobierno de Jorge Macri contrató servicios de catering, seguridad privada, producción gráfica, estructuras temporarias, emergencias médicas, limpieza del espacio público y producción audiovisual. Además, solicita conocer qué empresas fueron contratadas, cuánto se pagó y mediante qué procedimiento administrativo.

La pregunta de fondo es una sola: ¿el Estado porteño financió un show que también generó ingresos millonarios por venta de entradas?

La trama detrás del espectáculo

La producción estuvo a cargo de MICA Comunicaciones 360, responsable del diseño de pista y la producción general, y de Dale Play, que lideró el desarrollo de la experiencia, la comunicación y la comercialización del evento.

El road show contó además con sponsors como Mercado Libre, YPF, Latin Securities, Claro, Motorola, PAX Assistance, Green Armor y Heineken, además del respaldo institucional del Gobierno de la Ciudad encabezado por Jorge Macri.

Sin embargo, lo que la información pública todavía no aclara —y es precisamente lo que busca desentrañar el pedido legislativo— es qué implicó concretamente ese “apoyo institucional”.

Según fuentes vinculadas a la negociación, el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, fue quien motorizó internamente el vínculo entre el Gobierno y las productoras organizadoras. Sánchez Zinny incluso estuvo presente junto a Jorge Macri durante la visita de Colapinto al autódromo porteño días antes del evento, en una clara señal de respaldo oficial al espectáculo.

La duda que circula en la Legislatura es si ese vínculo tuvo también una dimensión económica financiada con fondos públicos. Hasta el momento, el Ejecutivo porteño no brindó explicaciones.

El negocio de las entradas

Las tribunas principales tuvieron valores de hasta $180.000 por persona, y, según estimaciones de la organización, los sectores exclusivos se agotaron en pocos minutos.

La falta de información sobre un posible convenio entre el Gobierno porteño, Mercado Libre y el resto de las empresas involucradas motivó el pedido de informes aprobado en la Legislatura, que también busca esclarecer el destino de la recaudación obtenida por los costosos palcos privados.

El punto más sensible del proyecto es el inciso “k”, donde se pregunta si el uso de avenidas y espacios verdes implicó el cobro de alguna contraprestación económica a los organizadores.

“En caso negativo, informe qué norma autorizó la cesión gratuita”, sostiene el texto legislativo.

En otras palabras: si el Estado porteño cedió gratuitamente el espacio público para un evento privado que generó ganancias millonarias, ¿con qué respaldo legal lo hizo?

La interna que nadie quiere nombrar

El pedido de informes, presentado apenas un día después del evento, tiene una lectura política tan evidente como incómoda.

La Libertad Avanza y el PRO vienen acumulando tensiones en la Ciudad desde el año pasado, y el road show de Colapinto se convirtió en un nuevo campo de batalla.

Mientras el oficialismo celebraba el éxito de convocatoria —con miles de familias apostadas desde temprano y balcones convertidos en tribunas al estilo Mónaco—, los legisladores libertarios ya preparaban el documento que hoy incomoda al Ejecutivo.

El proyecto lo resume con una frase de tono burocrático pero de fuerte carga política: “La magnitud de la convocatoria y el uso del espacio público durante varios días hacen que la rendición de cuentas no sea una opción, sino una obligación”.

Traducido al lenguaje político: el espectáculo fue un éxito, pero eso no exime al Gobierno de explicar cuánto gastó, con quién negoció y bajo qué condiciones.

El Ejecutivo porteño tiene ahora 30 días para responder. Mientras tanto, el silencio empieza a hacer más ruido que los motores. (www.REALPOLITIK.com.ar)