Chaco: desapariciones, abusos, asesinatos y droga salpican al gobierno de Leandro Zdero

La Policía del Chaco atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En pocos meses, distintos efectivos de la fuerza quedaron vinculados a episodios de enorme gravedad: desapariciones bajo sospecha, abusos sexuales, asesinatos cometidos con armas reglamentarias, robo de droga en procedimientos oficiales, encubrimientos, violencia institucional y denuncias por corrupción interna.

La seguidilla de casos expone un problema que ya no puede ser presentado como una suma de hechos aislados. Desde la desaparición de Axel González hasta el intento de robo de cocaína durante una quema oficial de drogas, pasando por policías detenidos, comisarios denunciados y crímenes cometidos por integrantes de la fuerza, el escenario configura una crisis institucional que golpea de lleno al ministerio de Seguridad, a la jefatura policial y al gobierno de Leandro Zdero.

En ese contexto, los testimonios de familiares, víctimas y denunciantes repiten una misma demanda: que la Policía del Chaco deje de investigarse a sí misma, que se depuren responsabilidades y que el poder político dé respuestas frente a una fuerza que aparece involucrada, una y otra vez, en hechos que debía prevenir o esclarecer.

Este viernes se realizó una marcha contra las desapariciones forzadas en Chaco.

A continuación, se detallan algunos de los episodios más resonantes que siguen conmocionando a la provincia y al país.

26 días de la desaparición de Axel: tres policías sospechados   

Axel González lleva desaparecido 26 días. Se barajan varias hipótesis en la investigación, pero la familia de Axel apunta a tres oficiales de la comisaría segunda de Fontana como los principales sospechosos de la desaparición del joven.

“La policía no está para torturar o hacer desaparecer personas. Está para cuidarnos”, dijo la mamá de Axel. Los tres policías sospechados no fueron apartados de las fuerzas de seguridad de la provincia. “Fueron trasladados, y no sabemos a qué dependencia”, contó a este cronista uno de los abogados que representa a la familia de Axel.  

Desde el principio la familia pedía que la policía del Chaco se aparte de la investigación del caso. Esta semana, la fiscalía dispuso el cese inmediato de la Policía del Chaco en las tareas investigativas vinculadas a la desaparición de Axel. 

La medida fue ordenada por el Equipo Fiscal Nro. 14, a cargo de Julieta Arolfo, y la fiscalía de Cámara Primera, conducida por Noelia Encinas, tras un pedido del procurador general Jorge Canteros.

A partir de ahora, la investigación quedó en manos de cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Entre las primeras diligencias, Gendarmería estará a cargo de la apertura de los teléfonos celulares de efectivos de la comisaría segunda de Fontana que estaban de servicio el día de la desaparición.

La causa mantiene varias líneas abiertas, y no se descarta la participación de civiles ni de personal policial, mientras continúan los rastrillajes en Fontana y zonas aledañas.

Uno de los abogados de la familia de Axel, Ricardo Osuna, analizó que “se perdieron tres semanas de investigación”. Además Osuna comparó este caso con el femicidio de Cecilia Strzyzowski. “El caso Axel muestra mayor impunidad que el que dice la gestión Zdero tuvo el caso Cecilia”, observó. 

María Gómez, mamá de Axel González.

Una oficial de policía denunció haber sido entregada y abusada sexualmente por un comisario retirado

El pasado 8 de junio una oficial principal de la Policía del Chaco denunció a dos hombres por abuso sexual, uno de ellos es comisario retirado de la fuerza provincial.

Según la denuncia de la mujer el hecho sucedió el pasado 6 de junio en una vivienda particular donde acudió junto a GG, de 50 años, excomisario y mantuvo relaciones sexuales consentidas. Sin embargo, posteriormente arribó al lugar JR, alias Choca, propietario del lugar. Horas después la mujer se despierta totalmente desnuda en una cama junto a JR, quien estaba abusándola sexualmente.

Ante la situación decidió retirarse de la vivienda.
Pasadas las horas, la oficial regresó a Resistencia y decidió radicar la denuncia por abuso sexual contra ambos sujetos ante la fiscalía Penal Nro. 2 quien derivó la causa a la fiscalia Nro.1 de San Martín donde ocurrieron los hechos. Los acusados fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Un cabo mató primero a su papá, y después asesinó a su ex pareja

El hecho sucedió el 5 de mayo de este año en Resistencia. Ese día el cabo primero Luciano Estudie llegó hasta la vivienda de su padre, Luciano Alberto Estudie, con la intención de llevarse el automóvil familiar. Ante la negativa, el efectivo utilizó su arma reglamentaria y mató a su papá. Tras asesinar a su padre, el hombre se dirigió hacia la casa de su expareja, Graciela López, de 33 años, y al hijo menor de ambos. De acuerdo con la reconstrucción inicial, los trasladó por la fuerza hasta una zona despoblada de Puerto Vilelas.

En ese lugar sus propios compañeros intentaban persuadirlo para que depusiera su actitud. El agresor manifestó: “Ya estoy jugado, ya me mandé una macana”. La negociación no logró evitar el desenlace fatal. Frente a los efectivos, el hombre le disparó a la mujer en la cabeza.

Luego del ataque, integrantes del cuerpo de élite COE intervinieron para reducirlo. Durante el operativo resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial.

La investigación judicial busca determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y las circunstancias previas que desencadenaron la tragedia. Mientras tanto, el hijo de la pareja quedó atravesado por una escena de extrema violencia: en pocas horas perdió a su madre y a su abuelo.

Etudie todavía sigue internado en el hospital Perrrado, el principal nosocomio público de la provincia. Su estado de salud es reservado. 

