Fallo Sputnik: la advertencia de Marcelo Peretta que el poder no quiso escuchar

La reciente decisión de la Cámara Federal de Córdoba, que reconoció la relación causal entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven cordobesa de 24 años sin antecedentes médicos relevantes, abrió una discusión incómoda que durante la pandemia fue prácticamente expulsada del debate público: qué lugar tuvieron las advertencias sobre los riesgos, la velocidad de aprobación, la farmacovigilancia y la presión política para instalar un discurso único sobre la vacunación contra el COVID-19.

El fallo marca un precedente judicial y sanitario de alto impacto: la Justicia entendió que la evidencia médica reunida permitía acreditar el nexo causal entre la vacunación y el daño fatal sufrido por la joven. Según la normativa vigente, el Fondo de Reparación COVID-19 contempla indemnizaciones para quienes hayan padecido daños físicos como consecuencia directa de la vacuna, y exige probar el daño y su relación causal mediante la “preponderancia de la evidencia”.

En ese marco, Marcelo Peretta, doctor en Farmacia y bioquímico, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, volvió a ocupar un lugar central en la discusión. Durante la pandemia, Peretta fue una de las voces más críticas del esquema de encierro prolongado, de la vacunación masiva sin suficiente debate público y del rol de los infectólogos mediáticos que acompañaban la estrategia oficial. Por esas posiciones, fue señalado como “peligroso”, cuestionado públicamente y directamente corrido de los grandes medios.

“Hoy el tiempo me da la razón”

“¿Te acordás cuando yo advertía sobre los riesgos de aplicar masivamente una vacuna experimental cuando todavía no había sido suficientemente estudiada y por tanto era inefectiva e insegura? Me trataron de irresponsable, me cancelaron y me censuraron en todos los medios”, sostuvo Peretta en un video difundido recientemente.

El dirigente sanitario asegura que durante la pandemia fue víctima de una cancelación coordinada desde el poder político. Según relató, un funcionario del área de Comunicación del gobierno de Alberto Fernández lo convocó para advertirle que su discurso era “peligroso” y le mostró un comunicado oficial que buscaba frenar sus apariciones mediáticas.

“Yo fui condenado mediáticamente por algo en lo que, en definitiva, tenía razón: estas vacunas se habían hecho muy rápido y por tanto eran riesgosas. Hoy está confirmado por la Justicia que una joven murió por la vacuna Sputnik”, planteó.

La frase apunta al caso de Sartori, quien recibió la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021 y falleció el 29 de julio de ese mismo año. De acuerdo con las crónicas judiciales, el cuadro evolucionó hacia una trombosis con trombocitopenia, y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas revisó posteriormente la clasificación inicial del caso hasta reconocer evidencia de causalidad.

Una advertencia que fue tratada como delito político

La reivindicación de Peretta no se limita al caso judicial. También apunta al clima político y mediático de la pandemia. En 2020, cuando la cuarentena obligatoria todavía concentraba amplios niveles de adhesión, el dirigente ya cuestionaba el encierro prolongado, pedía testeos masivos, uso de barbijo, protección selectiva de grupos de riesgo y reapertura del trabajo con cuidados.

En una entrevista publicada por Infobae en julio de 2020, Peretta advertía que el aislamiento total podía producir daños sanitarios, económicos y sociales. “Prefiero ser un hombre libre, con riesgo de enfermarse, que un esclavo que ni siquiera gozará de buena salud”, decía entonces, en una frase que sintetizaba su choque frontal con el relato oficial.

Ese posicionamiento le costó caro. Mientras el gobierno nacional y buena parte del sistema mediático impulsaban un mensaje homogéneo, las voces que pedían discutir riesgos, efectos adversos o proporcionalidad de las medidas sanitarias fueron rápidamente ubicadas en el margen. Peretta quedó asociado a la etiqueta de “anticuarentena” y “peligroso”, una forma de deslegitimación que lo sacó de los canales de televisión.

“Me cancelaron todos. Yo iba a todos los canales y de golpe no aparecí más. La gente me preguntaba qué me había pasado. Lo que pasó es que me bajaron”, afirmó.

El fallo que reabre una discusión silenciada

El caso Sartori obliga ahora a revisar aquel clima. La propia existencia del Fondo de Reparación COVID-19 demuestra que el Estado contemplaba la posibilidad de daños graves derivados de la vacunación. La ley 27.573 prevé indemnizaciones para personas que hayan sufrido daños físicos como consecuencia directa de la vacuna, y en casos de muerte o incapacidad total y permanente fija una reparación equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios.

Ese dato derrumba la idea de que hablar de efectos adversos graves era, por sí mismo, una conducta irresponsable o conspirativa. Para Peretta, allí está el punto central: “Las vacunas son medicamentos y tienen un proceso que debe cumplirse. Usarlas antes de tiempo es un riesgo. ¿Quién va a pagar los daños y perjuicios? ¿Dónde están los que todos los días daban órdenes, los que decían vacunate, vacunate, vacunate?”.

Su crítica también alcanza a los laboratorios, a los funcionarios que diseñaron la campaña sanitaria y a los comunicadores que, según él, actuaron como voceros de una política pública sin admitir matices ni preguntas.

Pandemia, exceso de mortalidad y responsabilidades políticas

La discusión aparece además en un contexto internacional más amplio. La Organización Mundial de la Salud informó en mayo de 2026 que, entre 2020 y 2023, la pandemia estuvo vinculada a un exceso de mortalidad estimado en 22,1 millones de muertes en el mundo, más de tres veces por encima de las muertes por COVID-19 notificadas oficialmente. La OMS aclaró que esa cifra incluye tanto fallecimientos directos como indirectos, derivados del impacto de la crisis sanitaria sobre los sistemas de salud y la vida social.

Para Peretta, la Argentina no solo debe discutir cuántas personas murieron por el virus, sino también cuántas pudieron haber muerto por decisiones mal tomadas, por encierros prolongados, por falta de atención de otras patologías, por demoras médicas o por efectos adversos no debidamente monitoreados.

“En la Argentina murió más gente de la que se debería haber muerto si se hacían las cosas bien”, afirmó.

La reivindicación pendiente

La figura de Peretta vuelve así al centro de una disputa que excede a la Sputnik V y reclama una reparación política y mediática: que se revise el trato dado a quienes, durante la emergencia, plantearon dudas sobre la velocidad de aprobación de las vacunas, la falta de información completa, la presión social para vacunarse y el silenciamiento de cualquier mirada disidente.

El fallo por la muerte de Melín Sartori no clausura el debate sanitario. Al contrario: lo reabre. Y obliga a una pregunta que durante años muchos prefirieron evitar: ¿cuántas voces fueron canceladas no por estar equivocadas, sino por incomodar al poder en el peor momento de su relato? (www.REALPOLITIK.com.ar)