Andrés González Balcarce, abogado y docente de Teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires, analizó en RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) el histórico fallo judicial dictado por la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba, que reconoció la relación de causalidad entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y el fallecimiento de una joven de 24 años por trombocitopenia. El letrado calificó la resolución como "un hito en la historia contemporánea" y un "motivo de gran alegría" que sentará jurisprudencia en el país.
"La Justicia reconoció la plena prueba holgada, con evidencia, de la muerte por trombocitopenia, es decir, una baja significativa de plaquetas, lo cual es gravísimo", detalló González Balcarce respecto al trabajo del abogado de la familia, Martín Barbara. El fallo ordena al estado nacional avanzar con la indemnización prevista en la ley 25.773 de reparación por efectos adversos, revocando el rechazo inicial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El letrado recordó que, durante la pandemia, se establecieron cláusulas de indemnidad patrimonial y prórroga de jurisdicción a favor de los laboratorios. En ese sentido, cuestionó duramente la gestión de Alberto Fernández y Ginés González García por haberle quitado la autarquía a la ANMAT para hacerla depender directamente del ministerio de Salud, calificando la maniobra como "una política oscura".
Durante la entrevista, el docente vinculó el manejo global de la vacunación con corrientes ideológicas y eugenésicas que, según su visión, aún persisten en sectores de poder. "Particularicé mi exposición sobre la vacuna contra el coronavirus, pero aludí también al problema del neomalthusianismo atrás de todo esto, porque es evidente que ha habido finalidades o causas finales", sostuvo.
González Balcarce explicó que Thomas Malthus erró gravemente en sus predicciones de 1776 al no contemplar los avances tecnológicos y agrícolas, pero advirtió que figuras globales contemporáneas y organismos financieros internacionales insisten de manera solapada con la reducción de la población. "La propaganda era tan fuerte y la coacción que se ejercía fue tan profunda que la gente creía que era obligatorio y que no podía ir a trabajar si no se vacunaba", denunció.
El abogado señaló que el fallo judicial en Córdoba abre una brecha jurídica importante para miles de damnificados que consideraban que no valía la pena iniciar acciones legales. "Esto va a abrir una catarata de juicios. Muchos abogados que han hecho un laburo titánico ahora estarán celebrando porque todos van a referir a este fallo", auguró.
Por último, advirtió que si se logra demostrar la existencia de dolo en el suministro y la contratación de las dosis, las cláusulas de indemnidad de los laboratorios caerían automáticamente, abriendo la puerta a la aplicación del Código Penal y los tratados internacionales. "Si se demuestra que hay dolo, estamos ante delitos de lesa humanidad imprescriptibles. El artículo 215 del Código Penal establece penas de reclusión perpetua para los que incurran en traición a la patria y en violación al Estatuto de Roma o la Convención sobre el Genocidio", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)