Capturaron a 7 policías intentando robar cocaína en una quema de droga en Chaco 

El 22 de diciembre del año pasado, durante un acto oficial de quema de 80 kilos de cocaína y 3 toneladas de marihuana en el que estuvieron el juez federal Ricardo Mianovich, el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich y hasta el jefe de la Policía de la provincia, Fernando Romero, descubrieron que 7 policías intentaban robar 9 kilos de cocaína. 

Mientras todos miraban el evento, fue el secretario del juez Mainovich el que notó que los policías de la dirección de Consumos Problemáticos de la Policía chaqueña estaban intentando guardar una caja con drogas en un patrullero.

Ante esto, se ordenó revisar a todos los implicados: encontraron algunas dosis de cocaína, pero lo más llamativo fue un ladrillo pero de yeso: creen que lo usaron para cambiarlo por el pan de cocaína que iba a ser incinerado.

Los siete oficiales de la dirección de Consumos Problemáticos de la Policía de Chaco fueron imputados y recibieron 100 días de prisión preventiva en la causa en la que se investiga si intentaron robar 9 kilos de cocaína durante una quema de drogas realizada en el polígono policial de Colonia Benítez. La cambiaban por ladrillos de yeso.
Los imputados por la jueza federal Zunilda Niremperger, en una investigación que es encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, son: los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Andrés Quizama, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, el sargento Gustavo Jesús Acosta, el comisario Rubén Héctor César Alegre y el subcomisario Andrés Franco Ramírez. Los acusan de “tenencia de droga con fines de comercialización agravada por ser funcionarios públicos y por la participación de tres o más personas y peculado”.

Los siete están presos en dependencias de la Prefectura Naval de Barranqueras y de Gendarmería, en el escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, en Formosa.

Policía muestra lo incautado cuando 7 oficiales intentaron robar 9 kilos de cocaína.

Un hombre muerto y tres policías detenidos en Puerto Vilelas

Diego Fernández de 37 años estuvo tres días desaparecido hasta que lo hallaron muerto en el riacho Barranqueras a la altura de Puerto Vilelas, su ciudad natal, el 25 de abril del año pasado. 

Por ese hecho, cuatro civiles y tres policías fueron detenidos debido a que, según el ministerio Público Fiscal, robaron la moto que el hombre dejó encendida en la noche del viernes 25 de abril, antes de introducirse al riacho Barranqueras. 

Los detenidos que son civiles son familiares de los agentes de Investigaciones Complejas que están presos. La imputación que les corresponde es “hurto”, “incumplimiento de deberes de funcionarios” y “encubrimiento”.
La hipótesis que manejó la Justicia fue la de un suicidio y el robo de la moto de Diego Fernández. Lo que se presume es que la moto de la víctima, que fue encontrada en la costa del riacho, le robaron la nafta y la batería. La intervención de los policías detenidos sucedió cuando dejaron abandonada -o plantada- la moto de Fernández en avenida Soberanía y calle 30, al saber que el vehículo era propiedad del hombre de Puerto Vilelas que llevaba algunas horas desparecido.
Sin embargo, todavía se desconoce por qué y cómo el hombre apareció muerto en el río. La familia de Diego exige respuestas. Quieren saber el grado de implicancia que tienen los agentes detenidos.

“Yo desde el minuto cero de la desaparición de mi esposo pedí que lo busquen, ningún policía me ayudó, ahora están todos involucrados. Yo quiero Justicia por mi esposo. Hay tantos policías, ¿qué es lo que quieren tapar? No estuvieron conmigo conteniéndonos. Ahora que hacemos una marcha están perseguidos, que den respuestas”, dijo en su momento la esposa de Fernández.

Comisario borracho agrede a médicos solidarios  

En la mañana del 17 de agosto del año pasado unos médicos solidarios cordobeses que estaban realizando un operativo de control en Taco Pozo -una localidad chaqueña, en límite con Salta, a 482 km de Resistencia- fueron agredidos por el comisario del pueblo, Daniel Melchiori. 

La asociación civil Todos por Todos, compuesto en su mayoría por médicos cordobeses, hacía un operativo de atención a chicos de Taco Pozo y de la zona. De forma inexplicable, los médicos fueron agredidos por Melchiori. El comisario del pueblo también les secuestró la camioneta a los médicos. Uno de los médicos de la asociación civil, Manuel Linares, denunció que el comisario Melchiori estaba borracho en el momento del altercado. 

Vale recordar que este comisario había sido denunciado en su momento por algunos oficiales de policía de esa localidad por maltrato y violencia física contra ellos. No solo eso, Melchiori está acusado de ser adicto a la cocaína. 

El mismo intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez había denunciado en noviembre del 2024 al comisario ante el comité provincial contra la Tortura por "procedimientos irregulares y detenciones arbitraria” a través de “procesos irregulares”.

Al principio, Melchiori recibió la banca del gobierno de Leandro Zdero a través del jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero. Sin embargo la agresión a médicos solidarios, hizo que el oficialismo le soltara la mano al comisario de Taco Pozo.
“Personajes como este no tienen lugar en nuestra policía”, aseguró el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, en relación al escandaloso accionar del Melchiori contra médicos solidarios cordobeses. 

El mismo Matkovich sostenía en ese entonces que el caso Melchiori era “un caso aislado”. Sin embargo, lo relatado en esta nota demuestra lo contrario: los hechos delictivos que involucran a efectivos de la policía del Chaco son recurrentes y configuran un patrón preocupante.

La voz de la madre de Axel González, María Gómez, sintetiza el reclamo social: “Que saquen toda la mugre de la Policía del Chaco, que queden solamente los que nos cuidan”. (www.REALPOLITIK.com.ar)