Irregularidades: conflicto en el área de Automotores sacude al ministro Carlos Bianco

El episodio vial que involucró a Carlos Bianco en abril del año pasado parece haber sido apenas la punta del iceberg dentro del universo de vehículos oficiales del gobierno bonaerense. Poco después de que el ministro de Gobierno y mano derecha de Axel Kicillof quedara envuelto en una polémica por negarse a realizar un test de alcoholemia mientras circulaba en un auto oficial con una deuda superior a los 10 millones de pesos en multas impagas, nuevas denuncias internas vuelven a poner bajo la lupa el manejo de la flota automotor bajo la órbita de su cartera.

Ahora, fuentes internas del ministerio de Gobierno bonaerense aportaron a REALPOLITIK material, capturas, pólizas, actas de infracción, registros audiovisuales y testimonios que apuntan al funcionamiento del área de Logística y Servicios Auxiliares, con foco en su titular, Enzo Vigliano, señalado como uno de los responsables del manejo cotidiano de vehículos, choferes, tarjetas, servicios externos y sistemas de pago asociados a la flota.

YPF en Ruta y una cuenta compartida

De acuerdo al material interno al que accedió este medio, el manejo de la flota automotriz y de los fondos asignados al sistema YPF en Ruta en el ministerio de Gobierno bonaerense es objeto de una serie de denuncias por presuntas irregularidades administrativas. El principal señalado es Vigliano, responsable del área y con intervención directa en la administración de esos recursos.

Uno de los puntos más sensibles es que, según los denunciantes, Vigliano tendría “el manejo de todo YPF en Ruta” y compartiría la misma cuenta con la jefatura de Asesores. El dato abre un interrogante político adicional: fuentes internas sostienen que parte de esa estructura habría quedado vinculada a circuitos administrativos heredados de la gestión de Cristina Álvarez Rodríguez, ex ministra de Gobierno bonaerense, y que habría continuado operativa bajo la actual conducción de Bianco.

Fuentes internas refieren a un presunto faltante de dinero en la cuenta del ministerio de Gobierno y señala que, tras ese episodio, se habrían tomado medidas contra un empleado administrativo y tres choferes, a quienes se les habrían modificado o quitado tareas habituales. Diversos testimonios vinculan ese conflicto con el manejo de YPF en Ruta, la cuenta compartida con jefatura de Asesores y el desplazamiento de personal del área.

El argumento utilizado para apartar a los choferes habría sido el “recorte presupuestario”. Sin embargo, los trabajadores consultados sostienen que esa explicación sería falsa y que los desplazamientos habrían tenido relación con cuestionamientos internos sobre el estado de los vehículos, el uso de tarjetas, los gastos de combustible y la administración de la flota.

La tarjeta Bapro Copres nominada

Otro de los elementos señalados por las fuentes es la utilización de una tarjeta Banco Provincia - Bapro Copres - Visa Débito, emitida a nombre de Enzo Vigliano, con vigencia entre octubre de 2024 y octubre de 2026.

Según los testimonios, esa tarjeta habría sido utilizada para afrontar pagos vinculados a combustible, arreglos, talleres y otros servicios asociados a la flota oficial. Las fuentes aseguran que, al tratarse de una tarjeta de débito nominada, permitiría realizar operaciones en estaciones de servicio o comercios sin la misma trazabilidad específica que otros sistemas atados directamente a patentes o vehículos determinados.

Uno de los relatos menciona particularmente una estación de servicio ACA ubicada en diagonal 79 y calle 56 de La Plata, al lado del supermercado Disco, donde presuntamente se habrían realizado operaciones con esa tarjeta. Para los denunciantes, el punto central no es sólo el gasto, sino la necesidad de reconstruir qué pagos se hicieron, con qué autorización, para qué vehículos y bajo qué circuito administrativo.

El Virtus destruido y el reemplazo por otro auto oficial

Dentro del material aportado aparece además otro caso concreto: el de un Volkswagen Virtus, dominio AD399UG, que habría terminado con destrucción total tras un siniestro vial.

Según las fuentes internas, el vehículo era utilizado por Carolina De Miguel, secretaria personal del ministro Carlos Bianco. La unidad habría despistado y caído en una zanja, sin intervención de terceros. El siniestro habría terminado con la destrucción total del automotor. También indican que, luego del episodio, la unidad fue reemplazada por otro vehículo oficial: un Volkswagen Polo, dominio AC113MK.

Fuentes reservadas del ministerio vinculan sentimentalmente a De Miguel y Bianco. El eje verificable del caso pasa por otro lugar: un auto oficial destruido, una asignación cuestionada, un presunto uso particular y el reemplazo por otra unidad estatal. 

Vehículos oficiales y descontrol

Entre los casos más concretos también aparece el de un Chevrolet Onix 1.4 LT L/17, dominio AE941QI. Fuentes internas sostienen que ese vehículo debía formar parte de la flota del ministerio de Gobierno, pero que nunca habría ingresado físicamente al sector correspondiente, pese a encontrarse en circulación.

