Axel Kicillof y UDOCBA, envueltos en denuncias por cargos incompatibles

La dirección General de Cultura y Educación bonaerense en la gestión de Axel Kicillof quedó bajo la lupa a partir de una serie de denuncias formales, declaraciones juradas oficiales y capturas de situación de revista que exponen presuntas incompatibilidades horarias, acumulación de cargos y posibles irregularidades funcionales dentro de la Región 12 del sistema educativo provincial. La documentación apunta a jefaturas regionales, distritales, inspectores de enseñanza y referentes del sindicato Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

El caso no es una simple denuncia testimonial. Entre los documentos aportados al caso se encuentra un informe gráfico identificado como IF-2025-30040821-GDEBA-JREGPR12DGCYE, importado al sistema GEDO bajo la referencia EX-2025-18820542-GDEBA-SDCADDGCYE, con declaraciones juradas de cargos, horas y actividades oficiales o privadas correspondientes al año 2025. El documento fue registrado el 25 de agosto de 2025 en San Nicolás de los Arroyos, dentro de la órbita de la jefatura regional de Educación de Gestión Privada de la Región 12.

Las presentaciones fueron realizadas por Vanesa Luz Cañón, entonces secretaria general de UDOCBA Ramallo, quien denunció ante distintas autoridades del sistema educativo bonaerense una trama de cargos superpuestos, horarios presuntamente incompatibles y declaraciones juradas que, según el planteo, no reflejarían el verdadero desempeño funcional de algunos agentes.

Las denuncias llegaron a Urquiza y Sileoni

La primera presentación formal fue dirigida el 5 de septiembre de 2024 al entonces subsecretario de Educación, Pablo Urquiza. En ese escrito, Cañón denunció a la inspectora jefa regional de la Región 12, Carmen Marcela Moré, y a la jefa distrital de Ramallo, María Alejandra Signo, por presuntas incompatibilidades y situaciones funcionales irregulares dentro del distrito.

En esa denuncia, la dirigente sostuvo que Moré habría comenzado a ejercer durante el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y que, desde entonces, habría desplegado una estructura de poder dentro de la jefatura distrital de Ramallo. Según el escrito, Cañón aseguró haber sufrido “desplantes”, “hostigamiento”, “persecución ideológica” y “maltrato psicológico” desde que comenzó a cuestionar el funcionamiento interno.

La carta enviada a Urquiza.

La segunda denuncia fue presentada el 29 de mayo de 2025 ante la dirección General de Cultura y Educación, dirigida al entonces titular de la cartera, Alberto Sileoni. Allí la denunciante fue todavía más directa: habló de “incompatibilidades horarias” de inspectores de la Región 12 y describió lo que calificó como una estructura de poder regional y distrital sostenida a partir de cargos, declaraciones juradas cuestionadas y favores políticos.

Actualmente, Sileoni ya no conduce la DGCyE. La cartera quedó en manos de Flavia Terigi, designada como directora general de Cultura y Educación en reemplazo del exfuncionario. La página oficial de autoridades bonaerenses la lista hoy al frente del organismo, y el gobierno provincial informó su jura en diciembre de 2025.

La carta enviada a Sileoni.

El caso Moré: jefatura regional, distrito y municipio

Uno de los casos centrales es el de Carmen Marcela Moré, señalada en la documentación como jefa regional de Educación. En su declaración jurada de 2025 figura como inspectora jefa regional en la DGCyE, también con desempeño en la jefatura distrital de Ramallo y, además, como jefa de departamento de Trabajo Social en la municipalidad de Ramallo, hoy bajo la gestión del intendente Mauro Poletti.

Según la DDJJ, Moré consignó horarios de 8.00 a 15.00 en sus funciones educativas y de 17.00 a 23.00 en la comuna. Sin embargo, la denuncia elevada a Sileoni cuestiona precisamente esa compatibilidad y sostiene que se trataría de una situación funcional irregular, ya que los cargos de inspector de educación requieren desempeño diario y dedicación efectiva.

En la presentación de mayo de 2025, Cañón afirmó que Moré “posee un cargo municipal en Ramallo de director” y que, pese a la supuesta incompatibilidad, habría logrado que intendentes de distinto signo político le firmaran declaraciones juradas con horarios que, según la denunciante, no se cumplirían en los hechos.

La misma presentación sostiene que Moré habría sido ascendida a inspectora regional durante la gestión de Axel Kicillof, pese a que las denuncias previas ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades educativas.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Alejandra Signo: jefatura distrital, CPA y horas cuestionadas

Otro nombre fuerte es el de María Alejandra Signo, actual jefa distrital de Educación de Ramallo. En la declaración jurada incorporada al expediente figura con funciones en inspección / jefatura y como inspectora distrital, además de actividad en un CPA, con horarios vespertinos y tareas los sábados y domingos o feriados vinculadas a acompañamiento y seguimiento de usuarios y familias.

La denuncia enviada a Sileoni sostiene que Signo habría asumido en lugar de Moré y que tiene “un cargo de salud”, además del cargo de inspectora distrital. También afirma que existirían horas en una escuela superior de formación docente que no habrían sido correctamente declaradas o que se superpondrían funcionalmente con sus responsabilidades como autoridad educativa.

En el escrito a Urquiza de 2024, Cañón ya había advertido que la inspectora distrital de Ramallo tendría un cargo en salud provincial además del cargo de inspectora, ambos de siete horas, y que también se desempeñaría en horas de una escuela superior de formación docente.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Rondinella, Jaime y Álvarez: otros nombres bajo la lupa

La denuncia a Sileoni amplía el foco a otros inspectores y funcionarios de la región. Allí aparece mencionado Rocío Carolina Jaime, inspectora suplente de modalidad Psicología, a quien se le atribuye además un cargo reciente de asistente social en la municipalidad de Ramallo. En la declaración jurada incorporada al expediente figura con cargo en sede Ramallo y actividad vinculada a trabajo social en una unidad sanitaria u organismo de Ramallo.

