Causa en su contra: Virginia Creimer cuestionó al fiscal Ulpiano Martínez

La médica forense Virginia Creimer declaró este jueves en el marco de la causa impulsada por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y rechazó las acusaciones en su contra, al tiempo que formuló duras críticas hacia la actuación judicial en la investigación derivada del caso de Facundo Astudillo Castro.

Durante una extensa exposición, la especialista sostuvo que la imputación carece de fundamentos jurídicos y técnicos, y afirmó que existe un marcado desconocimiento sobre los protocolos internacionales que regulan las investigaciones vinculadas a desapariciones de personas y posibles violaciones a los derechos humanos.

La declaración de Creimer se produjo en un contexto de atención creciente por parte de organismos de derechos humanos, especialistas forenses y sectores académicos que siguen de cerca la evolución del expediente.

Cuestionamientos a la acusación y defensa de los protocolos internacionales

Uno de los ejes centrales de la presentación estuvo relacionado con su actuación pericial en el destacamento policial de Teniente Origone, durante la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Facundo Astudillo Castro.

Según explicó la médica, la exhaustividad en el análisis de pruebas y escenas no constituye una irregularidad, sino una obligación profesional basada en estándares internacionales de investigación.

En ese sentido, citó el Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas, utilizado en investigaciones sobre muertes potencialmente ilícitas y desapariciones forzadas.

“La minuciosidad que se me recrimina no es un delito sino una competencia que surge del estudio y aplicación permanente de todos los protocolos de investigación forense”, afirmó durante su declaración.

Creimer sostuvo además que la interpretación realizada por el fiscal sobre su desempeño profesional evidencia un desconocimiento de las herramientas técnicas utilizadas en este tipo de investigaciones complejas.

Desde la defensa señalaron que la exposición permitió explicar detalladamente los fundamentos científicos y jurídicos que respaldaron su intervención pericial en la causa.

Preocupación por el posible precedente judicial

Más allá de la situación procesal particular, la defensa de la especialista manifestó preocupación por las consecuencias institucionales que podría generar una eventual criminalización de las opiniones técnicas emitidas por peritos en investigaciones judiciales.

Los abogados advirtieron que avanzar con acusaciones de falso testimonio basadas en diferencias de criterio científico podría afectar la independencia profesional de especialistas que intervienen en causas complejas y abrir interrogantes sobre pericias realizadas en distintos expedientes del país.

Según plantearon, este tipo de situaciones podría impactar sobre la seguridad jurídica y generar cuestionamientos respecto de procesos judiciales ya concluidos.

Asimismo, sostuvieron que el escenario podría incluso derivar en futuras responsabilidades internacionales para el Estado argentino si se interpretara que existe una afectación a la autonomía técnica de los expertos que intervienen en investigaciones de derechos humanos.

Trayectoria profesional y denuncias de persecución

Durante su declaración, Virginia Creimer también repasó parte de su trayectoria profesional en causas vinculadas a violencia institucional, desapariciones, torturas y derechos humanos.

Entre otros antecedentes, recordó su participación en investigaciones relacionadas con Luciano Arruga, Franco Casco, Carlos Orellano y distintos casos de muertes bajo custodia estatal.

La perito además denunció haber sido objeto de amenazas y presentaciones judiciales en el pasado debido a su intervención en causas sensibles, entre ellas aquellas vinculadas al represor Miguel Etchecolatz, donde integró juntas médicas que concluyeron que debía permanecer detenido en una cárcel común.

En otro tramo de su exposición, cuestionó que el fiscal Ulpiano Martínez la convocara a declarar en instancias judiciales anteriores mientras, según sostuvo, ya existía una investigación en curso en su contra, situación que consideró incompatible con garantías constitucionales básicas.

“La única subjetividad que presenta esta causa es la interpretación de pretendidas pruebas y confabulaciones inexistentes”, expresó la especialista al finalizar su presentación.

La causa continúa generando repercusiones en ámbitos judiciales, académicos y de derechos humanos, donde diversos sectores observan con atención las implicancias que podría tener el avance del expediente sobre el trabajo de los peritos y especialistas que participan en investigaciones de alta sensibilidad institucional. (www.REALPOLITIK.com.ar)