José Félix Uriburu y la primera tiranía militar en Argentina

Entre 1927 y 1928 la Standard Oil (ESSO) y la Shell acordaron repartirse el mercado mundial del petróleo. En la Argentina controlaban el 45 por ciento, 6 por ciento la primera y 27,6 por ciento la segunda, en tanto YPF, dirigida por el general Enrique Mosconi, solo retenía el 14,6 por ciento. Mosconi venía impulsando una lucha dura y desigual en pos de inhabilitar a las empresas extranjeras a explotar los recursos argentinos y para lograr por ley la nacionalización del petróleo. Su proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, fue archivado por el Senado de la Nación Argentina, lo cual permitió comprobar que los instrumentos del colonialismo mantenían todavía un amplio poder en la mayoría de las provincias.

Como respuesta, Hipólito Yrigoyen decidió bajar por decreto el precio de los combustibles, y le otorgó a YPF la facultad de imponer unilateralmente los precios para el mercado interno. Más aún, el yrigoyenismo abordó la campaña electoral para las elecciones legislativas de marzo de 1930 con la consigna de “defensa del petróleo” y “defensa de la riqueza nacional”. Sin embargo, la depresión internacional ya había afectado a la economía argentina, y el clima social estaba caldeado.

El primer golpe institucional contra un gobierno democrático en nuestro país comenzaba a sentirse en el aire, un golpe con “olor a petróleo”. El profético relato de Roberto Arlt en Los siete locos pronto se haría realidad.

La caída de Yrigoyen y el fin de la soberanía energética

El 6 de septiembre de 1930 el avance sobre la Casa Rosada de los oficiales y cadetes del Colegio Militar comandados por el general José Félix Uriburu fue suficiente para derrumbar al gobierno de Yrigoyen. Si bien la idea central de los golpistas fue derrocarlo y aislar la influencia radical en el pueblo, existían diferencias entre los máximos protagonistas acerca de la finalidad de la “revolución” –en realidad, un “cuartelazo”– del 6 de septiembre.

El general José Félix Uriburu, aunque aliado a los conservadores, deseaba suprimir el sistema político de representación democrático-liberal burgués, y reemplazarlo por un régimen corporativo y aristocrático, modificando los capítulos necesarios de la Constitución Nacional. Nada hacía por ocultar su admiración por Miguel Primo de Rivera y el fascismo europeo, ni escondía su proyecto de facilitar la llegada de Lisandro de la Torre a la presidencia. Sin embargo, su convicción filo fascista generaba cuestionamientos en una oligarquía que, si bien deseaba el desplazamiento de Yrigoyen, no estaba de acuerdo con reemplazarlo por un nuevo orden en el cual el estado cobrara entidad propia, para constituirse en árbitro de la puja entre intereses sociales y políticos, tal como acontecía en Italia o España.

La instalación del terror estatal

En torno a Uriburu se nucleaban los sectores nacionalistas del periódico La Nueva República, que celebraban la llegada de la “hora de la espada” –postulada por el poeta nacional Leopoldo Lugones– y los logros del fascismo en la recuperación económica de Italia, o bien en el “discplinamiento” de socialistas, comunistas y anarquistas en el sur de Europa. Con la tiranía de Uriburu se instaló en la vida política argentina un instrumento de tortura destinado a tener una vergonzosa perdurabilidad a lo largo del tiempo: la picana eléctrica, adoptada por el jefe de Policía e hijo del poeta.

Mientras tanto, el gran referente del espacio militar, el general Agustín P. Justo, fue más pragmático y, aunque tenía buen trato con los nacionalistas, admitía el concurso de las fuerzas tradicionales con un fuerte apoyo de los militares y del sector financiero internacional. Los “justistas” buscaban encauzar el golpe hacia una rápida salida electoral, apelando al fraude y a la exclusión del yrigoyenismo, para mantener en apariencia la vigencia de la Constitución y la ley Sáenz Peña. Si bien podían ligarse al liberalismo de la Generación del 80, sobre todo en lo económico y su ligazón servil con Inglaterra, su matriz ideológica estaba más cerca del conservadurismo, que respondía a los intereses de la burguesía terrateniente y de los estratos medios urbanos.

El golpe de estado septembrino instauró una tiranía militar, cerró el Congreso de la Nación Argentina, encarceló a los dirigentes radicales, impuso el Estado de Sitio, toleró a la Liga Patriótica Argentina, impulsó las acciones del grupo paramilitar y filofascista Legión Cívica, fusiló a opositores y anarquistas, y se nutrió con un elenco gubernamental de la rancia oligarquía conservadora, proclive a la persecución obrera y la represión policial.

La Unión Cívica Radical personalista, tras el golpe y la reclusión de Yrigoyen en la isla Martín García, se planteó la abstención, mientras que el resto de los partidos políticos que apoyaron decididamente el golpe ya estaban desconfiando de las intenciones de Uriburu y miraban con mejores ojos a Justo, quien se había desempeñado como ministro de Alvear y no ocultaba sus simpatías por el radicalismo reaccionario. Los nacionalistas se sentían traicionados por la reaparición de los viejos conservadores y la falta de disposición de Uriburu para adoptar las medidas modificatorias de la matriz liberal del sistema político que había anunciado en los días posteriores al golpe.

En 1931, un intento de consolidar el poder de Uriburu a través de la convocatoria a elecciones provinciales basado en el pensamiento de que el radicalismo había quedado herido de muerte tras el derrocamiento de Yrigoyen, sepultó las aspiraciones del tirano. Los candidatos radicales, que se presentaron bajo el sello de Unión Popular, se impusieron cómodamente en la provincia de Buenos Aires. Si bien los comicios fueron inmediatamente anulados, el liderazgo de Uriburu se desintegró, viéndose obligado a convocar a elecciones presidenciales de manera apresurada y desprolija, y a descartar la presentación de su candidatura. (www.REALPOLITIK.com.ar)