También aparece Cristian Hugo Rondinella, inspector de enseñanza vinculado a la estructura educativa de Baradero y San Pedro. En la DDJJ de 2025 figura con desempeño como director de sumarios en la municipalidad de Escobar, que gobierna Ariel Sujarchuk, horas docentes en CENS y EES, e inspección de adultos en jefatura de Educación.

La presentación enviada a Sileoni lo identifica como inspector de la modalidad adultos del distrito de Baradero y sostiene que, además del cargo de inspector, tendría un cargo presupuestario en la municipalidad de Baradero y sería presidente de un club de la localidad de Pilar.

Otro caso incorporado es el de María Inés Álvarez, inspectora de la modalidad Psicología del distrito de Arrecifes. Su DDJJ muestra funciones como inspectora titular de PCyPS, directora de Educación en la gestión de Juan Fernando Bouvier de la municipalidad de Arrecifes, actividad como licenciada en Psicopedagogía y horas como profesora en un instituto de formación docente y técnica.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas de situación de revista

A la documentación formal se suman capturas de pantallas internas de la dirección General de Cultura y Educación / dirección de Personal, donde aparecen situaciones de revista, cargos activos, turnos, establecimientos, distritos y, en algunos casos, liquidaciones.

Entre los nombres que surgen de esas capturas figuran Adriana Soledad Monje, María Andrea Etchegaray, Carmen Marcela Moré, Viviana Graciela Mugabure, Rocío Carolina Jaime, Alejandro Salcedo y María Alejandra Signo.

En el caso de Moré, una captura de liquidación muestra tres registros remunerados correspondientes a octubre de 2025, con importes de 3.404.677,82 pesos, 174.729 pesos y 58.243 pesos, vinculados a distintos establecimientos o cargos. Ese elemento refuerza la línea de investigación sobre si las situaciones de revista se tradujeron o no en liquidaciones efectivas.

En el caso del secretario General de UDOCBA, Alejandro Salcedo, las capturas que acompañan la denuncia exhiben una situación vinculada al distrito de La Matanza, en el Centro de Formación Profesional 419, con cargo de director de segunda categoría, turno vespertino. También aparecen registros vinculados a San Miguel, lo que abre otra línea sobre cargos docentes, licencias gremiales y situaciones de revista.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

UDOCBA, la pata sindical del expediente

El capítulo sindical no es menor. Según la nómina oficial de autoridades de UDOCBA, Alejandro René Salcedo es el titular del consejo directivo provincial del gremio, mientras que Adriana Soledad Monje ocupa la secretaría General Adjunta. También figuran Gustavo Fabricio Salcedo como secretario Gremial, Viviana Graciela Mugabure como secretaria de Acción Social y María Andrea Etchegaray como secretaria de Tercera Edad.

La denunciante aseguró que, a partir de sus presentaciones, comenzó a sufrir presiones internas dentro del sindicato. Según su testimonio, llegó a ser encerrada durante varias horas por dirigentes gremiales que intentaron disciplinarla, cuestionaron sus denuncias y le advirtieron que sus planteos afectaban vínculos políticos del gremio con el ministerio y con municipios.

En ese marco, Cañón afirmó haber renunciado a su cargo gremial el 5 de mayo, tras denunciar lo que consideró una red de protección política y sindical en torno a cargos, licencias, declaraciones juradas y designaciones.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

Las capturas que acompañan la denuncia.

La denuncia política: “Células de corrupción regional/distrital”

La presentación enviada a Sileoni utiliza una expresión particularmente dura: habla de “células de corrupción regional/distrital”. Allí sostiene que las presuntas irregularidades no serían desconocidas para los docentes de los distritos y que contribuirían al “descreimiento del sistema educativo” y al mal funcionamiento de las autoridades encargadas de conducirlo.

La denunciante también advierte que la acumulación de roles y autoridades “desfigura” el rol docente y afecta la credibilidad del sistema frente a estudiantes, familias y trabajadores de la educación. En ese sentido, pidió que se regularicen las situaciones denunciadas y que se recupere el crédito público sobre el funcionamiento de la educación bonaerense.

La gravedad institucional del caso no radica únicamente en la existencia de más de un cargo —algo que en el sistema educativo puede ser legal bajo ciertas condiciones—, sino en la posible combinación de dedicaciones exclusivas, cargos jerárquicos, tareas municipales, declaraciones juradas presuntamente acomodadas, horas docentes, cargos sindicales y falta de respuesta administrativa.

El silencio administrativo

Uno de los puntos más sensibles es que las denuncias fueron presentadas primero ante Urquiza, en septiembre de 2024, y luego ante Sileoni, en mayo de 2025. Según la denunciante, no hubo respuesta de fondo por parte de las autoridades de la cartera educativa.

La situación queda ahora en manos de la gestión de Flavia Terigi, quien heredó una estructura administrativa en la que ya existían presentaciones formales, documentación oficializada en GEDO y cuestionamientos internos sobre el desempeño de funcionarios regionales, distritales e inspectores.

Mientras tanto, la documentación disponible muestra que las denuncias no se limitaron a trascendidos: hubo escritos con sello de recepción, declaraciones juradas oficiales, expedientes administrativos, capturas de situación de revista y registros de liquidación que permiten reconstruir una trama de cargos, horarios y vínculos sindicales que todavía espera una explicación institucional de fondo. (www.REALPOLITIK.com.ar)