La documentación aportada permite verificar que el dominio AE941QI figura en una póliza de Provincia Seguros, número 10939918, con vigencia desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, cuyo tomador/asegurado es el ministerio de Gobierno Buenos Aires.

Además, el mismo vehículo registra una infracción de tránsito en La Plata. El acta corresponde a la causa 02-061-01572259-8-00, fechada el 22 de agosto de 2025 a las 11.41, en Camino Parque Centenario 3600, por no respetar los límites reglamentarios de velocidad. En el documento, el presunto infractor figura con CUIT 30-65020838-9, correspondiente a la Gobernación.

Fuentes a las que tuvo acceso REALPOLITIK sostienen que el Chevrolet Onix debía pertenecer a la flota automotor, pero que no habría sido ingresado físicamente a las dependencias del sector. Según estas versiones, el vehículo se encontraba en funcionamiento y tendría más de 25 infracciones asociadas al uso particular.

Este cruce documental refuerza uno de los puntos centrales de las fuentes: el vehículo estaba asegurado por el ministerio de Gobierno, circulaba y acumulaba registros de tránsito, pero internamente se lo señala como una unidad que no habría estado incorporada de manera regular al control físico de la flota.

VTV vencidas y autos oficiales en mal estado

Otro eje de la denuncia apunta al estado general de los vehículos oficiales. Videos a los que tuvo acceso REALPOLITIK muestran que varias unidades circularon o permanecieron asignadas con la VTV vencida, lo que no sólo implicaría una irregularidad administrativa, sino también un riesgo directo para choferes, funcionarios y terceros.

Según los testimonios, tras publicaciones previas sobre autos oficiales con verificaciones vencidas, algunas unidades habrían sido retiradas de circulación y ocultadas en galpones o dependencias internas para evitar nuevos registros.

Fuentes internas también mencionan que varios autos se encontrarían en condiciones deficientes en dependencias vinculadas al SODIC, mientras otros seguirían siendo utilizados para traslados oficiales o asignaciones específicas, varios de ellos sin VTV al día.

Para los choferes consultados, la situación tiene una doble gravedad: por un lado, expone a los trabajadores a circular en vehículos sin condiciones reglamentarias; por el otro, deja en evidencia la falta de control sobre bienes públicos que deberían contar con seguimiento administrativo permanente.

Módulos, asesores y personal operativo

Las denuncias recibidas por este medio también incorporan un capítulo vinculado al régimen de módulos y a la utilización de personal bajo figuras administrativas que, según las fuentes, no siempre se corresponderían con las tareas efectivamente realizadas.

En ese marco, los testimonios mencionan el caso de un agente del área de mantenimiento, que habría utilizado un vehículo oficial dominio AF045CV. Según el material interno, esa persona tendría módulos de asesores de la subsecretaría Legal y Técnica del ministerio de Gobierno.

Fuentes internas también apuntan a situaciones similares con personal afectado a tareas de limpieza o mantenimiento que, pese a cumplir funciones operativas, cobraría módulos propios de estructuras de funcionarios o asesores. Para los trabajadores consultados, este esquema contrasta con los recortes de viáticos aplicados a choferes, los desplazamientos de tareas y las restricciones presupuestarias utilizadas como argumento para modificar condiciones laborales.

El punto que reclaman auditar es concreto: si personal de limpieza, mantenimiento u otras áreas operativas percibió módulos de funcionarios o asesores, quién autorizó esas liquidaciones, en qué estructura fueron imputadas y si existió correspondencia real entre la función declarada y la tarea efectivamente cumplida.

Viáticos recortados para choferes y pagos para funcionarios

Otro tramo de la denuncia apunta al régimen de viáticos. Mientras los choferes aseguran haber sufrido recortes que impactaron directamente en sus ingresos, el material interno sostiene que Vigliano percibiría 168 mil pesos mensuales en concepto de viáticos por viajes provinciales que, según los denunciantes, no se efectuarían.

El documento interno menciona expresamente esa supuesta incongruencia: por un lado, eliminación de viáticos correspondientes al personal de choferes afectados; por el otro, la percepción de viáticos por parte del funcionario responsable del área.

Para los trabajadores, ese contraste es uno de los elementos que explican el malestar interno. Mientras algunos choferes habrían sido desplazados, obligados a trasladarse por sus propios medios o privados de adicionales habituales, otros funcionarios o agentes cercanos a la conducción del área habrían mantenido beneficios, vehículos asignados o pagos complementarios.

Traslados, funcionarios y asignaciones discrecionales

Capturas aportadas por las fuentes también muestran conversaciones vinculadas a traslados de Alejandro Villar, actual titular de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes.

En esos mensajes se observan coordinaciones de viajes desde o hacia la UNQ, Gobernación, La Plata, CIC Tolosa y otros puntos. En algunas capturas aparecen identificados vehículos como un Chevrolet Cruze gris dominio AC871YS, otro Chevrolet Cruze gris dominio AB894SW y una Suran gris oscura.

