“Esto lo tiene que saber Martín y Lule”: la trama de OSPRERA que investiga la Justicia

Mientras el gobierno de Javier Milei intenta sostener un discurso de transparencia y combate a los privilegios de la vieja política, una investigación judicial comenzó a poner el foco sobre una serie de contrataciones realizadas en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) que podrían salpicar directamente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a personas de su círculo más cercano.

La causa, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, apunta a determinar si existieron irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos millonarios durante la intervención de la obra social. En ese marco, la Justicia solicitó medidas de prueba sobre Sergio Andrés Aguirre, empresario que compartió negocios con Martín Menem y que aparece vinculado a una de las firmas que recibió pagos por casi 248 millones de pesos provenientes de OSPRERA.

Aunque el juez Sebastián Casanello todavía no resolvió los pedidos de indagatoria, sí avanzó con nuevas medidas para profundizar la investigación. El expediente comenzó a tomar una dimensión política mayor a partir de una serie de documentos, registros telefónicos y movimientos bancarios incorporados a la causa.

El socio comercial de Martín Menem bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la investigación gira alrededor de la empresa HTech Innovation, señalada por haber percibido 247.836.858 provenientes de OSPRERA entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

Según la documentación agregada al expediente, los desembolsos fueron realizados en distintas transferencias que incluyeron pagos superiores a los 45 millones de pesos en noviembre de 2024 y otros montos periódicos durante los meses siguientes. La contratación tenía como objetivo la actualización y modernización del software utilizado por la obra social.

Sin embargo, los investigadores buscan determinar si detrás de esos pagos existió una relación de influencia política o un eventual direccionamiento de las contrataciones.

La clave aparece en la figura de Sergio Andrés Aguirre. La Inspección General de Justicia informó que Aguirre constituyó junto a Martín Alexis Menem la sociedad TR Nutrition SRL en julio de 2019. Ambos aparecen como socios fundadores de la firma, dedicada a la comercialización y distribución de productos alimenticios y suplementos dietarios.

Ese dato, que podría parecer anecdótico en otro contexto, adquirió relevancia a partir de que Aguirre es mencionado en la investigación vinculada a los contratos de OSPRERA y ahora la Justicia pretende que brinde explicaciones sobre su rol y sus vínculos con los funcionarios involucrados.

Los contactos que encendieron las alarmas

La parte más sensible del expediente no pasa únicamente por el flujo de dinero. Según surge de la investigación, también fueron detectadas decenas de comunicaciones entre Aguirre y quienes tuvieron a cargo la intervención de la obra social.

Los registros incorporados a la causa muestran 52 llamadas de WhatsApp entre Aguirre y Marcelo Petroni, uno de los interventores designados por el gobierno nacional. Además, se contabilizaron alrededor de 30 comunicaciones telefónicas con Virginia Montero, quien también ocupó responsabilidades dentro de la intervención.

Para los investigadores, la frecuencia de esos contactos resulta un elemento relevante porque coincide temporalmente con el período en el que se ejecutaban los pagos bajo análisis.

Pero hay un detalle adicional que llamó especialmente la atención dentro de la causa. Entre los mensajes incorporados aparecen frases que hacen referencia directa a dirigentes del entorno político de Martín Menem. Expresiones como “Esto lo tiene que saber Martín y Lule” o “Avísale a Lule” quedaron registradas dentro de la documentación analizada por la fiscalía.

La mención a “Lule” es interpretada en ámbitos políticos como una referencia a Eduardo “Lule” Menem, histórico operador político de la familia riojana y uno de los hombres de mayor confianza dentro del esquema de construcción política que rodea al presidente de la Cámara de Diputados.

Aunque esas conversaciones por sí mismas no constituyen prueba de delito, sí fortalecen la hipótesis de trabajo que intenta reconstruir la existencia de vínculos entre los beneficiarios de los contratos y sectores con influencia política dentro del oficialismo.

La sede de OSPRERA en la Ciudad de Buenos Aires.

Una causa que amenaza con llegar al corazón del poder libertario

Hasta el momento, Martín Menem no aparece formalmente imputado en el expediente. Sin embargo, su nombre comenzó a repetirse con frecuencia dentro de la investigación debido a su relación societaria previa con Aguirre y a las referencias surgidas en las comunicaciones bajo análisis.

La situación resulta particularmente incómoda para el oficialismo porque Menem es uno de los dirigentes más importantes del esquema de poder construido por el presidente Javier Milei. Como titular de la Cámara de Diputados, se convirtió en una de las piezas fundamentales para la gobernabilidad libertaria y en uno de los principales articuladores políticos del gobierno.

Por eso, cualquier avance judicial que acerque la investigación a su entorno podría generar consecuencias políticas de gran magnitud.

Fuentes vinculadas a la causa sostienen que la fiscalía intenta establecer si las relaciones comerciales y personales existentes entre Aguirre, funcionarios de la intervención y dirigentes cercanos a Menem tuvieron algún grado de incidencia en la contratación de HTech Innovation.

La reconstrucción de movimientos bancarios, registros societarios, comunicaciones telefónicas y documentación administrativa apunta precisamente a responder esa pregunta.

Las explicaciones que todavía no llegaron

Otro aspecto que genera interrogantes es la magnitud de los pagos realizados por OSPRERA durante un período relativamente corto. Los casi 248 millones de pesos transferidos a la empresa investigada fueron ejecutados en apenas ocho meses, según consta en la documentación incorporada al expediente. La Justicia intenta determinar si los trabajos contratados fueron efectivamente realizados, si los montos abonados guardaban relación con los servicios prestados y bajo qué criterios se seleccionó a la firma.

Por ahora, las respuestas siguen siendo parciales.

Mientras Casanello evalúa los próximos pasos procesales y Marijuán profundiza la recolección de pruebas, el expediente comienza a transformarse en una potencial fuente de desgaste para uno de los apellidos con mayor peso dentro del oficialismo.

La investigación todavía está lejos de una definición judicial, pero los documentos incorporados en las últimas semanas abrieron una ventana incómoda sobre los vínculos empresariales, políticos y personales que rodean a Martín Menem. Y en una administración que hizo de la lucha contra la casta una de sus principales banderas discursivas, la aparición de contratos millonarios, socios comerciales y mensajes que remiten al círculo íntimo del poder libertario amenaza con convertirse en un problema político mucho más difícil de explicar que de negar. (www.REALPOLITIK.com.ar)