Santa Fe: Denunciaron a una ONG y su ex titular había sido despedido

Una investigación del Gobierno de Santa Fe derivó en una denuncia penal contra la Asociación Civil Movimiento Mahatma Gandhi, luego de que auditorías oficiales detectaran presuntas irregularidades en la utilización de recursos públicos destinados a comedores comunitarios y merenderos.

Según informó el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, los fondos provenían del programa Tarjeta Institucional, una herramienta creada para garantizar la compra de alimentos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, durante las auditorías se detectaron consumos en McDonald's, restaurantes céntricos, bares y kioscos, gastos que no guardarían relación con los objetivos sociales para los cuales fueron asignados los recursos.

La denuncia llegó a la Justicia

Tras detectar las inconsistencias, el Gobierno provincial resolvió suspender la asistencia económica, excluir a la organización de los registros estatales y presentar una denuncia penal para que la Justicia determine eventuales responsabilidades.

Desde la Provincia remarcaron que la Tarjeta Institucional únicamente puede ser fondeada por el Estado y que su utilización está restringida a la compra de alimentos para programas de asistencia social.

"La plata destinada a los comedores tiene que terminar en los comedores", sostuvieron desde la administración santafesina al explicar el alcance de las auditorías realizadas.

El antecedente de Luciano "Chano" Rossi

La causa también volvió a poner en el centro de la escena a Luciano "Chano" Rossi, quien condujo la organización hasta abril de 2024 y acumula antecedentes polémicos en la administración pública provincial.

Rossi fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) mediante una resolución oficial emitida en abril de 2025. Según la investigación administrativa, el ex empleado desarrolló actividades laborales y políticas mientras se encontraba usufructuando licencias médicas pagadas por la empresa pública.

Posteriormente, otra resolución de la EPE dispuso su cesantía por ausencias injustificadas luego de haberse considerado unilateralmente con licencia para desempeñar un cargo político. La empresa concluyó que había incumplido gravemente sus obligaciones laborales.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno santafesino, una auditoría interna determinó que, sobre un total de 2.103 días analizados, Rossi registró 1.452 inasistencias laborales, situación que derivó en su desvinculación definitiva de la empresa estatal.

Auditorías y control de fondos públicos

Desde el Gobierno provincial señalaron que el caso forma parte de un proceso más amplio de control sobre los recursos destinados a programas sociales.

Las autoridades sostienen que los mecanismos de auditoría permitieron detectar posibles irregularidades y actuar para garantizar que los fondos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

Ahora será la Justicia la encargada de analizar la documentación presentada y determinar si existieron delitos en la administración de los recursos destinados a la asistencia alimentaria. (www.REALPOLITIK.com.ar)