Recaudación y pauta: los intereses ocultos detrás de la regulación del juego online

El negocio del juego online no hace más que crecer. Está en auge y les cierra a casi todos, menos a quienes pierden sus ingresos en las casas de apuestas virtuales. Pero la política es una gran ganadora de este negocio, que viene en ascenso desde el reseteo de la gran pandemia de COVID-19.

Así como las salas físicas tradicionales, los casinos del Estado y los concesionados a privados, como los barcos casino de Puerto Madero, observan una decadencia imparable, las páginas de apuestas en línea autorizadas por los estados provinciales no hicieron más que crecer. Al mismo tiempo, una enorme crisis económica, marcada por ingresos magros, permite ilusionar a la gente con una apuesta salvadora, de esas que hacen borrar las penas por unos días.

Y, desde la pandemia para acá, crecen principalmente gracias al fútbol y al nuevo “Prode”, que se traduce en apuestas de todo tipo en los partidos de primera de la Argentina y del mundo. Además de poder apostar en cualquier deporte, las plataformas ofrecen todo tipo de recompensas por aciertos, como el resultado final de un encuentro, quién hace los goles o quién le ataja un penal a otro.

Pero, decíamos, ganan casi todos en la política porque, para muchos estados provinciales y para la Ciudad de Buenos Aires, los ingresos del juego online comienzan a tener un peso que, en ocasiones, es incluso superior al de muchas áreas, por ejemplo, el turismo receptivo.

El proyecto libertario que ingresa al recinto.

Un proyecto de ley necesario y criticado

A pocos días del comienzo de una nueva edición de la Copa del Mundo 2026, el gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley que regula la industria del azar. Lo hace en la previa de uno de los eventos más esperados por las casas de juego con licencias oficiales: el comienzo del campeonato mundial que la Selección Argentina puede revalidar con un nuevo título.

El proyecto en sí se fundamenta en “ordenar el mercado virtual de apuestas y juegos de azar en línea”, donde “(...) el ministerio de Salud de la Nación tendrá la responsabilidad de fortalecer la protección de los menores de edad y concientizar sobre los efectos adversos del juego compulsivo”, inclusive generando acciones publicitarias pagadas desde el Estado. Por eso, la cartera ministerial conducida por Mario Lugones, sustentada en las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo, tendrá mucha injerencia en el otorgamiento de campañas.

No es la primera polémica que salpica a Mario Lugones.

En ese contexto, se pena a los creadores de páginas ilegales al proponer “(...) la modificación del Código Penal, fijando penas de prisión de tres a seis años para quienes exploten, administren, operen o de cualquier manera organicen sistemas de captación de apuestas no habilitadas”.

En sus fundamentos se señala que “el proyecto busca dar una respuesta integral al impacto que las apuestas online y el juego compulsivo generan sobre la salud mental de la población, especialmente en niños y adolescentes. A través de herramientas de prevención, asistencia, concientización y articulación entre distintos organismos del Estado, la iniciativa apunta a ordenar el mercado de apuestas en línea, fortalecer la protección de menores de edad y reducir los riesgos asociados a esta problemática creciente en nuestra sociedad”.

Se trata de un problema gigantesco porque, según la especialista en educación y nuevas tecnologías Rosana Barroso, de la fundación LEA, “registramos que los niños, a partir de los 9 años, y los adolescentes, pasan en promedio 7 horas de su vida con las pantallas digitales. No significa que estén apostando, esa es una sola de las problemáticas, pero 7 horas de su vida en promedio están pendientes del celular y casi siempre sin supervisión de los mayores”.

Esto tiene un efecto devastador no sólo en la creación de nuevas adicciones, donde la ludopatía tiene un lugar preeminente, sino también en el aprendizaje.

“Claramente, el aprendizaje es afectado. En Argentina, nuestras investigaciones indican que a partir de los 9 años un niño o una niña tiene su dispositivo propio. Desde los 9 años. Y el 94 por ciento de la población de la Argentina comienza a estar en contacto con un dispositivo móvil con internet, con una pantalla digital, a partir de los 4 años de edad, porque utiliza un celular de alguno de los integrantes de su entorno. A partir de los 9 años, usualmente tienen su propio celular, y lo utilizan en un promedio de 7 horas, cuando en el resto de los países latinoamericanos lo usan, en promedio, durante 5 horas. La situación es grave para la capacidad de atención, de lectura comprensiva, de concentración que necesita el estudio, de conexión con el mundo y de socialización con sus compañeros y con su familia, que se ve gravemente afectada”.

Entre los legisladores que leyeron la propuesta ya hay críticas. Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro afirmó a REALPOLITIK: “Se están timbeando la salud y la vida de miles de chicos y familias”. Y argumentó: “El gobierno lo único que hace con el proyecto es proteger el negocio del juego en línea. Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas porque sólo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado”.

Y el diputado de la Coalición Cívica tiene un punto allí, porque el año 2025 terminó por demostrar la dependencia y necesidad de muchos estados provinciales de sostener ingresos en tiempos de “motosierra”, que son reemplazados por los aportes de los apostadores de sus propias provincias.

El verdadero gancho: la recaudación fiscal

Este es el principal atractivo que lleva a las provincias a querer regular el sector: la recaudación. Se trata de una fuente de ingresos relativamente sencilla. Las licencias incluyen:

- Cánones fijos al inicio de la actividad.

- Porcentajes variables sobre la facturación de las empresas.

- Impuesto a los Ingresos Brutos, que suele rondar entre el 10 y el 15 por ciento.

Sólo en la provincia de Buenos Aires, durante los meses pico de 2025, se movilizaron cientos de millones de pesos entre impuestos directos e indirectos. Si se suma todo el país regulado, se trata de montos que impactan en los presupuestos de salud, educación e infraestructura vial.

Para las provincias, simplemente se trata de fijar un número y dejar que las empresas privadas —principalmente los grandes operadores— construyan toda la estructura de juego.

En provincias como Buenos Aires, el gigante indiscutido del juego online del país, Córdoba y Mendoza, el volumen del sector ha crecido entre un 20 y un 35 por ciento anual en los últimos años.

Según informes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), en varios distritos la recaudación por juego online ya compite fuertemente con la de rubros clásicos. Un caso concreto: de acuerdo con datos del diario Los Andes de Mendoza, los ingresos fiscales de esta actividad representan entre el 11 y el 16 por ciento de lo que aporta el turismo. Actividades tradicionales que costó décadas desarrollar están siendo igualadas —e incluso superadas— por un simple click desde el celular, en términos de plata que ingresa al Estado.

Mientras el dinero va a las arcas del Estado, el ciudadano-jugador recita una vieja frase atribuida a Paul Newman: “Un dólar ganado es más dulce que un dólar obtenido por medio del trabajo”. (www.REALPOLITIK.com.ar)