Lawfare a la rionegrina: reactivan causa contra funcionario de Javier Milei

Días después de que el exintendente de la municipalidad de Bariloche, Gustavo Gennuso, se incorporara a una repartición nacional y que una legisladora de su riñón político desafiara al partido del gobierno de Río Negro que encabeza Alberto Weretilneck, la Justicia activó una vieja causa por irregularidades en la función pública. Casualidades.

En las cercanías del exjefe comunal de la ciudad electoralmente más importante de la provincia creen que se trata de una revancha. Una señal inequívoca de que quien se atreve a sacar los pies del plato del oficialismo tendrá consecuencias.

Fuera del círculo íntimo de Gennuso, la más elocuente fue nada menos que la exgobernadora Arabela Carreras, hoy alejada del oficialismo. "Hay persecución judicial”, dijo sin vueltas en declaraciones radiales. Y agregó: “Todos estamos esperando que nos hagan una denuncia de algún tipo. Todos sabemos que expresar disidencia significa persecución judicial. Siempre hay algún fiscal dispuesto a hacerlo”. La dirigente de Bariloche agregó un elemento, el manejo casi total de la agenda mediática producto de la pauta publicitaria y un ecosistema de medios con el que, como mínimo, el gobierno comparte intereses. “Hay escraches en medios de comunicación amigos del gobierno. Te ponen en una situación incómoda y desagradable durante mucho tiempo. Después pasa, pero es la respuesta inmediata frente a cualquier expresión pública de disidencia”, afirmó.

Gustavo Gennuso.

Lo político

Gennuso fue formalmente hasta el fin de semana pasado secretario General de Juntos Somos Río Negro, el partido que lidera Weretilneck y gobierna desde enero de 2012. En rigor, se trataba de la cuarta figura más importante del espacio, detrás del propio gobernador, los dos vicepresidentes Pedro Pesatti (actual vicegobernador) y Arabela Carreras. Ni Gennuso, ni Pesatti ni Carreras tienen actualmente diálogo con el gobernador. El barilochense viene siendo muy crítico del gobierno actual, reclamando mayor debate interno y una conducción más horizontal. Las diferencias comenzaron en el mismísimo diciembre de 2023. Weretilneck había acordado con Gennuso para que ocupara el ministerio de Gobierno, pero días antes de la asunción cambió de opinión y colocó allí a otro barilochense, Federico Lutz, que duró  en el cargo lo que un suspiro. Esa lesión en la relación creció y la grieta se ensanchó.

Con críticas a la falta de debate y la forma de conducción, en el marco de la asunción de las nuevas autoridades se conoció el sábado pasado que la legisladora Marcela Abdala, estrecha colaboradora de Gennuso, dejaba el partido y el bloque oficialista. Lo hizo junto a otro parlamentario, Daniel Sanguinetti, que se desempeñó como un funcionario clave del gobierno de Carreras. Fueron estas dos deserciones las que, según evalúan en Bariloche, provocaron la ira del gobierno, al que le atribuyen una fuerte influencia en el poder judicial.

Arabela Carreras.

Lo judicial

Propios y extraños observaron en la denominada causa Techo Digno una señal de presión y amenaza del gobierno a través de su presunta influencia en el poder judicial. Esta causa investiga si intendentes, funcionarios municipales y empresarios utilizaron de manera irregular fondos nacionales destinados a construir viviendas sociales, generalmente entre 2013 y 2016. La acusación central sostiene que se habrían presentado y aprobado certificados de obra falsos o inflados, que informaban avances mayores a los realmente ejecutados, para justificar nuevos desembolsos del Estado o autorizar pagos a constructoras por trabajos que todavía no estaban terminados. Mayormente, los delitos atribuidos son defraudación contra la administración pública, uso de documento público falso y, en algunos casos, peculado. Lo que en realidad ocurrió en la mayoría de los casos fue que el dinero recibido se transfirió de unas a otras cuentas municipales o fue colocado en plazos fijos para preservar su valor o afrontar obligaciones públicas.

De todas formas, a medida que los juicios fueron desarrollándose la mayoría de los funcionarios terminó absuelto. Fue el caso de Gennuso. Sobre quien aún pesa la acusación es el diputado nacional Aníbal Tortoriello, por su actuación en el programa Techo Digno mientras era intendente de la municipalidad de Cipolletti. Para el gobierno provincial, Tortoriello representa la mayor amenaza electoral.

Ahora, el fiscal de Bariloche Inti Isla decretó reimpulsar una denuncia del actual intendente Walter Cortés, aliado al gobernador Weretilneck, por malversación de caudales públicos contra Gennuso y otros exintegrantes de su gabinete. Eso fue el martes pasado. El sábado se había producido la ruptura de los legisladores Abdala y Sanguinetti. Y por esas horas se conocía el arribo de Gennuso a una fundación de medicina nuclear y radioterapia dependiente de la Comisión Nacional de Energia Atómica (CNEA). Se trata de un trabajo ad honorem, de su expertise, por su profesión de ingeniero nuclear. En el gobierno leen esta designación como una señal inequívoca del avance de un acuerdo con Tortoriello, lo que provoca inquietud.

La denuncia de Cortés reclama investigar presuntas irregularidades en las contrataciones directas de maquinaria vial a la firma OPS, realizadas en el año 2019. 

Gobernación de Río Negro.

No todos fueron denunciados

En las huestes de Gennuso ponen el acento sobre los funcionarios que fueron denunciados, pero especialmente sobre uno que quedó afuera de la investigación. El fiscal avanza sobre el exintendente y el exsecretario de Obras Públicas, Carlos Cairo; su subsecretario Edgardo Garza; el secretario de Hacienda, Diego Quintana; y la directora de Políticas Tributarias, Lilian Baroni. Pero dejó afuera nada menos que a Marcos Barberis, jefe de Gabinete de la administración Gennuso. 

Apenas dejó la función municipal, Barberis se sumó al gobierno de Weretilneck como secretario de Turismo, lugar que ocupó hasta septiembre de 2024. Su pareja, la exlegisladora de Juntos Somos Río Negro, Julia Fernández, tiene una estrecha vinculación política con el presidente del bloque de legisladores oficialista, Facundo López. Actualmente, ostenta el cargo de presidenta del Parque Industrial Tecnológico de Bariloche (PITBA).

La integración de Fernández a ese organismo también es observada por la política barilochense: la ley 5049 de creación del PITBA reserva para el directorio la representación del ejecutivo provincial para un funcionario con un rango no menor a secretario, que la exlegisladora no ostenta.  

En conclusión, mientras la política se mueve mirando a los procesos electorales del año próximo, los avances en causas judiciales específicas abonan las sospechas de una fuerte influencia oficial en las acciones de jueces y fiscales. (www.REALPOLITIK.com.ar)