Organismo bonaerense estuvo una década sin autoridades, actividad ni auditorías

La historia de la fallida Terminal de Cruceros de Mar del Plata sumó un capítulo mucho más incómodo que el cierre formal de un proyecto que nunca llegó a operar. Un reciente fallo del Tribunal de Cuentas dejó al descubierto que el Consorcio Público Escollera Norte, creado para administrar y explotar ese sector estratégico del puerto, pasó casi una década sin actividad operativa, sin autoridades responsables y sin personal, hasta que sus cuentas fueron finalmente dadas por concluidas.

El organismo había sido creado a comienzos de 2010, en el marco de un convenio entre la provincia de Buenos Aires, por entonces gobernada por Daniel Scioli, y la Armada Argentina, para administrar una fracción de terreno y frente de amarre de la Escollera Norte. El objetivo era ambicioso: desarrollar allí una terminal de cruceros, un paseo recreativo y un corredor nocturno. Pero nada de eso terminó de materializarse.

Según el fallo, el Consorcio “no pudo operar debido a la falta de dragado del sector donde deberían ingresar los cruceros” y tampoco logró concretar la terminal ni el paseo. En la práctica, el ente se limitó a tareas de mantenimiento del inmueble, pagos vinculados a los cánones de ocupación del predio y gestiones administrativas.

La situación se agravó a partir de 2015. Ese año renunció quien ejercía la presidencia del ente y, de acuerdo con la documentación analizada por el organismo, no se designaron reemplazantes que normalizaran el funcionamiento. El resultado fue una anomalía institucional persistente: durante los ejercicios 2016 a 2023, el Consorcio no tuvo autoridades responsables ni personal en relación de dependencia.

El dato más fuerte del fallo está en el corazón del control público: el propio Tribunal dejó asentado que, ante la falta de actividad, autoridades y personal, no fue posible efectuar tareas de auditoría sobre el organismo, ni siquiera durante la gestión de Axel Kicillof. Sin embargo, en la misma resolución terminó dando por concluidas las tareas de control respecto de las cuentas de los ejercicios 2016 a 2024.

En otras palabras: no se trata simplemente de un proyecto que fracasó por razones técnicas. El expediente muestra que durante años existió una estructura estatal formal, creada para administrar un área clave del Puerto de Mar del Plata, que quedó sin conducción real y sin rendición ordinaria verificable.

Libros congelados y estados contables sin aprobar

El cuadro contable tampoco resulta menor. El fallo indica que los libros obligatorios del organismo —Inventario y Balance, Diario, IVA Ventas e IVA Compras— registraban sus últimos movimientos en 2014. Si bien existía documentación correspondiente a registraciones contables e impositivas de 2015, esos movimientos no fueron transcriptos a los libros legales e impositivos obligatorios.

Además, la información contable al cierre de 2015 arrojaba un activo de 23.446.336,72, un pasivo de 500.553,90 y un patrimonio neto de 22.945.782,82. Pero esos estados contables nunca fueron aprobados, justamente porque el organismo ya no contaba con autoridades designadas para hacerlo.

Ese punto abre una pregunta inevitable: qué pasó con el patrimonio informado al cierre de 2015 y cómo se verificó su evolución posterior si el ente quedó paralizado, sin conducción y sin una auditoría ordinaria posible.

El fallo no afirma la existencia de un faltante ni formula una denuncia penal. Pero sí deja expuesta una falla grave de administración pública: una estructura creada para un proyecto portuario estratégico terminó funcionando como una cáscara vacía durante años, sin actividad real, sin autoridades, con libros atrasados y con rendiciones que debieron cerrarse por una vía excepcional.

Escollera Norte.

El final del proyecto

La disolución formal llegó recién en 2024, mediante el decreto provincial 465/2024. Esa decisión puso fin al Consorcio Público Escollera Norte y trasladó derechos, obligaciones y eventuales responsabilidades al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata.

La medida fue presentada como una forma de optimizar el uso de la Escollera Norte en un contexto de falta de espacios de amarre en el puerto. El área, pensada originalmente para cruceros y actividades recreativas, quedó así bajo una nueva lógica: ya no como emblema turístico, sino como recurso operativo para el sistema portuario local.

Pero el fallo del Tribunal de Cuentas muestra que el problema venía de mucho antes. No fue sólo una terminal que nunca pudo recibir cruceros. Fue también un ente público sostenido durante años sin cumplir su objeto original y sin una estructura mínima de funcionamiento institucional.

Un cierre que deja más preguntas que respuestas

El Tribunal resolvió dar por concluidas las tareas de control de las cuentas 2016 a 2024. También dispuso comunicar la situación al ministerio de Gobierno, a la municipalidad de General Pueyrredon y a las áreas correspondientes, además de requerir el cierre de las cuentas bancarias vinculadas al Consorcio.

Los saldos bancarios informados eran mínimos al 31 de diciembre de 2024: 1.861,03 en la cuenta fondo permanente, 317,62 en la cuenta haberes y 0 en caja chica. El dato económico, en sí mismo, no parece relevante por el monto. Pero sí funciona como símbolo del desorden existente en la provincia que hoy gobierna Kicillof: cuentas abiertas de un organismo sin actividad, sin autoridades y en proceso de disolución.

La pregunta de fondo es otra y todavía no tiene respuesta pública completa: cuánto dinero recibió el Consorcio Público Escollera Norte desde su creación, qué subsidios provinciales o municipales lo financiaron, cuánto se pagó en cánones, qué gastos administrativos se sostuvieron durante esos años y qué controles efectivos se hicieron antes de llegar a este cierre.

El caso Escollera Norte ya no puede leerse sólo como el fracaso de una terminal de cruceros. El fallo del Tribunal de Cuentas lo convierte en algo más serio: un caso testigo sobre cómo un proyecto público puede quedar durante años en una zona gris, sin operar, sin autoridades y sin auditoría normal, hasta que el propio Estado decide clausurar la historia y trasladar la carga a otro organismo. (www.REALPOLITIK.com.ar)