El clan Romo llegó a Miami: sociedades, créditos y bienes bajo la lupa
Por: Martín Carrizo
La rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Zárate, recientemente difundida por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, dejó mucho más que una formalidad administrativa: el organismo formuló cargos patrimoniales por más de 352 millones de pesos contra ex y actuales funcionarios, en medio de observaciones sobre bienes, fondos y documentación que no habrían sido debidamente acreditados.
El expediente volvió a poner bajo la lupa la transición entre la gestión del exintendente Osvaldo Cáffaro y la administración de Marcelo Matzkin, en un municipio atravesado por números financieros críticos, deuda flotante, desahorro corriente y un resultado negativo multimillonario.
Según surge del fallo, el Tribunal aprobó la rendición correspondiente al ejercicio 2024, pero lo hizo con multas, amonestaciones, desaprobación de egresos y cargos solidarios. El dato más sensible aparece en el monto total de los cargos patrimoniales: 352.117.851,31 pesos, una cifra que deberá ser respondida por los funcionarios alcanzados por la resolución.
La aprobación de la rendición no implicó una validación plena de la administración municipal. Por el contrario, el Tribunal dejó asentadas observaciones de peso y avanzó con sanciones económicas y cargos contra responsables de la gestión.
El organismo cuestionó situaciones vinculadas con fondos, bienes y documentación respaldatoria, y resolvió imponer cargos solidarios por distintos conceptos. En términos políticos, el fallo expone una continuidad incómoda: los problemas no quedaron encapsulados en una sola gestión, sino que atravesaron el cierre de un ciclo y el comienzo de otro.
La rendición 2024 corresponde a un año particularmente sensible para Zárate, marcado por el cambio de conducción municipal ocurrido en 2023 y por la necesidad de ordenar cuentas que venían bajo presión. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, el fallo del Tribunal abrió una nueva discusión sobre responsabilidades administrativas y patrimoniales.
Los cargos formulados por 352.117.851,31 pesos son el núcleo más grave de la resolución. No se trata apenas de observaciones formales o advertencias contables, sino de montos que el organismo entendió que debían ser reclamados a los funcionarios responsables ante la falta de acreditación suficiente sobre determinados movimientos, bienes o recursos.
El cuadro financiero que surge de la rendición también resulta preocupante. El municipio registró un saldo negativo de libre disponibilidad de 3.093.867.472,17 pesos, una deuda flotante de 3.633.686.627,25 pesos, un desahorro corriente negativo de 3.230.058.751,32 pesos y un resultado financiero negativo de 5.540.546.029 pesos.
Estos números muestran un municipio con severas dificultades para sostener el equilibrio de sus cuentas y con una estructura financiera debilitada al cierre del ejercicio. La combinación de deuda flotante, desahorro y resultado financiero negativo permite dimensionar la magnitud del deterioro económico heredado y administrado durante el período observado.
En ese contexto, los cargos patrimoniales no aparecen como un dato aislado, sino como parte de un cuadro más amplio de desorden financiero, controles insuficientes y responsabilidades que el Tribunal decidió individualizar.
La situación también deja planteado un interrogante político: hasta qué punto la nueva administración logró ordenar el escenario recibido y cuánto de lo observado corresponde a arrastres de la gestión anterior. El fallo, sin embargo, no deja indemne a ninguno de los sectores involucrados, ya que alcanza a ex y actuales funcionarios con distintos niveles de responsabilidad.
Además de los cargos patrimoniales, el Tribunal dispuso multas y amonestaciones para funcionarios vinculados a la administración municipal. La resolución marca que las irregularidades detectadas no fueron consideradas meros errores administrativos, sino incumplimientos con entidad suficiente para derivar en sanciones personales.
La intervención del organismo bonaerense vuelve a poner en debate el manejo de los recursos públicos en Zárate, especialmente en un año de transición política y fuertes tensiones financieras. La aprobación por mayoría de la rendición no logró despejar las dudas, sino que convivió con un paquete de observaciones que impacta directamente sobre la responsabilidad de quienes administraron fondos y bienes municipales.
El punto más delicado sigue siendo la imposición de cargos solidarios. En la práctica, esto implica que los funcionarios alcanzados deberán responder por los montos observados, salvo que logren acreditar documentalmente la regularidad de los actos cuestionados o revertir la decisión por las vías correspondientes.
Para Zárate, el fallo deja una postal incómoda: una rendición formalmente aprobada, pero atravesada por cargos millonarios, números rojos y un fuerte llamado de atención sobre la administración de los recursos públicos.
En tiempos en que los municipios bonaerenses enfrentan caída de ingresos, mayores demandas sociales y restricciones presupuestarias, el caso vuelve a exponer una pregunta de fondo: quién responde cuando la plata pública no aparece debidamente justificada. En Zárate, al menos por ahora, el Tribunal de Cuentas ya puso una cifra sobre la mesa: 352.117.851,31 pesos. (www.REALPOLITIK.com.ar)