Emma Virginia Creimer: una causa que enciende alarmas entre los peritos judiciales

La médica forense Emma Virginia Creimer volverá a declarar hoy ante el juzgado Federal Nro. 1 de Bahía Blanca, en el marco de una causa por presunto “falso testimonio” derivada del expediente vinculado a la muerte de Facundo Astudillo Castro. La indagatoria llega después de que fuera rechazado el planteo de recusación contra el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a quien la defensa de la profesional acusa de haber perdido objetividad y de sostener una persecución judicial de largo aliento.

El caso excede la situación individual de Creimer. En su entorno advierten que la causa podría transformarse en un mensaje disciplinador para futuros peritos que intervengan en investigaciones sensibles sobre violencia institucional, torturas, represión o responsabilidad de fuerzas de seguridad. “Si logran condenarla, nunca más un perito va a atreverse a enfrentar al poder”, resumen quienes siguen de cerca el expediente.

Creimer fue citada en una causa que se desprende del expediente que terminó con la condena del perito Marcos Herrero. Según la reconstrucción mediática, la médica quedó imputada por su intervención en procedimientos dentro de la investigación por la muerte de Astudillo Castro, mientras su defensa busca despegarla de Herrero y discutir el rol del ministerio Público Fiscal en la construcción de la acusación.

Facundo Astudillo Castro.

Una causa atravesada por sospechas

La defensa de Creimer sostiene que la médica fue arrastrada a un expediente armado y atravesado por animosidad personal. El principal cuestionamiento apunta contra Santiago Ulpiano Martínez, fiscal federal de Bahía Blanca históricamente señalado por organismos de derechos humanos y querellas por su actuación en causas de violencia institucional y lesa humanidad.

La recusación contra el fiscal fue rechazada por el juez Walter López Da Silva, quien consideró que no estaban acreditadas las causales suficientes para apartarlo. Sin embargo, para la defensa, el problema de fondo sigue abierto: Creimer deberá declarar en una causa impulsada por un funcionario al que acusa de enemistad manifiesta y de falta de imparcialidad.

El antecedente inmediato también alimenta los cuestionamientos. A fines de marzo, la indagatoria había sido suspendida justamente porque Creimer había recusado a Ulpiano Martínez y al propio juez López Da Silva. Luego, la audiencia se reprogramó y el expediente siguió su curso, con la médica nuevamente sentada frente al sistema judicial que viene denunciando.

El juez Walter López Da Silva.

El fiscal bajo la lupa

El nombre de Ulpiano Martínez no aparece por primera vez en una controversia pública. Su designación como fiscal federal, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue resistida por organismos de derechos humanos que cuestionaron su desempeño previo en expedientes vinculados al terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

Las impugnaciones apuntaban a su rol como juez subrogante y a decisiones que, según esas denuncias, habrían obstaculizado investigaciones contra represores y civiles acusados de complicidad con la dictadura. Entre los señalamientos históricos aparecen causas vinculadas al V Cuerpo del Ejército, pedidos de detención rechazados, beneficios discutidos e investigaciones que organismos de derechos humanos consideraron paralizadas o desviadas.

Ese pasado vuelve a proyectarse sobre el presente. En el caso Astudillo Castro, la querella y referentes de derechos humanos ya habían cuestionado el rol del fiscal por considerar que favorecía líneas de investigación funcionales a la Policía Bonaerense. Ahora, con Creimer imputada, su defensa sostiene que la causa por falso testimonio no puede analizarse aislada de ese conflicto previo.

La médica forense Emma Virginia Creimer.

“No queremos terminar en una violencia institucional y mediática”

Durante la audiencia de recusación realizada el 1 de abril, la defensa de Creimer planteó que la investigación avanzaba sobre una “construcción circular” y sin una pesquisa independiente. El abogado Oscar Rodríguez advirtió entonces: “No queremos terminar en una violencia institucional y mediática”.

La frase condensa el temor central de la defensa: que la causa no busque esclarecer una supuesta irregularidad testimonial, sino castigar a una perito que intervino en una investigación incómoda para sectores del poder judicial, policial y político de Bahía Blanca.

Creimer, además, sostiene que ya durante el juicio contra Herrero sintió que ella misma estaba siendo investigada y hostigada por el ministerio Público Fiscal. Según su planteo, esa situación incluso habría sido comunicada al tribunal oral durante el debate.

El precedente que preocupa

El punto más sensible es el efecto disciplinador. En causas de violencia institucional, el rol de los peritos puede ser decisivo: sus informes pueden sostener o derrumbar hipótesis oficiales, abrir responsabilidades estatales o exponer maniobras de encubrimiento. Por eso, una eventual condena contra Creimer podría generar un impacto mucho más amplio que el expediente puntual.

La lectura de la defensa es grave: si una médica forense con trayectoria en causas de derechos humanos termina condenada por intervenir en una investigación de alta exposición pública, otros profesionales podrían optar por no involucrarse en expedientes donde estén comprometidas fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios o funcionarios judiciales.

Ese es el corazón político del caso. La imputación por falso testimonio aparece, para Creimer y su entorno, como una advertencia: quien contradiga al poder puede terminar sentado del otro lado del mostrador.

López Da Silva y otro antecedente incómodo

El expediente también tiene como protagonista al juez federal Walter López Da Silva, encargado de llevar adelante la causa. Su nombre aparece en otro antecedente sensible de Bahía Blanca: en septiembre de 2024, la Cámara Federal lo apartó de la investigación sobre el empresario Gustavo Elías, luego de concluir que existía una “duda razonable” sobre su imparcialidad. Según publicó La Nación, la Cámara cuestionó que el juez hubiera demorado durante meses medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y que luego dejara a la vista de las partes diligencias que debían mantenerse bajo reserva, como allanamientos y escuchas telefónicas.

Ese dato, por sí solo, no prueba ninguna conexión directa con la causa Creimer. Pero sí suma un elemento de contexto sobre el clima judicial bahiense y sobre los cuestionamientos que atraviesan a algunos de los actores que hoy intervienen en el expediente.

El empresario Gustavo Elías.

Una indagatoria que puede marcar un antes y un después

Hoy, Creimer volverá a declarar acusada de falso testimonio en una causa nacida al calor del caso Facundo Astudillo Castro. Del otro lado estará el mismo entramado judicial al que viene cuestionando desde hace años.

Para la defensa, el expediente forma parte de una ofensiva contra una profesional que intervino en investigaciones incómodas. Para sus críticos, se trata de determinar si existieron irregularidades en su actuación pericial. Pero el trasfondo es más amplio: qué margen queda para que los peritos independientes actúen en causas donde se investigan posibles responsabilidades estatales.

Si la causa avanza sin despejar las sospechas de parcialidad, el mensaje puede ser demoledor. No sólo para Creimer, sino para cualquier profesional que en el futuro deba decidir si firma un informe contra la versión del poder o si prefiere mirar para otro lado. (www.REALPOLITIK.com.ar)