Agustina Vila omitió detallar gastos por más de 30.000 millones de pesos

Una nueva rendición de cuentas de la secretaría General, a cargo de Agustina Vila, fue aprobada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el fallo dejó asentada una observación de alto impacto sobre la forma en que se expusieron los movimientos financieros del organismo: 30.885.453.668,45 quedaron fuera de la exposición del Estado de Movimiento de Fondos.

El dato surge del propio fallo, que detalla que el gasto total del ejercicio fue de 51.221.336.133,00 pesos. De ese universo, 12.536.426.885,80 correspondieron a pagos realizados por la repartición, 30.885.453.668,45 a pagos efectuados por la Tesorería General de la provincia, y 7.799.455.578,75 quedaron como devengado impago del ejercicio.

La cifra bajo observación no es menor: representa aproximadamente seis de cada diez pesos del gasto total informado por la jurisdicción. El punto central es que el Tribunal dejó constancia de una limitación relevante en la exposición contable de los fondos.

Más de la mitad del gasto quedó fuera del detalle

En el considerando cuarto, el Tribunal señaló que el Estado de Movimiento de Fondos “sólo refleja los pagos realizados por la Tesorería Sectorial”, por lo que quedan fuera de esa exposición las cifras pagadas por la Tesorería General con cargo a las partidas presupuestarias de la jurisdicción. Además, el fallo advierte que la información de ingresos y egresos presupuestarios y extrapresupuestarios no refleja el movimiento de fondos que cada repartición debería exponer en un sistema contable integral e integrado.

La observación adquiere mayor peso porque el mismo fallo también deja constancia de que el sistema de gestión de información financiera SIGAF-PBA no fue auditado bajo los términos de una auditoría de sistemas. Es decir, no se verificó específicamente la trazabilidad completa de las operaciones del sistema, sino que se asumieron como aceptables sus procesos y módulos implementados.

En términos administrativos, la diferencia es importante: no se trata de una acusación de desvío de fondos ni de una rendición rechazada, sino de una advertencia sobre la visibilidad, trazabilidad y exposición integral de los movimientos financieros de la secretaría General. Dicho de otro modo, el Tribunal marcó que una parte sustancial del gasto quedó por fuera del esquema de exposición del Estado de Movimiento de Fondos.

El fallo también contextualiza que, durante el ejercicio 2024, la estructura de la secretaría General se vio modificada por la disolución de la jefatura de Gabinete de Ministros y la transferencia de unidades estratégicas, entre ellas el Organismo Provincial de Contrataciones y la subsecretaría de Gestión y Empleo Público, junto con recursos humanos, patrimoniales y presupuestarios.

Pese a esas advertencias, el Tribunal concluyó que la rendición presentada por los responsables de la secretaría General quedó “integrada y ajustada” en sus aspectos significativos a las prescripciones legales y presupuestarias vigentes, por lo que resolvió aprobar la cuenta correspondiente al ejercicio 2024.

El punto político y administrativo queda abierto: el propio organismo de control dejó asentado que más de 30.885 millones pagados por Tesorería General no fueron reflejados dentro de la exposición del Estado de Movimiento de Fondos de la jurisdicción. (www.REALPOLITIK.com.ar)