Agustín P. Justo y la Década Infame: el reino del fraude y la corrupción

En las elecciones del mes de noviembre de 1931 resultó victoriosa la fórmula Agustín P. Justo - Julio A. Roca (h), gracias a la aplicación de un grosero fraude. Quedaba así inaugurada la “Década Infame” –según la popularizada definición del periodista salteño José Luis Torres–, que se caracterizó por la proscripción de la UCR yrigoyenista, el partido popular, y la asignación de la condición de “patriótico” al grotesco fraude que se aplicó de manera sistemática.

La presidencia de Justo sería continuada por las de Roberto Ortiz y Ramón Castillo, en el marco de un vergonzoso intento oligárquico de restauración del patriciado, que combinó proscripciones, fraudes, actos de corrupción diversos y sometimiento al poderío económico británico. Los años dorados del mitrismo y el roquismo revivían en la Argentina de entre-guerras, burlándose abiertamente de las disposiciones de la Ley Sáenz Peña, con la aprobación de la prensa oligárquica.

Durante la Década Infame, la alianza reaccionaria que se apropió del gobierno adoptó la denominación de “Concordancia”, y estuvo compuesta por la UCR antipersonalista, el Partido Demócrata Nacional y demás partidos conservadores provinciales, y el Partido Socialista Independiente, escisión “por derecha” del partido Socialista” producida hacia 1930. En vistas de la prohibición que pesaba sobre la UCR yrigoyenista, la única oposición admitida por el nuevo consenso oligárquico se nucleaba en Alianza Civil, compuesta por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. La fórmula compuesta por Lisandro De la Torre –paradójicamente, el candidato preferido por el ya devaluado Uriburu– y Nicolás Repetto, uno de los máximos referentes del Partido Socialista, fue derrotada por la Concordancia en comicios viciados de absoluta nulidad por Justo y Roca (h). Por su parte, la candidatura de Marcelo T. de Alvear, propuesta por sus seguidores, fue vetada por las autoridades.

¿República o entrega colonial?

El triunfo de la Concordancia inició para algunos representantes del colonialismo oligárquico, como el socialista independiente –y luego referente conservador– Federico Pinedo, “los tiempos de la República”. Para los referentes del campo popular, como Arturo Jauretche, en cambio, se trataba de la entrega lisa y llana del país al Imperio Británico de la forma más descarada que se había planteado desde la época de Rivadavia.

Una vez asumida la presidencia, Justo levantó el estado de sitio, amnistió a varios presos políticos, devolvió cargos a docentes cesanteados y frenó el accionar de la Legión Cívica. Desprovistas de toda inclinación democrática, las iniciativas de Justo se explican por su necesidad de desmontar las bases del régimen uriburista y plantear un estilo más “republicano”, construyendo un orden en el que las instituciones funcionasen formalmente, pero vaciadas de contenido, legitimidad y apoyo popular.

Tras la Conferencia de Ottawa de 1932, donde Gran Bretaña aceptó las presiones de sus colonias y anunció que, a partir de entonces, habría de desarrollar su actividad comercial exclusivamente con los miembros de la Commonwealth –lo que significaba la salida de la Argentina–, la desesperación de la oligarquía ganadera llegó al paroxismo. Más de un siglo de servilismo y sumisión, de entrega del patrimonio nacional, de imposición de las más flagrantes condiciones de sobreexplotación a los trabajadores argentinos e inmigrantes, de genocidio de indios, negros, gauchos y anarquistas no habían resultado suficientes para que, en el momento clave, los británicos advirtieran lo ya anticipado por Sarmiento: no eran más que una aristocracia pueblerina “con olor a bosta de vaca”.

Esa oligarquía, siempre dispuesta a entregar los recursos nacionales o el sacrificio de su pueblo al mejor postor, no dudó en negociar condiciones aún más humillantes para un país formalmente independiente, con tal de continuar en su función de cola de un león inglés cada vez más desvencijado. Así suscribió con orgullo un “estatuto legal del coloniaje” –según la lograda definición de Arturo Jauretche–, que para cualquier dirigencia realmente nacional y con un mínimo nivel de moralidad y dignidad hubiera resultado absolutamente inaceptable.

Una sumisión con orgullo

A fin de lograr ese acuerdo, una delegación oficial viajó a Londres, encabezada por el vicepresidente, Julio Roca (h), junto a Raúl Prebisch y Guillermo Leguizamón. El espíritu de la negociación se representa en la inmortal frase del hijo del “conquistador del desierto”: “La geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad económica de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”.

La humillante declaración del vicepresidente argentino causó beneplácito en el elenco británico, y hasta uno de sus integrantes insinuó que la Argentina debía sumarse abiertamente al Imperio, lo que fue considerado como un halago por la comitiva oficial de la oligarquía argentina. Es de destacar que, en la negociación, Gran Bretaña trató a la Argentina en el marco de una relación colonial, ya que confió justamente a Sir Walter Runciman, ministro de las Colonias, la responsabilidad de la gestión.

El 19 de mayo de 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman (complementado por otros acuerdos secretos), que otorgó a los británicos el control efectivo de nuestra economía, a cambio de garantizar la compra de carnes siempre y cuando su precio fuera inferior al pretendido por los miembros de la Commonwealth, con una disminución anual de su volumen de un 5 por ciento. La elite gobernante argentina aceptó asimismo la liberación de impuestos para productos ingleses mientras que también tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales, entre otras muchas disposiciones destructivas de los intereses de nuestro país.

El Pacto dispuso, además, la creación del Banco Central de la República Argentina (1936) con competencias para emitir billetes y regular las tasas de interés bajo la conducción de un directorio con fuerte composición de funcionarios del Imperio Británico, resignando de este modo una elemental soberanía financiera del Estado nacional.

Además se adjudicó a Inglaterra el monopolio de los transportes de Buenos Aires y diversas concesiones económicas a favor de capitales británicos, como por ejemplo el pago retroactivo del 7 por ciento anual sobre el capital invertido que el estado nacional había garantizado a los ferrocarriles, cuyo volumen de mercancías transportadas y su recaudación habían disminuido drásticamente con la crisis.

El tratado se ratificó por la ley 11.693, junto a otras leyes complementarias sancionadas en 1935, aprovechando la desorganización y las actitudes erráticas de la oposición. El reino del fraude, la corrupción y la sumisión al decadente Imperio Británico se consolidaba. (www.REALPOLITIK.com.ar)