Funcionarios de Kicillof tienen jardín, traslado y comida para sus hijos con fondos públicos

Mientras la provincia de Buenos Aires atraviesa una profunda crisis económica y miles de familias enfrentan dificultades para afrontar gastos básicos de cuidado, educación y alimentación, documentación oficial dejó al descubierto el alcance de los beneficios que mantiene el ministerio de Economía bonaerense para sus funcionarios: jardín maternal, traslado escolar y alimentos cubiertos con recursos públicos.

La información surge del expediente correspondiente a la rendición de cuentas del ministerio de Economía, a cargo de Pablo López. Un fallo del Tribunal de Cuentas expuso una serie de observaciones vinculadas al funcionamiento del jardín maternal del ministerio de Economía, destinado a hijos de funcionarios de la cartera, de la contaduría General y de la Tesorería General.

Jardín propio y gratuito

El reglamento interno del jardín maternal, al que tuvo acceso REALPOLITIK, establece que el servicio recibe a hijos de funcionarios del, entre los 90 días y los 3 años de edad.

El mismo documento señala que el servicio es “absolutamente gratuito”, sin posibilidad de exigir aportes pecuniarios ni dádivas por la atención de los niños. También fija entre sus objetivos el de brindar una dieta que cubra la cuota nutricional adecuada.

En otras palabras, mientras buena parte de la sociedad debe afrontar jardines privados, niñeras, traslados y alimentos con ingresos cada vez más deteriorados, dentro del ministerio de Economía bonaerense funciona un esquema de asistencia integral para hijos del personal, financiado con recursos públicos.

Traslado escolar incluido

El fallo también reveló que el ministerio contrató un servicio de transporte escolar para trasladar a treinta niños y niñas desde la dirección provincial del Registro de la Propiedad y la sede ministerial hasta el jardín de infantes Nro. 954, ubicado en calle 54 Nro. 1236 de La Plata, y su posterior regreso.

La contratación fue adjudicada a Gargiulo Héctor Omar por un monto total de 3.340.000 pesos. Según la resolución, durante el ejercicio 2024 se abonaron 2.672.000 pesos y durante 2025 otros 668.000 pesos.

El punto generó discusión dentro del Tribunal. Una postura consideró que el transporte escolar no estaba expresamente previsto por la normativa aplicable y propuso formular un cargo por 3.973.053,61 pesos, incluyendo intereses. Sin embargo, la mayoría del cuerpo entendió que podía considerarse una medida accesoria para garantizar el acceso de los menores al establecimiento, por lo que no terminó aplicando un cargo pecuniario por ese concepto.

Comida y limpieza por caja chica

Como si el jardín y el traslado no fueran suficientes, el fallo también analizó gastos de alimentos y artículos de limpieza vinculados al jardín maternal. El problema no fue únicamente la existencia de esos gastos, sino la forma en que fueron administrados.

El Tribunal observó que se utilizaron fondos de cajas chicas del ministerio de Economía para afrontar compras destinadas al funcionamiento habitual del jardín. Según el organismo de control, esos gastos no tenían carácter urgente, eventual ni imprevisible, sino que eran previsibles y recurrentes.

La alimentación diaria de los niños, precisamente, formaba parte de los objetivos del propio reglamento interno del jardín. Por eso, para el Tribunal, esas compras debían tramitarse mediante procedimientos administrativos ordinarios y no por el régimen excepcional de caja chica.

Conejitos, el jardín maternal e infantil de los funcionarios bonaerenses.

Facturas fraccionadas

El fallo además detectó fraccionamiento de facturas y tickets en operaciones vinculadas a esas rendiciones. La observación apunta a pagos separados a un mismo proveedor en una misma fecha, con facturación dividida.

Para el Tribunal de Cuentas, esa modalidad podía tener como objetivo aparente evitar el tope máximo por erogación previsto para las cajas chicas, fijado en 100 mil pesos. La práctica fue considerada incompatible con la transparencia que debe regir la administración de fondos públicos.

Como consecuencia, el organismo aplicó multas de 524.200 pesos a Bárbara Diehl, María Fernanda Fernández, Liliana Mabel González, Marcela Evangelina Cañete y María Micaela Carrara. En total, las sanciones ascienden a 2.621.000 pesos.

Mientras el discurso oficial insiste en las restricciones presupuestarias, el caso muestra que determinados beneficios internos del Estado siguen funcionando con una lógica de privilegio. Y cuando el organismo de control encontró irregularidades, la consecuencia terminó limitada a multas administrativas para algunas responsables, sin alterar el fondo del esquema. (www.REALPOLITIK.com.ar)