Abuso sexual: funcionaria bonaerense denunció a su superior y perdió su trabajo

La dirección General de Cultura y Educación bonaerense, bajo la órbita política del gobernador Axel Kicillof y la conducción de Flavia Terigi, quedó envuelta en una grave denuncia institucional luego de que saliera a la luz una causa por abuso sexual simple contra Juan Pablo Salomón, excoordinador de Políticas Estudiantiles de la Dirección de Educación Superior. La Justicia nacional lo procesó, la Cámara confirmó la medida y la denunciante asegura que perdió su trabajo como funcionaria mientras el acusado continuó vinculado al sistema educativo.

El caso tramita en la causa Nro. 50.472/2024. El juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 30 procesó sin prisión preventiva a Salomón por considerarlo, “prima facie”, autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, previsto en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal. Además, ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 1.500.000 pesos y dictó una prohibición de acercamiento y contacto respecto de la denunciante.

La gravedad política del caso excede el expediente penal. Según surge de la resolución judicial, la denunciante se desempeñaba como coordinadora regional de Políticas Estudiantiles, con cinco regiones educativas bajo su órbita, mientras que Salomón y Ana Teplitzky eran sus coordinadores y superiores dentro de la dirección de Educación Superior bonaerense. Es decir, el hecho denunciado no ocurrió en un ámbito ajeno al Estado, sino en el marco de un viaje laboral organizado por la estructura educativa provincial.

Un superior jerárquico y una denuncia que incomoda a la gestión

En diálogo con REALPOLITIK, la denunciante pidió que el caso sea tratado con perspectiva de género y solicitó preservar los detalles íntimos del episodio denunciado. “No me gustaría que se difunda el detalle del hecho por mi integridad”, señaló. Su reclamo central, explicó, es que la causa llegue finalmente a juicio y no quede atrapada en nuevas demoras.

La denunciante sostiene que, tras lo ocurrido, informó la situación a autoridades de la estructura educativa bonaerense, por entonces bajo el control de Alberto Sileoni, pero que no recibió el acompañamiento institucional esperado. Según su relato, primero acudió a la vía administrativa, luego realizó la denuncia penal y, en ese recorrido, terminó fuera del equipo de trabajo. “Él volvió. Yo perdí mi trabajo”, resumió ante este medio.

El expediente judicial también recoge el contexto laboral. En la resolución de primera instancia se señala que Salomón y Teplitzky eran coordinadores y superiores de la denunciante, y que el encuentro que dio origen a la causa se produjo durante una actividad vinculada a coordinadores institucionales de políticas estudiantiles dependientes de la dirección de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires.

La vía administrativa y la Justicia penal

Uno de los puntos más sensibles para la DGCyE es la diferencia entre lo ocurrido en sede administrativa y el avance posterior de la causa penal. En el expediente se menciona que el sumario administrativo iniciado contra Salomón concluyó con un sobreseimiento provisorio, al entender que no se había demostrado el hecho denunciado.

Sin embargo, la Justicia penal llegó a una conclusión muy distinta. El juez Gustavo Pierretti consideró que el cuadro probatorio reunido era suficiente para procesar a Salomón y sostuvo que los dichos de la víctima encontraban apoyo en otras constancias incorporadas al expediente. La resolución también remarcó que la ausencia de determinados indicadores en el peritaje psicológico no desmerecía el relato de la denunciante, especialmente por el tiempo transcurrido y el contexto del caso.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, terminó de consolidar esa lectura. El 10 de noviembre de 2025 confirmó el procesamiento y sostuvo que los elementos reunidos eran suficientes para convalidar la decisión de primera instancia y habilitar el avance de la causa hacia una eventual etapa de juicio.

Salomón compartiendo actividad con la denunciante.

La Cámara confirmó el procesamiento

La Sala V fue especialmente clara al analizar el caso bajo estándares de violencia de género. En su resolución, recordó que este tipo de hechos debe evaluarse conforme a la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y a la Convención de Belém do Pará, y remarcó la obligación estatal de investigar y juzgar con debida diligencia sucesos que, en general, suelen cometerse sin testigos directos.

Además, la Cámara sostuvo que la declaración de la denunciante resultaba contundente y que no se advertían motivos atendibles para dudar de sus dichos. También destacó que Salomón era su superior en el ámbito laboral, un dato central para comprender la dimensión institucional del expediente.

En la misma línea, el tribunal ponderó el testimonio de la psicóloga de la denunciante, quien dio cuenta de las consecuencias emocionales que atravesó su paciente y del temor a ser separada de su cargo, algo que, según consta en la resolución de Cámara, finalmente terminó ocurriendo.

El regreso del acusado y el costo para la denunciante

Otro tramo de la resolución de Cámara menciona la declaración de Sandra Marisa Gori, entonces directora provincial de Educación Superior. Según el fallo, Gori declaró que tomó conocimiento de lo ocurrido, que se inició un sumario administrativo, que Salomón fue separado de su rol de políticas estudiantiles y corrido del equipo de trabajo, aunque luego volvió tras la conclusión del sumario.

Ese dato es políticamente explosivo. Mientras en el plano administrativo el caso terminó con un sobreseimiento provisorio, en sede penal el expediente avanzó en sentido contrario: primero con el procesamiento dictado por el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 30, y luego con la confirmación de la Cámara.

En ese contexto, la causa golpea de lleno a la política educativa bonaerense. El caso ocurrió dentro de la dirección de Educación Superior, dependiente de la DGCyE, bajo la administración provincial de Kicillof. La denunciante sostiene que las autoridades fueron informadas, que no recibió acompañamiento institucional suficiente y que terminó fuera del equipo de trabajo. Tampoco tomó cartas en el asunto el ministerio de Mujeres y Diversidad, a cargo de Estela Díaz, a pesar de los recurrentes pedidos de ayuda de la denunciante.

Salomón en un acto público.

El silencio como forma de poder

La denunciante asegura que durante meses las autoridades le preguntaban qué quería que pasara, en lugar de activar mecanismos institucionales de protección. También sostiene que distintos sectores de la estructura educativa estaban al tanto de la situación y que, aun así, el expediente administrativo no tuvo el mismo resultado que la investigación penal.

La denunciante también afirmó que la acompaña la fundación Micaela García y que su reclamo actual no pasa sólo por su caso personal, sino por evitar que la causa se dilate indefinidamente. “Hoy ya no es esa mi batalla. Sí que se visibilice y se haga fuerza para un juicio pronto”, expresó a este medio. 

Mientras el gobierno de Axel Kicillof suele levantar como bandera la perspectiva de género dentro del sistema educativo, el expediente expone una postal incómoda: una trabajadora que denunció a un superior, una vía administrativa que terminó favoreciendo provisoriamente al acusado, una causa penal que avanzó en sentido contrario y una víctima que todavía espera fecha de juicio.

El caso Salomón deja así una pregunta abierta para la gestión bonaerense: qué hizo realmente la estructura educativa bonaerense cuando una trabajadora denunció a un superior jerárquico por abuso sexual, y por qué, pese al procesamiento confirmado por la Justicia, la causa sigue sin llegar a debate oral. (www.REALPOLITIK.com.ar)