El doble discurso de LLA: dice que hubo internas, pero sus armadores las niegan

La interna de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial y político. Mientras los apoderados del partido le aseguraron a la Justicia Federal Electoral que la fuerza celebró elecciones internas, que sus autoridades fueron proclamadas conforme a la Carta Orgánica y que el funcionamiento institucional se encuentra en regla, uno de los principales operadores territoriales de Sebastián Pareja apareció en video describiendo una lógica bastante distinta: sin PASO, sin internas y con candidaturas definidas por una “mesa de trabajo”.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Maximiliano Corio, concejal electo por La Libertad Avanza en Campana, quien pidió la intervención urgente de la Justicia Federal con competencia electoral por presuntas irregularidades en el funcionamiento institucional, orgánico y democrático del partido en territorio bonaerense. En su escrito, Corio denunció una posible vulneración de la ley 23.298 de Partidos Políticos, de la carta orgánica partidaria y de los principios de democracia interna exigidos por la constitución nacional.

Entre los puntos más sensibles de la presentación, el dirigente afirmó haber reunido y entregado aproximadamente 427 fichas de afiliación, cuyas copias —según sostuvo— conserva en su poder. Sin embargo, denunció que una gran cantidad de esas afiliaciones no habrían sido incorporadas al padrón partidario ni existirían constancias claras sobre su efectiva presentación ante la Justicia Federal Electoral.

La acusación no se limita al caso de Campana. Corio sostuvo que el episodio podría formar parte de una dinámica extendida en los 135 municipios bonaerenses, donde militantes, fiscales, dirigentes territoriales y referentes libertarios habrían entregado fichas de afiliación que luego no habrían sido registradas formalmente. Según la denuncia, el manejo discrecional del padrón permitiría controlar quiénes pueden participar de la vida interna, quiénes quedan afuera de una eventual elección partidaria y quiénes tienen capacidad real para disputar cargos o candidaturas.

La respuesta del partido

La contestación del partido fue tajante. Los apoderados Alejandro Carrancio y Juan Esteban Osaba, en representación de La Libertad Avanza distrito Provincia de Buenos Aires, pidieron el rechazo de la denuncia y la presentaron como la exteriorización de un conflicto personal de naturaleza política. Según esa defensa, Corio habría ejercido una función territorial informal en Campana, figura que —afirmaron— no existe en la carta orgánica partidaria y no genera ningún derecho subjetivo susceptible de tutela judicial.

El escrito del parejismo también planteó que Corio no revestiría la calidad de afiliado al partido y que, por lo tanto, carecería de legitimación activa para accionar ante la Justicia Electoral. Además, sostuvo que no agotó las instancias internas previstas por la carta orgánica, en particular el Tribunal de Disciplina, requisito que —según la defensa— exige el artículo 57 de la ley 23.298 para habilitar la vía judicial.

Pero el punto más importante de la respuesta partidaria aparece en el apartado donde La Libertad Avanza asegura haber cumplido con su vida democrática interna. Allí, los apoderados afirmaron que el partido “ha celebrado elecciones internas de conformidad con su carta orgánica”, con intervención de la Junta Electoral, confección y exhibición de padrón y proclamación de autoridades. También sostuvieron que la conducción actual sería “legítimamente elegida por el voto de los afiliados”.

En otras palabras, ante la Justicia Federal Electoral, el partido defendió la existencia de una estructura orgánica regular, autoridades legítimas y elecciones internas cumplidas. Sin embargo, esa versión institucional choca de lleno con lo que se conoce sobre el funcionamiento del partido libertario e, incluso, con las palabras de los hombres fuertes del armado territorial de Sebastián Pareja.

“No va a haber interna”

La contradicción quedó expuesta en una entrevista a Fabricio Martínez, referente libertario de la tercera sección electoral y señalado dentro del espacio como hombre de extrema confianza de Sebastián Pareja. Consultado sobre cómo se definirán las candidaturas de cara al año próximo y sobre la posibilidad de una PASO opositora, Martínez fue categórico: “La Libertad Avanza no va a tener PASO porque no va a haber interna”.

Luego profundizó: “Es un partido nuevo donde la verdad que no vemos por qué tiene que haber una interna”. Y remató: “Hoy no vamos a tener PASO. No hay internas para tener PASO”.

La frase resulta políticamente sensible porque aparece en tensión directa con la defensa judicial del partido. Mientras en el expediente se invoca la realización de elecciones internas y el funcionamiento democrático de la estructura bonaerense, aunque no haya certezas públicas con respecto a cuándo y cómo, en el discurso territorial la mano derecha de Pareja descarta la competencia interna como mecanismo de selección política.

Martínez fue todavía más explícito al explicar cómo se definirían los nombres: “Los candidatos los arma la mesa de trabajo. Nosotros somos de que la mesa esa de trabajo del territorio salga el candidato”. La declaración refuerza uno de los ejes de la denuncia de Corio: la presunta concentración de decisiones en una conducción política cerrada, sin mecanismos reales de deliberación ni participación de la militancia.

