Denuncian persecución del CONICET a científicas que investigaron las vacunas

Pablo Roca, abogado defensor de las científicas de CONICET, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el avance del sumario administrativo contra las científicas Marcela Sangorrín y Lorena Diblasi, relativizó las acusaciones oficiales del organismo por presunto uso inapropiado del nombre de la institución y sostuvo que el camino de la ciencia es promover la investigación sin censura, fortaleciendo la verdad y el bien común.

"Hicieron una serie de trabajos importantísimos que han tenido impacto a nivel mundial, que los hicieron ellas mismas por su cuenta, sin los medios de CONICET y sin ningún tipo de medio económico, material y organización del estado", señaló Roca al referirse a la investigación independiente financiada con donaciones.

En ese sentido, cuestionó que el oficialismo institucional intente instalar una lectura punitiva sobre el episodio y remarcó que las muestras enviadas a prestigiosos centros como el Instituto Balseiro o el CITEMA fueron analizadas mediante la metodología de "doble ciego" para garantizar la objetividad. "Dieron los resultados que dieron: más de 55 elementos no declarados, lo cual es gravísimo. Son metales y minerales nocivos para la salud humana", afirmó.

Una "embestida" que busca encubrir responsabilidades penales

El letrado también analizó la hipótesis de por qué el CONICET reacciona con "sensibilidad" y hostilidad ante la opinión pública. "Si hay elementos no declarados, se activa la cláusula de dolo de la ley 27.573 de vacunas. Esto significa que se les cae el paraguas protector de indemnidad patrimonial a los laboratorios y se los podría demandar directamente", sostuvo.

Roca apuntó además contra el trasfondo penal que esconde el ocultamiento de estos componentes, encuadrándolo dentro de los términos internacionales. "A nivel penal estamos en presencia de una participación criminal particular porque está dentro de las previsiones del Tratado de Roma (Artículo 7): un ataque generalizado y sistemático a la población civil a sabiendas, es decir, un delito de lesa humanidad", subrayó.

Por último, advirtió que la prueba testimonial aportada en la última audiencia fue contundente, sumada a una batería documental de más de 2 mil páginas. "Esto tiene otra consecuencia que es la imprescriptibilidad. Pueden pasar 40 o 50 años y las personas dañadas pueden seguir persiguiendo penalmente a los responsables. Por eso es tan importante para ellos ocultarlo, porque trasciende lo científico y tiene un impacto legal definitivo", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)