Abstención de Bullrich: un vaivén entre lo que corresponde y la fidelidad a los Milei

El caso Michelli y la sesión del 4 de junio de 2026 en el Senado de la Nación dejaron expuesta no solo la compleja designación de una jueza, sino también la forma en que el oficialismo administra y juega con el reglamento de la Honorable Cámara de Senadores y con la propia constitución nacional. En todo este escenario, la abstención de Patricia Bullrich quedó como una jugada difícil de encuadrar, a mitad de camino entre la defensa del reglamento que dice respetar y la “objeción de conciencia” que invocó en X, y la disciplina hacia la Casa Rosada.

74 jueces, pero un pliego incómodo

El Senado terminó aprobando 74 designaciones judiciales, un paquete masivo de jueces para cubrir vacantes en todo el país, algo que el propio presidente Javier Milei celebró en redes como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.

Pero dentro de ese paquete estaba el pliego de la jueza María Verónica Michelli, el caso incómodo. Había sido propuesta por el poder ejecutivo para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de La Plata, pero a fines de mayo el gobierno pidió retirarla, una decisión que distintos constitucionalistas calificaron como inconstitucional o jurídicamente discutible. Pese a ese intento de freno, el Senado terminó votando su pliego y lo aprobó con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.

Los 18 votos en contra provinieron del bloque libertario alineado con el presidente Milei, mientras que el resto del oficialismo dialoguista y la oposición acompañaron la designación. Entre las dos abstenciones figuró la de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la de una senadora radical.

La arquitectura institucional para nombrar a un juez federal inferior es bastante clara: concurso y terna en el Consejo de la Magistratura, elección presidencial dentro de esa terna, envío de pliego al Senado, audiencia pública, dictamen de la comisión de Acuerdos y votación en el recinto. El proceso se completa recién con el decreto de designación del poder ejecutivo.

En ese circuito, el reglamento del Senado fija algunos puntos clave. El artículo 105 establece que la comisión de Acuerdos puede dictaminar con la firma de más de la mitad de sus miembros. El artículo 106 ordena que los dictámenes se comuniquen a la presidencia de la Cámara. Y el artículo 110 dispone que, una vez emitido el dictamen y resuelto su pase, los expedientes deben incorporarse al orden del día para ser tratados en sesión, sin que la presidencia de la comisión pueda “pisarlos” discrecionalmente.

El dictamen sobre Michelli se firmó el 13 de mayo, después de su audiencia pública ante la comisión de Acuerdos, y reunió 9 firmas sobre 17 miembros, el mínimo requerido por el artículo 105 del reglamento del Senado. Habían marcado su apoyo senadores de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y bloques provinciales, sin impugnaciones de fondo a sus antecedentes en esa instancia. A pesar de eso, el presidente de la comisión dejó el dictamen “pisado” durante casi dos semanas: no lo envió a la mesa de entradas ni lo hizo ingresar al orden del día, de modo que el plazo reglamentario de siete días no comenzó a correr y el pliego quedó en un limbo. Estaba técnicamente listo para ser tratado, pero bloqueado por decisión política.

Esa demora forzada tuvo dos efectos concretos. Primero, impidió que el pliego ingresara por la vía ordinaria en la sesión del 4 de junio y obligó a habilitarlo sobre tablas, con el voto de los dos tercios, como si se tratara de un tema imprevisto y no de un expediente que llevaba semanas cumplido en sus requisitos. Segundo, exhibió que el reglamento se usó de manera selectiva: el texto dice una cosa, pero el curso real del expediente terminó dependiendo de una decisión política de la presidencia de la comisión, alineada con la presión del ejecutivo, más que de lo que marcan los artículos 105, 106 y 110.

Lo más grave es que el desorden no se limitó al caso Michelli. En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos judiciales. Cuando la sesión ya estaba en marcha, el oficialismo intentó ampliar ese acuerdo e incorporar más jueces de los previstos, hasta llevar el número a 73 expedientes con dictamen listos para ser votados. La oposición denunció una ruptura del pacto parlamentario y la propia vicepresidenta Victoria Villarruel reconoció en el recinto que en labor se había hablado de 50 pliegos y que el incremento se decidió a último momento.

Después, en medio de un cuarto intermedio con negociaciones y llamados a la Casa Rosada, se selló un acuerdo para tratar no solo esos 73 pliegos, sino también el de Michelli, habilitado sobre tablas con la mayoría agravada de dos tercios. Así, se pasó de un temario acotado y pactado a un paquete ampliado de 74 jueces, incluido el único pliego que el gobierno había intentado retirar.

La imagen es demasiado elocuente como para disimularla: fue como si dos días antes de jugar una final del Mundial, la FIFA anunciara que a partir de ese momento el gol vale cuando la pelota pasa por afuera del arco. Las camisetas siguen siendo las mismas, pero el juego ya no se rige por las reglas que se habían acordado.