El poder de la mesa chica

El planteo judicial de Corio apunta precisamente contra esa lógica. En su denuncia, describió un funcionamiento “absolutamente verticalista”, concentrado en un reducido núcleo de personas encabezado políticamente por Sebastián Pareja. También afirmó que las reuniones partidarias no serían espacios deliberativos genuinos, sino actos de transmisión de órdenes políticas previamente definidas por la conducción.

Según el escrito, los militantes y dirigentes territoriales serían utilizados únicamente como herramientas operativas electorales, sin participación efectiva en las decisiones relevantes. En esa línea, la frase de Martínez sobre la “mesa de trabajo” aparece como una postal del sistema que los denunciantes cuestionan: una estructura donde la candidatura no surge de una interna competitiva, sino de una definición política territorial administrada por los armadores.

La defensa partidaria, en cambio, sostiene que esas acusaciones son valoraciones subjetivas, carentes de prueba concreta, y que la organización interna de los referentes territoriales pertenece a la esfera de la autonomía política del espacio. Para el partido, la coordinación territorial es informal, no orgánica, y sus designaciones o remociones no deben ser revisadas por la Justicia Electoral.

Afiliaciones, padrón y disputa por el control

El trasfondo del conflicto es el control del padrón. Corio denunció que el sistema de recepción de afiliaciones se habría desarrollado en condiciones de “absoluta informalidad institucional”, con campañas en plazas, escuelas, centros comerciales, puntos de circulación e incluso locales gastronómicos privados. Como ejemplo, mencionó una actividad de afiliación en la hamburguesería Burger 54 de Castelar.

Para el denunciante, la eventual retención o no presentación de fichas de afiliación no sería un problema administrativo menor, sino una herramienta de control político. Su razonamiento es simple: quien controla qué afiliaciones ingresan, cuáles quedan afuera y quién integra efectivamente el padrón, controla también las internas, las mayorías, las candidaturas y la representación partidaria.

La respuesta del partido niega ese cuadro. Los apoderados sostuvieron que la mera entrega de fichas no garantiza automáticamente la incorporación al padrón, ya que las solicitudes deben cumplir requisitos formales, ser tratadas conforme la carta orgánica y superar las exigencias del sistema informático electoral. Además, remarcaron que Corio no acompañó las 427 fichas como prueba documental ni aportó constancias de recepción formal.

Sin embargo, el debate político excede el expediente. La pregunta que empieza a sobrevolar la interna libertaria bonaerense es si las afiliaciones funcionaron como una herramienta de apertura partidaria o, por el contrario, como un mecanismo administrado desde arriba para ordenar el poder interno y evitar disputas reales.

El antecedente Parlasur y la judicialización del conflicto

La denuncia de Corio también vinculó este expediente con presentaciones previas ante el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur. Según el escrito, esos planteos habían sido formulados por la gravedad institucional del cuadro denunciado y por la presunta afectación de derechos políticos de militantes y ciudadanos vinculados a La Libertad Avanza.

El partido, por su parte, interpretó esa jugada de manera opuesta. En su contestación, sostuvo que la presentación ante el Parlasur confirmaría una estrategia de amplificación política e institucional, destinada a generar visibilidad y presión sobre las autoridades partidarias. También acusó al denunciante de intentar utilizar la vía judicial electoral como herramienta de presión contra las autoridades “legítimamente constituidas” del partido.

Otro punto sensible es la judicialización penal del conflicto interno. Corio denunció que reclamos de militantes vinculados a afiliaciones y transparencia partidaria habrían derivado en denuncias penales por presunto “hostigamiento digital” impulsadas por Sebastián Pareja. Para el denunciante, eso configuraría una forma de criminalización del disenso político interno.

La defensa libertaria rechazó esa lectura y sostuvo que el ejercicio de acciones penales ante la Justicia ordinaria es un derecho constitucional, por lo que no puede ser equiparado a persecución política ni a afectación del funcionamiento democrático del partido.

La sede del Parlasur.

Una interna que recién empieza

El expediente todavía debe avanzar, pero la discusión ya dejó de ser una simple pelea entre un concejal desplazado y la conducción provincial. Lo que está en juego es más amplio: si La Libertad Avanza bonaerense cumple efectivamente con los estándares mínimos de democracia interna que exige la ley de Partidos Políticos, o si el armado conducido por Sebastián Pareja funciona bajo una lógica de mesa chica, subordinación territorial y candidaturas digitadas.

La defensa partidaria intenta presentar el caso como una denuncia infundada, personalista y políticamente interesada. Corio, en cambio, busca instalar que el problema es estructural y que el manejo de afiliaciones, autoridades y candidaturas podría afectar el derecho de participación de cientos de militantes bonaerenses.

Pero ahora apareció un elemento incómodo para el relato oficial del partido: la propia voz de uno de sus armadores territoriales. Y su mensaje fue claro: en La Libertad Avanza bonaerense, al menos según Fabricio Martínez, “no va a haber interna”. (www.REALPOLITIK.com.ar)