Nepotismo: Sandra Rey nombró a su hijo como director de la comisión que preside

En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el discurso contra “los privilegios de la política” parece chocar contra un dato que surge de una fuente oficial: la comisión de Cultura está presidida por Sandra Mónica Rey, legisladora de La Libertad Avanza, y tiene como director a Rodrigo Devita. La ficha pública de la Legislatura consigna a Rey como presidenta desde el 25 de marzo de 2026 y, en el mismo apartado institucional, informa que la dirección de la comisión está a cargo de Devita.

El punto sensible es el vínculo familiar. Según confirmó este medio, Rodrigo Nahuel Devita es hijo de Sandra Rey y de Omar Marcelo Devita. Así, la pregunta deja de ser meramente política y pasa a ser institucional: ¿cómo se tramitó esa designación?, ¿quién la propició?, ¿hubo intervención previa de la Oficina de Integridad Pública?, ¿se acreditó formalmente la idoneidad del postulante?, ¿existe dependencia funcional directa entre la presidenta de la comisión y su hijo?

Régimen específico, el dato que cambia la discusión

A diferencia de otros distritos donde el nepotismo queda librado a una discusión ética o política, la Ciudad de Buenos Aires tiene una regulación expresa. La ley 6.357, de Régimen de Integridad Pública, dedica un capítulo específico al nepotismo. Su artículo 6 establece que cuando un funcionario público promueva la promoción, contratación o designación de una persona con la que tenga vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, o de su cónyuge o conviviente, debe acreditar ante la Oficina de Integridad Pública la idoneidad del postulante.

La misma norma agrega otro punto central: la intervención de la Oficina de Integridad Pública, hoy en manos de Diego Ramiro Minetti, debe producirse antes del acto administrativo de promoción, designación o contratación, con un dictamen no vinculante basado en antecedentes laborales, profesionales, académicos, habilidades y experiencia de la persona propuesta.

Y el artículo 8 es aún más directo: las personas designadas bajo ese supuesto “no podrán en ningún caso prestar funciones bajo la supervisión directa” del funcionario que promovió su designación, salvo excepciones previstas por la propia ley, como funciones previas o acceso por concurso público.

Por eso, el caso Rey-Devita no puede despacharse con una respuesta superficial. No alcanza con decir que el cargo existe, que el nombre figura en la web o que el designado tiene antecedentes políticos. La cuestión es otra: si el vínculo familiar está acreditado, la Legislatura debe poder mostrar qué procedimiento se siguió y qué controles se activaron.

Karina Milei , Sandra Rey junto a Andrea Freguia (centro, con anteojos) y otras legisladoras del espacio La Libertad Avanza. 

La OIP, en el centro de la escena

La Legislatura porteña cuenta con su propia Oficina de Integridad Pública. En su sitio oficial, ese organismo explica que trabaja en el fortalecimiento de la integridad y la ética en la administración pública en el ámbito de la Legislatura, el Ente Regulador de los Servicios Públicos, la Auditoría General de la Ciudad y la defensoría del Pueblo porteña. También señala que la ley 6.357 regula los principios éticos, incompatibilidades, mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses, y sanciones por incumplimiento.

La pregunta, entonces, es concreta: ¿la Oficina de Integridad Pública de la Legislatura intervino antes de la designación de Rodrigo Devita como director de la comisión de Cultura? Si lo hizo, ¿qué dictaminó? Si no lo hizo, ¿por qué no intervino? Y si el nombramiento fue impulsado por otra autoridad, ¿quién firmó o propició el acto?

El problema no es solamente jurídico. Es político. La Libertad Avanza construyó parte de su identidad pública sobre la crítica a los privilegios, el uso partidario del Estado y la discrecionalidad en los nombramientos. De hecho, cuando Sandra Rey se incorporó formalmente al bloque libertario, la presidenta del bloque, Pilar Ramírez, la presentó junto a Karina Milei y habló de una agenda orientada a reducir gasto público y terminar con privilegios.

Ingreso a la Legislatura Porteña.

Rodrigo Devita: del armado político al cargo legislativo

Según el Tribunal Electoral de la Ciudad, Rodrigo Nahuel Devita no aparece en la vida pública solamente como director de una comisión. En 2025 figuró oficialmente como candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo —MID—, en la lista encabezada por Ricardo Caruso Lombardi. 

Ese antecedente no constituye por sí mismo una irregularidad. Pero sí aporta contexto: Devita no era un técnico anónimo incorporado por fuera de la política, sino una persona con participación electoral previa en el mismo ecosistema político del que provino Sandra Rey antes de su pase a LLA.

Ese pase también fue público. En febrero de 2026 que Rey abandonó el MID y se sumó al bloque libertario de la Legislatura Porteña, movimiento que fortaleció a la bancada conducida por Pilar Ramírez.

Sandra Rey junto a su hijo Rodrigo Devita, designado director de la comisión de Cultura que ella preside en la Legislatura de CABA.

El antecedente familiar en la Defensoría del Pueblo

El caso suma otro dato: Omar Marcelo Devita, padre de Rodrigo y pareja de Sandra Rey, según supo REALPOLITIK, también registra antecedentes en organismos públicos porteños, incluyendo a la propia Legislatura Porteña. De hecho, luego, una disposición de la defensoría del Pueblo de la Ciudad, fechada el 29 de febrero de 2016, aprobó la conformación de la planta de gabinete del defensor del Pueblo Adjunto para ese ejercicio y ubicó al padre del clan entre los ingresos del 1 de febrero de 2016.

Un año después, otra disposición de la defensoría, del 28 de marzo de 2017, volvió a incluir a Omar Marcelo Devita dentro de la planta de gabinete correspondiente a ese organismo.

Ese dato tampoco implica por sí solo una ilegalidad. Pero completa el mapa: no se trata de un vínculo aislado entre una legisladora y un director de comisión, sino de una familia con presencia previa en estructuras públicas de la Ciudad. En un contexto donde la austeridad, la transparencia y la meritocracia son banderas discursivas del oficialismo libertario, la información merece explicación pública.

El padre del clan tiene un contrato en la defensoría del Pueblo.

La paradoja libertaria

La contradicción política es evidente. La Libertad Avanza llegó a la Legislatura y al poder nacional con una promesa de ruptura con la vieja política. Pero en la comisión de Cultura aparece una postal incómoda: una legisladora libertaria preside un área legislativa y su hijo figura como director de esa misma estructura.

De hecho, el único integrante de la familia que trabajar por fuera del esquema público es el otro hijo del clan Rey-Devita, Gonzalo Martín, quien aparece vinculado laboralmente a firmas del sector farmacéutico: primero a Farmagal SRL y luego a Pharmatek SRL (dedicada al tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales), de acuerdo con registros laborales relevados por este medio.

Pero volviendo al eje del artículo, la discusión no debe reducirse a si Rodrigo Devita tiene o no capacidad para cumplir la función. La cuestión de fondo es si el procedimiento fue transparente, si la idoneidad fue acreditada ante el órgano competente, si existió dictamen previo de la Oficina de Integridad Pública y si el cargo implica o no supervisión directa por parte de su madre.

En materia de integridad pública, las formas importan tanto como el resultado. El nepotismo no se configura únicamente cuando un familiar es incompetente. Se configura cuando el acceso al cargo aparece condicionado por el vínculo familiar, cuando no hay competencia abierta, cuando no se explican los criterios de selección o cuando el beneficiario queda bajo la órbita de poder de su propio pariente. (www.REALPOLITIK.com.ar)