Lo que dijeron los constitucionalistas

El intento del poder ejecutivo de retirar el pliego de Michelli abrió un debate de fondo sobre los límites constitucionales del procedimiento. Andrés Gil Domínguez advirtió que, una vez remitido el pliego al Senado, el ejecutivo ya no puede retirarlo y que el trámite solo puede terminar en aprobación, rechazo o falta de tratamiento por parte de la Cámara alta.

Esa lectura se apoya en la idea de que la designación judicial es un acto complejo: una vez que el presidente elige y remite un nombre, la etapa siguiente queda en manos del Senado. Otros especialistas, con una mirada más matizada, reconocen que la práctica de retirar pliegos ya ha sucedido en la Argentina, pero subrayan que la decisión final debería quedar siempre bajo control del pleno del Senado y no del ejecutivo por sí solo, y que cualquier pedido de retiro debería ser explícitamente aceptado o rechazado por la Cámara.

En el caso Michelli, la decisión terminó en un escándalo. El gobierno pidió el retiro, pero el Senado decidió avanzar igual, tratar el pliego y aprobarlo. La Cámara alta, en los hechos, actuó como si el pedido del ejecutivo no tuviera fuerza propia para interrumpir el procedimiento y se reservó el último tramo de la decisión, como marca la lógica del acto complejo.

Victoria Villarruel.

El trasfondo político

El conflicto no puede entenderse solo como una disputa técnica. Sobre el caso sobrevuela la sospecha de que el veto obedeció al vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. Si eso fue así, el problema deja de ser reglamentario y pasa a tocar de lleno el principio de idoneidad como criterio para acceder a la función pública.

Michelli había atravesado el concurso, la terna, la audiencia pública y el dictamen de comisión. No se objetó su capacidad profesional ni su trayectoria. Por eso, si la verdadera razón del freno fue su parentesco con un periodista crítico del gobierno, el caso expone un patrón de arbitrariedad política muy difícil de justificar en términos republicanos y abre la puerta a una lectura de discriminación por opinión política ajena, algo que ya se discute en la Justicia Federal.

Bullrich y una abstención que no resiste análisis

En ese cuadro, la conducta de Patricia Bullrich no solo fue ambigua: fue políticamente cobarde. Dijo que no acompañaba el retiro del pliego, invocó una supuesta “objeción de conciencia” y sostuvo que no se puede castigar a una persona por los vínculos o las ideas de un familiar. Pero cuando llegó el momento de votar, eligió abstenerse.

No hay justificación institucional en esa jugada. Lo que se ve, con bastante claridad, es cálculo político. Si Bullrich realmente creía que el pliego debía seguir su curso, si realmente entendía que el parentesco con un periodista no puede operar como sanción encubierta y si realmente quería defender el procedimiento que dice respetar, lo que correspondía era votar a favor. No lo hizo.

Tampoco tuvo el coraje de alinearse abiertamente con los 18 senadores libertarios que votaron en contra para obedecer al presidente. Prefirió recorrer mitad del camino y luego pegar la vuelta, cómoda para ella y confusa para todos los demás, especialmente para los ciudadanos que vieron la sesión. Fue una forma de no pagar los costos: por un lado, evitó romper con Milei y, al mismo tiempo, procuró no quedar pegada del todo a una maniobra que desde el inicio olía mal.

Ahí está el quid de la cuestión. Bullrich quiso aparecer como alguien con reparos institucionales, pero actuó como alguien que los abandona antes del final. Su voto no se lee como convicción, sino como especulación. Y en una discusión sobre jueces, reglamento, constitucionalidad y transparencia, especular es una forma degradada de ejercer el poder.

Este medio intentó comunicarse con la senadora Patricia Bullrich para conocer en detalle los fundamentos de su abstención, pero no obtuvo respuesta por parte de la legisladora nacional.

El resultado final dejó al oficialismo atrapado en su propia contradicción. Quiso retirar un pliego y no pudo, amplió sobre la marcha el número de jueces a tratar, rompió el acuerdo previo de labor parlamentaria y terminó celebrando como una victoria general una votación que, en el caso Michelli, significó una derrota política concreta. En el centro de ese desorden, la abstención de Bullrich no aportó claridad ni principio: apenas confirmó que dentro del oficialismo las reglas parecen valer solo mientras no incomoden al poder.

Ahora queda ver que hace el ejecutivo: si firma la designación de la jueza Micheli, o si todo se trató de una jugada coordinada entre Bullrich y el oficialismo, para no desarmar el verticalismo que hemos venido viendo durante todo este tiempo. (www.REALPOLITIK.com.ar)