El punto no pasa necesariamente por la legalidad del traslado de un funcionario provincial, sino por el modo en que se habrían asignado choferes, autos y recorridos dentro de la estructura del ministerio de Gobierno. Las fuentes internas sostienen que esas asignaciones no siempre respondían a criterios administrativos transparentes y que coexistían con reclamos de choferes por pérdida de viáticos, desplazamientos y trato desigual.

En ese contexto, los trabajadores consultados reclaman que se reconstruya el historial de uso de cada vehículo, las órdenes de traslado, las autorizaciones internas, las cargas de combustible y los gastos asociados a cada recorrido.

Lavadero, estacionamiento privado y servicios externos

Otro tramo de la denuncia refiere a la utilización de servicios privados para vehículos oficiales. Fuentes internas mencionan el uso de un estacionamiento privado en la zona de calle 53 entre 3 y 4, además de un lavadero ubicado en calle 31 y boulevard 82, donde se habrían enviado autos de funcionarios y autoridades.

Según los trabajadores consultados, estas prácticas convivirían con la existencia de espacios estatales destinados al resguardo de la flota, como el predio del SODIC. Las fuentes sostienen que, pese a que el Estado provincial cuenta con establecimientos formalmente habilitados para el resguardo de vehículos oficiales, se habría avanzado con el alquiler de un estacionamiento privado y con pagos a un comercio privado para el lavado de autos de subsecretarios y del propio ministro.

El interrogante que plantean las fuentes es administrativo y presupuestario: quién autorizó esos servicios externos, qué necesidad justificaba su contratación, cómo se pagaban, con qué partida y si existía control sobre la frecuencia real de uso.

Compras, mercadería y autos oficiales

Las fuentes internas también mencionan el retiro de mercaderías en una dirección de calle 5 entre 43 y 44, presuntamente destinadas a la directora General de Administración y a la residencia del ministro. Según el material aportado, esas tareas se habrían realizado con recursos o vehículos vinculados a la estructura oficial del ministerio.

Compras de supermercado en la DGA.

El documento interno señala que en varias ocasiones se habría enviado personal a retirar mercadería para la dirección General de Administración y para la residencia del ministro, con referencia a partidas presupuestarias del gobierno.

Para los denunciantes, ese punto debería ser incorporado a una auditoría más amplia sobre el uso de vehículos oficiales, la afectación de choferes a tareas no vinculadas estrictamente con traslados institucionales y el destino final de los bienes adquiridos o retirados.

Malestar y denuncias de persecución laboral

El trasfondo laboral es otro de los puntos señalados por las fuentes. Los choferes denuncian que, mientras algunos trabajadores eran obligados a trasladarse por sus propios medios hasta La Plata o distintas dependencias, otros agentes o funcionarios habrían contado con vehículos asignados para uso permanente.

También sostienen que hubo recortes de viáticos, desplazamientos de tareas y presiones internas luego de que comenzaron a circular cuestionamientos sobre el estado de los autos, las VTV vencidas, las tarjetas, los servicios externos y el uso de la cuenta YPF en Ruta.

Testimonios internos hablan directamente de persecución laboral contra empleados de planta administrativa y choferes. Los denunciantes afirman que, tras los cuestionamientos, se suspendió a un empleado administrativo y se desplazó de sus actividades a tres choferes, quienes hasta entonces cumplían tareas vinculadas al manejo de autos oficiales y traslado de funcionarios.

En ese marco, los trabajadores consultados apuntan directamente contra la conducción del área de Logística y Servicios Auxiliares y reclaman que se audite el uso de tarjetas, la trazabilidad de los pagos, las patentes asignadas, las multas acumuladas, las órdenes de traslado, los módulos liquidados y el estado real de cada unidad.

Una flota bajo sospecha

El caso vuelve a colocar al ministerio de Gobierno bonaerense en una situación incómoda. El antecedente de Bianco con un auto oficial cargado de infracciones, la aparición de vehículos asegurados por la cartera pero cuestionados internamente, las denuncias por VTV vencidas, el uso de una tarjeta nominada, el presunto manejo compartido de YPF en Ruta, los módulos cuestionados y el choque de un auto oficial con destrucción total configuran un escenario que excede el simple desorden administrativo.

Lo que está en discusión es el control sobre bienes públicos, la seguridad vial de los trabajadores, la trazabilidad del dinero destinado a movilidad oficial, la administración de los módulos y la responsabilidad política sobre una flota que, según fuentes internas, funcionaría con graves zonas grises.

En un contexto de ajuste, recortes salariales y fuerte presión sobre los recursos del Estado, las denuncias abren una pregunta inevitable: quién controla realmente los autos oficiales del ministerio de Gobierno bonaerense, bajo qué criterios se administran los fondos destinados a mantenerlos en circulación y qué funcionarios deberán responder por un esquema que, puertas adentro, ya genera malestar, sospechas y pedidos de auditoría. (www.REALPOLITIK.com.ar)