Abstención de Bullrich: un vaivén entre lo que corresponde y la fidelidad a los Milei
Por Martín Carrizo
Héctor Yrimia, exjuez federal y asesor legal de Generación Zoe, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el complejo entramado judicial en torno a la organización liderada por Leonardo Cositorto. El jurista cargó con dureza contra el desempeño de la fiscal de Villa María, Juliana Companys, a quien acusó de cometer numerosos delitos en la instrucción del caso, y aseguró que el proceso penal prescinde de las pruebas técnicas más elementales.
"Nos encontramos ante una acumulación de importante cantidad de delitos cometidos por la fiscal, delitos de cierta gravedad que han traído perjuicios reales a muchas personas", sostuvo Yrimia. El exjuez relató que la causa se inició bajo "la amenaza de ser puesta presa" a una persona de la fuerza policial para forzar una denuncia sin elementos objetivos, violando de forma sistemática el principio de inocencia y dictando prisiones preventivas arbitrarias.
En ese sentido, remarcó que se imputó la figura de asociación ilícita de forma indebida, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación prohíbe su aplicación en conflictos de naturaleza estrictamente económica. "El bien jurídico protegido es la intranquilidad pública, y Zoe nunca trajo intranquilidad. Es un expediente de connotaciones económicas donde no hay pericias contables; es insólito. No se sabe lo que entró, ni lo que se pagó, ni cómo se venía pagando", afirmó.
El letrado descartó la calificación de "estafa piramidal" y defendió la existencia de un holding con catorce actividades comerciales diversificadas, que incluían desde el real estate y concesionarias hasta la administración de clubes de fútbol. Según Yrimia, el quiebre de la firma no se debió a una insolvencia intrínseca, sino al estrangulamiento financiero provocado por el propio accionar de la Justicia provincial, impidiendo que los directivos pudieran resarcir a los aportantes.
"En los últimos meses la empresa pagó 77 millones de dólares, a razón de 11 millones por mes. Cuando empieza todo este sainete, obviamente se deja de pagar", detalló. Asimismo, vinculó la persecución penal en Córdoba con sectores que buscaron quedarse con los activos de la firma o desplazar a Cositorto del mercado, denunciando que los fondos incautados en los múltiples allanamientos ni siquiera figuran en las cuentas judiciales oficiales del expediente de Villa María.
Por otra parte, Yrimia cuestionó con severidad la validez del pedido de captura internacional que pesó sobre su persona y que fue desestimado por Interpol de manera definitiva. "A mi oficina en Dubái llegó la orden de detención y al año y medio descubrimos en Migraciones que en la pantalla no había un oficio respaldatorio; solo un cartel que decía 'llamar a la fiscal'. Todo el proceso fue un disparate procedimental", advirtió.
El exjuez federal fundamentó los cuatro pedidos de juicio político presentados contra la fiscal Companys, haciendo hincapié en su participación estelar en un reciente documental cinematográfico. "Su aparición en el documental de Netflix constituye un claro delito de negociación incompatible con la función pública. Utilizó el expediente de libreto en instalaciones del Poder Judicial, violando de forma flagrante el secreto de sumario", subrayó.
Por último, el jurista remarcó que la Corte Suprema ya cuenta con un dictamen del procurador general para declarar la incompetencia de los tribunales provinciales de Córdoba, Salta y Corrientes, unificando las actuaciones en el fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Con el fallo de la Corte se va a esclarecer todo este cachivache de causa que se usó para tapar delitos de narcotráfico y trata en Córdoba. Funciona tan mal que lo único que hace el sistema judicial es espantar las inversiones en el país", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)