La contaduría General de la provincia de Buenos Aires, conducida por Carlos Baleztena, quedó envuelta en una nueva controversia interna luego de que se conociera una nota administrativa que dispone la baja arbitraria y revocación total de los permisos de acceso de cuatro becarios del organismo. La medida, que regirá desde el 1 de junio de 2026, no sólo implica la interrupción de sus tareas, sino también una virtual prohibición de ingreso al lugar de trabajo.
Según la documentación a la que accedió REALPOLITIK, la orden alcanza a L, F, C y P, quienes cumplían funciones bajo la modalidad de becarios o pasantes dentro de la estructura de la contaduría. La decisión generó fuerte malestar puertas adentro, ya que fuentes del organismo aseguran que los trabajadores no registraban antecedentes disciplinarios ni conflictos laborales previos.
La situación encendió las alarmas del gremio ATE, que presentó una nota formal dirigida al contador Baleztena para solicitar la continuidad laboral de los becados y pedir una reunión con carácter urgente. En el escrito, la organización sindical calificó la medida como un “despido arbitrario e injustificado”.

El punto más llamativo del caso surge de la propia documentación interna. La nota no se limita a informar una baja contractual o administrativa, sino que pide expresamente la revocación total de los permisos de acceso a las instalaciones del edificio para los jóvenes incluidos en la lista.
“Esta medida deberá hacerse efectiva a partir del 1 de junio de 2026”, indica el texto. Y agrega que, desde esa fecha, “ninguna de estas personas tendrá permitido el ingreso al establecimiento”.
La redacción llamó la atención de trabajadores del organismo, que interpretan la decisión como una medida desproporcionada. “Los sacaron como si hubieran cometido una falta grave, pero nunca tuvieron ningún problema”, sostuvo una fuente con conocimiento del caso.
En ese marco, crece la sospecha de que la decisión podría responder a una maniobra interna para desplazar a los becarios y liberar lugares para el ingreso de personas cercanas a sectores de conducción. Por el momento, no se conoce una explicación formal que justifique el nivel de severidad de la medida.

La presentación gremial fue realizada por la Asociación Trabajadores del Estado, en representación del consejo directivo provincial. Allí se solicita la continuidad laboral de los becarios o pasantes que cumplían funciones en la dirección General de Autorizaciones de Pago y en la dirección Recursos y Pagos.
“Nuestro pedido obedece al despido arbitrario e injustificado de nuestros compañeros”, expresa la nota, fechada el 26 de mayo de 2026.
El gremio también pidió una reunión “con carácter urgente” para abordar la situación y advirtió que la decisión vulnera derechos laborales básicos. “Esta organización entiende que esta actitud llevada adelante por su organismo vulnera el derecho al trabajo consagrado por ley”, sostuvo ATE.
La presentación ingresó formalmente por mesa de entradas de la contaduría General de la provincia, según consta en el sello incorporado al documento.
Además de las notas formales, REALPOLITIK accedió a conversaciones internas que muestran que los trabajadores continuaban reclamando la asignación de expedientes y tareas. En uno de los intercambios, una trabajadora consulta por expedientes para ella y para P, mientras se encontraba utilizando la computadora de otro compañero.
La respuesta recibida fue que la asignación estaba siendo manejada por Federico Moscoloni, director general de Autorizaciones de Pago. En otro chat, también aparece un asesor de la dirección, como parte del circuito interno de comunicación.
Los mensajes son relevantes porque exhiben que, lejos de tratarse de una situación de abandono de tareas o ruptura previa, los trabajadores seguían consultando por funciones concretas dentro del organismo. Incluso, en una conversación anterior, se les habría informado que “la facultad” había comunicado que debían tomarse vacaciones, algo que fue rechazado por al menos una de las trabajadoras.
Los mensajes son relevantes porque exhiben que, lejos de tratarse de una situación de abandono de tareas o ruptura previa, los trabajadores seguían consultando por funciones concretas dentro del organismo. En ese contexto, según relataron los propios damnificados, Moscoloni les habría transmitido que debían tomarse vacaciones, invocando una supuesta comunicación vinculada a “la facultad”. Sin embargo, fuentes del caso remarcaron que la UNLP no administra ni define ese tipo de cuestiones laborales dentro del organismo provincial. La maniobra, sospechan, habría buscado inducir ausencias para luego utilizarlas como argumento de un despido con causa.


La medida generó inquietud entre empleados de la contaduría, donde algunos interpretan que la salida de los cuatro becarios podría estar vinculada a una decisión de la conducción por lugares internos. La hipótesis que circula es que la baja permitiría abrir vacantes para incorporar personal afín.
El dato no es menor: la contaduría General es un organismo clave en la administración bonaerense, con intervención directa en procesos de autorización, pagos y control administrativo. Por eso, cualquier movimiento interno dentro de áreas sensibles despierta atención política y gremial.
En este caso, la controversia no sólo pasa por la pérdida de continuidad laboral de los becarios, sino por el mecanismo utilizado: una decisión administrativa que terminó acompañada por una prohibición expresa de ingreso al edificio.
Mientras ATE reclama explicaciones y pide la reincorporación de los trabajadores, la conducción de Baleztena deberá responder por qué se avanzó con una medida de semejante alcance contra cuatro jóvenes que, según denuncian en el organismo, no tenían sanciones ni antecedentes que justificaran semejante decisión. (www.REALPOLITIK.com.ar)