Persecución: Gabriel Katopodis pidió identificar a quienes marcharon por aumento de sueldo

La conflictividad laboral volvió a instalarse en el corazón del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires que conduce Gabriel Katopodis luego de que trabajadores nucleados en la Asociación Mutual Obras Sanitarias de Buenos Aires (AMOSBA) llevaron adelante una jornada de protesta con retención de tareas, asambleas permanentes y un corte de tránsito en la intersección de las calles 7 y 58 de La Plata, frente a la sede ministerial.

El reclamo tiene como eje una situación salarial que los propios trabajadores califican como "insostenible". Según denuncian, los ingresos del personal estatal quedaron muy por detrás del costo de vida y ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

La delegada gremial de AMOSBA, Yanina Pelli, describió un panorama alarmante a REALPOLITIK. "A la mayoría de los trabajadores bonaerenses no nos alcanza la plata; nuestros sueldos están muy bajos y no cubren la canasta familiar. Hoy muchos compañeros tienen que buscarse tres o cuatro trabajos para sobrevivir, volver a vivir con sus padres o compartir gastos con otras personas", afirmó.

Una postal de la última movilización.

De acuerdo a la dirigente, el salario promedio dentro de la administración pública provincial ronda actualmente los 800 mil pesos mensuales, una cifra que, según sostienen desde el sector, se encuentra por debajo de los niveles necesarios para afrontar el costo real de vida en la provincia. “Necesitamos que se reabra la paritaria para poder discutir nuestra bonificación y que, a partir de eso, podamos mejorar nuestra situación salarial”, expresó Pelli.

En efecto, el conflicto excede la cuestión salarial inmediata. Los trabajadores reclaman la reapertura de la denominada "paritaria sectorial de infraestructura", un ámbito específico de negociación que permanece paralizado desde hace cuatro años. “También integramos el reclamo de #NiUnaMenos, porque entendemos que no existe una causa sin la otra. No hay una Justicia integral con salarios de hambre”, enfatizó.

Dentro del ministerio existe además una fuerte preocupación por el freno de numerosos proyectos de infraestructura. Desde el sector gremial atribuyen esta situación a la interrupción de programas financiados con fondos nacionales y organismos internacionales. "Estamos totalmente afectados por el vaciamiento que está haciendo el gobierno nacional. Dieron de baja obras por rentas generales y se negaron a renovar acuerdos de financiamiento externo, lo que hace muy difícil sostener la actividad o iniciar nuevos proyectos", sostuvo Pelli.

Más allá de las diferencias políticas respecto del origen de la crisis, lo cierto es que el escenario genera un efecto concreto: menos obras, menor actividad administrativa y una creciente incertidumbre entre los trabajadores que tienen a su cargo la planificación y ejecución de proyectos estratégicos para la provincia.

La respuesta oficial y la polémica

Sin embargo, la medida que terminó de encender los ánimos dentro del ministerio fue una comunicación interna firmada por el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Guillermo Sauro. La nota, fechada el 1 de junio de 2026 y dirigida a decenas de funcionarios y directores provinciales, hace referencia explícita a la medida gremial de "retención de tareas" realizada el 27 de mayo.

En el documento se solicita a los responsables de cada área que informen "el detalle del personal dependiente del área a su cargo que efectivamente hubiera adherido" a la medida de fuerza. La comunicación también indica que la información debe ser remitida con carácter urgente para posibilitar el correspondiente registro administrativo.

La decisión generó inmediato rechazo entre los trabajadores y representantes gremiales, quienes interpretan la medida como un intento de identificar y eventualmente sancionar a quienes participaron de la protesta. "Lo que están haciendo es pedir listas de trabajadores que ejercieron un derecho constitucional. Es una práctica que recuerda a mecanismos de persecución sindical que creíamos superados", señalaron fuentes gremiales consultadas por este medio.

Tanto Pelli como un nutrido grupo de trabajadores se dirigió, horas después, al quinto piso del edificio central del ministerio de Infraestructura para ser recibidos por las autoridades bonaerenses. Sin embargo, no hubo reunión por una negativa del equipo del ministro Gabriel Katopodis.

El debate sobre el derecho a huelga

La controversia gira alrededor de un punto sensible: el ejercicio del derecho constitucional a la protesta y a la huelga. Mientras desde la administración provincial podrían argumentar que buscan registrar administrativamente las ausencias producidas durante una medida de fuerza, desde los gremios sostienen que la elaboración de listados individuales de participantes genera un efecto intimidatorio sobre el conjunto de los trabajadores.

La preocupación crece especialmente porque el pedido no fue dirigido a una oficina de recursos humanos para una constatación general, sino a los responsables directos de cada dependencia, quienes deben informar nombre por nombre qué empleados participaron de la protesta.

En ese contexto, distintos sectores sindicales comenzaron a analizar posibles presentaciones administrativas y legales para cuestionar la decisión.

Guillermo Sauro y Gabriel Katopodis.

Un conflicto abierto

Por el momento, el conflicto se encuentra lejos de resolverse. Los trabajadores insisten en la necesidad de una convocatoria urgente a la paritaria sectorial y reclaman una recomposición salarial que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

Del otro lado, las autoridades provinciales aún no anunciaron una fecha concreta para retomar la negociación específica del sector. Mientras tanto, en los pasillos del ministerio crece una sensación que atraviesa tanto a técnicos como profesionales y empleados administrativos: la de pertenecer a una estructura estatal encargada de ejecutar obras millonarias para la provincia, pero cuyos trabajadores aseguran encontrarse cada vez más lejos de poder cubrir sus propias necesidades básicas.

Y ahora, además del reclamo por los salarios, la discusión suma un nuevo capítulo: la denuncia de que quienes levantan la voz para reclamar podrían estar siendo observados, identificados y señalados por las mismas autoridades a las que les exigen respuestas. (www.REALPOLITIK.com.ar)