Las reformas electorales, ¿son para el pueblo o para los dirigentes?

A poco de analizar el tema, hemos llegado a la conclusión de que esas reformas tienen como objetivo primordial posicionar a los diversos sectores que pugnan y pugnarán en el cercano cronograma electoral previsto para el año próximo, que, dicho sea de paso, ya está en ciernes, más que favorecer a la ciudadanía o mejorar la alicaída situación que debe soportar el pueblo de la Nación Argentina.

¿Cuáles son los temas a los que se alude desde algunos o todos los medios de difusión?

Solo parecen disputar el apoyo electoral los oficialistas de La Libertad Avanza y el Partido Justicialista. El gran tema, puesto sobre el tablero desde hace ya algunos años, es eliminar o mantener en suspenso las PASO, es decir, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

El peligro de que fondos espurios, esencialmente provenientes de sectores narcos, se mantengan cercanos al poder.

Se preanuncia la desaparición electoral de los sectores “de centro”, cuando en realidad no son más ni menos que una derecha disfrazada, y se alerta sobre un avance de los sectores de izquierda solo para atemorizar en forma realmente antidemocrática.

Parecieran regodearse con una anunciada segunda vuelta presidencial, como ocurriera en 2023, en la cual la tercera y la cuarta fuerza terminaron formando el gobierno y, finalmente, mimetizándose, aunque por momentos pareciera que eso hubiese sido circunstancial, saltando de espacio en espacio, como ya ocurriera desde hace mucho tiempo.

Muchos gobernadores e intendentes, no muy silenciosa y preocupadamente, quisieran poder despegarse de toda esta situación con el objetivo inmediato de defender sus propios territorios, aun cuando hoy reciben las migajas financieras que apenas los ayudan a subsistir.

Se vuelve a hablar, con ignorancia supina —con perdón de los supinos—, del “desdoblamiento” de las elecciones provinciales respecto de las nacionales, cuando en realidad las elecciones, desde 1852, son desdobladas. Solo que, a partir de 1958, se implementó la posibilidad de que los gobernadores —sin pedir permiso a nadie— pudiesen convocarlas “simultáneamente” con el gobierno nacional, salvo, claro está, la manda de algunas constituciones provinciales para que los comicios sean separados.

Digamos, de paso, que durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal hasta se convocó a una comisión bicameral esencialmente para discutir esta cuestión. Se hicieron dos reuniones, ampliamente publicitadas, y luego se abandonó esa tarea sin dar explicaciones ni un mísero documento que concluyera funciones realmente dispendiosas e innecesarias.

Desde el poder ejecutivo nacional se arguye la imperiosa necesidad de eliminar las PASO con el argumento de su costo, invocando un gasto innecesario. Todo ello, además, en nombre de una remanida urgencia ante la inminencia de un acto comicial que se avecina dramático e histórico, como tantos otros en nuestra historia.

Una reforma pedida desde Casa Rosada.

Habré de referirme, muy sintéticamente, a las dos argumentaciones que se invocan como apremiantes en la coyuntura:

a) La necesidad de la reforma en el presente año.

b) La eliminación de las PASO.

Veamos. Hace ya 23 años, en un documento emanado de la reconocida ONG CIPPEC, se recomendaba que las reformas electorales se efectuaran en años no electorales, para evitar que las mismas tuviesen como único y evidente objetivo —lícito, por cierto— que los sectores que las propician procurasen ganar las elecciones, y no establecer sistemas que asegurasen una genuina representación democrática y un firme sostenimiento de nuestro sistema republicano.

Oír hoy sostener ese principio, a pocos meses de iniciarse el cronograma electoral, parece indicar que no se entiende el verdadero sentido de aquella propuesta.

Aunque en realidad debo confesar, a modo de mea culpa, que aquella loable propuesta, conforme lo sucedido desde que fue formulada, ha caído mayormente en saco roto, porque todos los años terminaron siendo electorales.

Para decirlo sin eufemismos: los ciudadanos electos, al otro día de asumir, ya piensan en las próximas elecciones y, cuando no, en sus propias reelecciones.

Por ello, en el mismo trabajo de CIPPEC ya citado, propusimos que toda reforma debía determinar un período de carencia —dejando pasar al menos una elección— para darle sentido de permanencia y orientarla a una verdadera reforma que tuviese en mira a los ciudadanos electores, y no meramente a los dirigentes o sectores que se beneficien con ellas.

Respecto del remanido tema de la eliminación de las PASO, argumentándose hipócritamente el tema de los costos, tampoco resiste el más mínimo análisis.

Por un lado, no se trata de “un gasto corriente”, sino de una inversión a futuro garantizada y obligatoria, según establece nuestra propia constitución nacional.

Pero, por otra parte —y debo confesar que aún no encuentro razón alguna para el concepto que seguidamente invocaré—, las PASO resultaron un “ordenador” de la política, una suerte de oxigenación positiva tanto para ciudadanos como para dirigentes, partidos y para el sistema republicano felizmente restaurado en 1983.

Por dos simples razones:

Tal vez como fin no querido de las PASO, se produjeron mayores entendimientos entre los partidos políticos, sectores y fuerzas de presión, lo que derivó en que los frentes electorales aglutinaran más partidos políticos o sectores de opinión.

Ello derivó en una reducción de la oferta electoral.

Si repasamos las elecciones presidenciales desde el 30 de octubre de 1983, en conjunto con las de medio término, observamos que en 1983 se presentaron más de 35 candidatos presidenciales y en 1989 más de 30. Desde 1995 en adelante, en términos generales, hubo entre 15 y 20 candidaturas.

A partir de 2011, esa cifra se redujo aproximadamente en un 50 por ciento, hasta llegar a las elecciones de 2023, en las que se presentaron cinco candidaturas bien definidas, con posiciones claras y contundentes.

Treinta y dos años después de la reforma constitucional, es hora de formular un repaso a sus disposiciones, y este puede ser uno de los temas.

Ello lo vimos recientemente luego de la suspensión de las PASO de los últimos comicios, al menos en la provincia de Buenos Aires, donde de cinco listas en cada sección electoral en el año 2021 se pasó al doble de listas presentadas en 2025.

Creo, honesta y desinteresadamente, que aquellos principios elaborados hace ya 23 años deberían, al menos, ser tenidos en cuenta al promoverse una reforma.

Lo contrario implica confirmar que las reformas que se propician tienen como fin único y excluyente favorecer a los dirigentes o sectores que las impulsan —o a aquellos que se oponen—, y no tienen en mira a la ciudadanía ni al mejoramiento del sistema democrático.

Y creo que ha llegado el momento de finiquitar ciertas hipocresías, por el bien de la república.