Caso Ayelén Arredondo: Para el abogado Ignacio Barrios, “el remisero planificó todo”

El abogado Ignacio Barrios conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el complejo escenario judicial que atraviesan tres expedientes de alto impacto público: los polémicos planes oficiales para reformar la carta orgánica de San Carlos de Bariloche y lotear tierras en el cerro Catedral, el inicio del debate oral en la ciudad de La Plata por el brutal femicidio de la estudiante de derecho Ayelén Arredondo, y los controvertidos giros en la causa por la desaparición del menor Loan Peña a casi dos años del hecho.

"El poder constituyente municipal no puede modificar su ley fundamental para el beneficio propio de sus gobernantes o funcionarios de turno", señaló Barrios al referirse a la iniciativa del jefe comunal de Bariloche para revisar la carta magna local en un periodo que de manera peculiar describió como "primaveral, donde la gente está feliz". Según el letrado, el proyecto busca habilitar la subdivisión, loteo y explotación de desarrollos inmobiliarios y hoteleros en el cerro Catedral, un espacio que la legislación actual consagra como un patrimonio público estrictamente inalienable e intangible.

En ese sentido, advirtió además que avanzar en este rumbo implicaría colisionar de manera directa con múltiples artículos del Código Civil y Comercial de la Nación y con la propia Constitución Nacional, cuya supremacía es absoluta e infranqueable frente a cualquier normativa de rango local. "No hay Constitución local que supere o esté por encima de la Constitución Nacional; tiene que estar adherida a ella en todos los casos", afirmó.

El gobierno, sin pruebas, desvía la atención

En el plano criminal, el abogado analizó las instancias del juicio oral iniciado en La Plata por el asesinato de Ayelén Arredondo, una joven estudiante de 23 años asesinada a golpes de barreta durante la pandemia. Barrios desarmó la estrategia de la defensa de Marcelo Alejandro Saleh, el remisero de confianza de la familia imputado por el hecho, que intenta encuadrar el crimen bajo la figura de "homicidio en ocasión de robo" para aspirar a una pena de entre 10 y 25 años de prisión. "Esa hipótesis se cae de forma instantánea. El acusado conocía a la perfección todos los movimientos, horarios e internas de la casa. Él sabía explícitamente con quién se iba a encontrar", detalló.

Para el letrado, los peritajes forenses que exponen traumatismos de extrema alevosía en el cráneo de la víctima, sumado al historial de comentarios inapropiados y conductas violentas que el imputado dirigía hacia la joven, consolidan la tesis fiscal del "homicidio criminis causa". Esto implica que el agresor la asesinó con el fin de ocultar un intento frustrado de abuso sexual y asegurar su impunidad, delito que prevé la pena única de prisión perpetua. "Veremos en qué determina esto, pero la perpetua son 35 años y esperemos que se cumpla por el bien de una familia que busca justicia", subrayó.

Por último, de cara al segundo aniversario de la desaparición de Loan Peña, Barrios sembró severos interrogantes en torno a la marcha de la investigación penal que cuenta con un comisario del pueblo procesado por la sustracción del menor y otros diez imputados por encubrimiento.

Destacó la importancia de la reciente inspección ocular en el naranjal instrumentada por los magistrados para auditar los supuestos "puntos ciegos" en el terreno e impedir que las defensas distorsionen sus declaraciones en el debate oral fijado para el 16 de junio, aunque manifestó su profunda preocupación por la llamativa parálisis y la "calma" que evidencia el círculo familiar directo del niño frente a versiones vecinales que dan cuenta de un sospechoso cambio en su posición económica. "Cualquier padre haría lo imposible y agobiaría las instancias hasta las últimas consecuencias. Llama poderosamente la atención esta postura mientras los vecinos y el tío siguen adelante con los reclamos", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)