Fundación Faro: los movimientos offshore de Agustín Laje previo a la intimación de la IGJ
Por: Martín Carrizo
Un testimonio interno proveniente del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires expuso una grave serie de acusaciones contra Gonzalo Rodríguez, director delegado del organismo ante la dirección de Personal bonaerense, a quien trabajadores señalan por presunto manejo discrecional de reubicaciones, designaciones y conflictos laborales internos.
Las palabras del trabajador provincial Emiliano Gastón Mir describen un escenario de fuerte malestar puertas adentro del ministerio que conduce Walter Correa. Allí se denuncia la existencia de prácticas de persecución política, obstáculos administrativos para empleados que solicitan cambios de área, presuntos malos tratos —especialmente hacia mujeres— y una preocupante falta de canales institucionales para contener conflictos laborales.
La contradicción no es menor: las denuncias apuntan justamente contra el organismo provincial encargado de velar por los derechos laborales, pero que, según el testimonio, puertas adentro no estaría garantizando mecanismos adecuados para sus propios trabajadores.
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta al rol de Gonzalo Rodríguez, señalado como el funcionario que concentraría decisiones sobre reubicaciones y designaciones laborales dentro del ministerio de Trabajo.
Según el testimonio, Rodríguez “se atribuye todas las decisiones sobre los reubicamientos y designaciones en los puestos laborales a título personal”, pero al mismo tiempo “entorpece los canales y vías orgánicas” para aquellos empleados que solicitan ser reubicados en áreas diferentes.
La acusación cobra relevancia porque la ley 10.430 regula el régimen del personal de la administración pública bonaerense y contempla la reubicación de agentes dentro de la estructura estatal. El texto oficial de la norma establece que la ley constituye el régimen aplicable al personal de la administración pública provincial dependiente del poder ejecutivo.
En ese marco, el planteo de los trabajadores apunta a una posible contradicción entre el funcionamiento real del área de Personal del ministerio y los mecanismos previstos para ordenar situaciones de disponibilidad, cese y reubicación dentro del empleo público provincial.
Entre los antecedentes más delicados mencionados en la denuncia aparece el caso de una empleada que, según el testimonio, habría sido recientemente anoticiada de que padecía cáncer y habría pedido a la dirección de Personal del ministerio de Trabajo que no la jubilaran.
De acuerdo con las palabras del trabajador Emiliano Gastón Mir, ese pedido habría sido rechazado. El testimonio agrega un dato estremecedor: la trabajadora murió al mes siguiente. El relato suma un elemento de extrema sensibilidad sobre el modo en que el área gestiona situaciones humanas de alta vulnerabilidad.
El descargo realizado por el trabajador del ministerio de Trabajo a este medio incluye una presunta metodología de persecución política contra trabajadores considerados disidentes o críticos de la gestión.
Según el testimonio, a través de empleados que responderían a Rodríguez, se controlaría a otros agentes del ministerio para monitorear qué dicen sobre la gestión, qué opinan del propio funcionario y del ministro, y cuáles son sus movimientos durante el horario laboral.
El denunciante interpreta esa práctica como una forma de tantear quejas internas y detectar eventuales movimientos de cuestionamiento. En palabras del dicente, el objetivo sería advertir si existen acciones tendientes a “desestabilizarlos” o siquiera cuestionarlos.
Este tramo de la presentación resulta especialmente grave porque, de comprobarse, implica la utilización de estructuras internas del Estado para controlar políticamente a empleados públicos en su lugar de trabajo.
Otro punto sensible del testimonio es la supuesta alianza entre la conducción del área cuestionada y los gremios provinciales que hacen pie dentro del ministerio de Trabajo. Esa convivencia permitiría frenar numerosos reclamos individuales y minimizar cualquier queja proveniente de otros sectores sindicales, particularmente ATE. El documento sostiene que los planteos quedarían reducidos a “oídos sordos” por parte de la gestión.
El señalamiento abre un frente sindical complejo: no sólo se cuestiona el funcionamiento administrativo del ministerio, sino también el modo en que los reclamos de los trabajadores circularían —o quedarían bloqueados— dentro de la estructura gremial e institucional.

El testimonio también habla de abuso de poder y malos tratos dentro de la dirección de Personal. Según el denunciante, esas prácticas afectarían de manera particular a mujeres, aunque también se extenderían de forma indiscriminada a otros trabajadores.
Además, las acusaciones indican que, ante planteos de renuncia motivados por el clima laboral, la respuesta institucional sería empujar al empleado a efectivizar esa salida, sin ofrecer alternativas formales de conciliación interna, reubicación o contención administrativa.
En otras palabras, los trabajadores denuncian que frente a situaciones de desgaste, conflicto o malestar laboral, el ministerio no estaría desplegando herramientas internas para resolver los casos, sino que limitaría las opciones del agente a irse.
La presentación realizada a REALPOLITIK concluye con una acusación concreta: en la práctica, el ministerio de Trabajo bonaerense no cuenta con un área designada específicamente para atender los casos de empleados de planta que, por distintos motivos, requieren una reubicación hacia otras áreas.
Ese punto es clave porque ordena toda la denuncia. No se trata únicamente de un conflicto personal con un funcionario, sino de una presunta falla estructural dentro del organismo: la ausencia de un canal claro, formal y especializado para tramitar situaciones laborales sensibles.
El caso deja expuesta una fuerte paradoja institucional. El ministerio encargado de intervenir en conflictos laborales, mediar entre empleadores y trabajadores, y garantizar derechos en el mundo del trabajo, aparece ahora cuestionado por sus propios empleados por presuntas prácticas de persecución, arbitrariedad y falta de respuesta administrativa. (www.REALPOLITIK.com.ar)