Las Fuerzas Armadas en Argentina, entre la realidad y el realismo mágico

El éxodo de personal de las Fuerzas Armadas ha sido una constante histórica, marcada por bajos salarios y falta de perspectivas profesionales. Los pilotos militares han sido un sector especialmente sensible a la hora de aceptar ofertas en la lucrativa industria aerocomercial, dado que la paga es infinitamente superior a la que reciben en las fuerzas armadas.

A ello se suma la crisis de la obra social, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), con una deuda de vértigo. La respuesta al problema fue puro gatopardismo: crear la Obra Social de las Fuerzas Armadas, también denominada OSFA, y desprenderse de los afiliados de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.

Cabe agregar que la flamante obra social castrense no está bajo el control de la Superintendencia de Servicios de Salud, como ocurre con la mayoría de los integrantes del sistema nacional de seguros de salud, obras sociales y prestadores privados. Los militares quedan atrapados en un contexto de bajos salarios y con una cobertura de salud que tiene limitaciones en materia de control. Son rehenes de la misma, al no poder optar por mejores prestaciones.

Algo que no mencionan los grandes medios, la oposición ni el oficialismo es que el sistema de asistencia sanitaria de la familia militar se apoya en la sanidad militar y, por ende, afecta una capacidad específica en el ámbito de las fuerzas armadas.

La autorización al personal militar para tener un empleo en el ámbito civil tiene como finalidad disuadir el alto nivel de bajas de personal de las distintas jerarquías. Entre 2024 y 2026 se fueron 25 mil efectivos que, por cuestiones económicas, abandonaron la carrera militar.

Edificio Libertador.

Esto pone en evidencia la promesa incumplida de los libertarios de mejorar la situación de las Fuerzas Armadas. Su discurso en la campaña electoral de 2023 movilizó a la familia militar -con la presencia destacada en la fórmula presidencial de Victoria Villarruel, hija de militar y, por ende, muy cercana a los problemas castrenses— a favor de la propuesta política de Javier Milei.

Pronto las promesas cayeron en saco roto. La expectativa de que la vicepresidenta Villarruel tuviera influencia en el ministerio de Defensa quedó en la nada con la designación de Luis Petri al frente de dicha cartera. El plan de austeridad del gobierno tuvo como resultado la drástica caída del poder adquisitivo de los militares. El plan de jerarquización salarial respecto de las fuerzas de seguridad, iniciado en 2023, quedó en la nada.

El resultado es que casi el 60 por ciento del personal militar está por debajo de la línea de pobreza. Un subteniente, primera jerarquía de oficial del Ejército, cobra unos 926 mil pesos, mientras que la canasta básica, según el INDEC, ronda entre 1,1 y 1,4 millones de pesos.

Se estima que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los sueldos del personal de las fuerzas armadas registraron un alza acumulada de 139 por ciento, frente al Índice de Precios al Consumidor, que llegó al 219 por ciento en el mismo período. La caída del poder adquisitivo de los uniformados rondaría el 80 por ciento.

Asimismo, cabe agregar que la suba en el rubro alimentación aumentó un 189,91 por ciento, mientras que vivienda y servicios —agua, luz, gas, entre otros— registraron un alza que rondaría el 417,71 por ciento. Los modestos aumentos discrecionales otorgados por el ministerio de Defensa no lograron compensar el duro golpe al bolsillo provocado por el aumento vertiginoso del costo de vida.

La falta de conexión con la realidad por parte de las autoridades del ministerio de Defensa y de sus asesores quedó reflejada en el convenio firmado entre dicho organismo y la empresa Toyota, para una serie de beneficios destinados a la adquisición de vehículos de esa marca por parte de veteranos de guerra de Malvinas.

En octubre de 2025, además, fue dictada una resolución que estableció un programa de beneficios en materia de crédito, descuentos y devoluciones para compras del personal militar con cuentas en el Banco Nación, además de créditos especiales para adquirir viviendas y vehículos. El régimen sólo estaba previsto que durara un mes. En atención a los salarios del grueso del personal militar, este tipo de acuerdos parecen tener una finalidad netamente política.

El gobierno que dice que viene a reivindicar a las fuerzas armadas derogó la ley 21.134, mediante el decreto 437/2025, de cuestionable constitucionalidad. Se trataba del Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal Militar, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina y de la Policía Aeronáutica Nacional.

La antigua empresa de construcciones de vivienda de la Armada, COVIARA, cuyas cuentas eran equilibradas, empeoró su situación a partir de 2024 y va camino a la liquidación en el marco de la política de privatización. El área de Defensa se ha quedado sin herramientas para programas de vivienda, una deuda pendiente de hace años que afecta seriamente al personal militar.

El exministro Luis Petri.

Planes de equipamiento sin una visión de largo plazo: realismo mágico

En este contexto de penurias, resulta difícil comprender cómo se llevan a cabo planes de reequipamiento cuando ni siquiera está garantizado un adecuado sostén presupuestario en el marco de un verdadero “ajuste eterno”.

En el día del Ejército, el general Carlos Presti, titular de la fuerza, anunció la existencia de negociaciones por la compra de cuatro helicópteros UH-60L de segunda mano en Estados Unidos —unos 2 millones de dólares por unidad—, en atención a que habrá material disponible ante la incorporación, por parte del Ejército de ese país, de versiones más modernas.

El Ejército adquirió en Alemania camiones tácticos Unimog 4x4, habiendo arribado al país el primer lote de los 400 previstos, por un costo de 88,2 millones de dólares. Una vez más, los planificadores de Defensa parecen olvidar que Argentina cuenta con una de las industrias automotrices más antiguas y desarrolladas de la región.

También se espera el arribo de 27 blindados Stryker adicionales por casi 70 millones de dólares. Estas adquisiciones se realizan sin un adecuado planeamiento. Argentina no cuenta con una directiva de Defensa actualizada y, en el caso del Ejército, se mantiene un despliegue y una organización que no han recibido cambios durante décadas.

Por lo tanto, el nivel de operatividad futura de estos medios queda en entredicho, dado que los recursos destinados a inversión son siempre escasos. La falta de personal convierte a los regimientos, en la práctica, en compañías. Antes de prever el tipo de equipamiento, sin ninguna duda, se requiere definir el tipo de fuerza que necesita el país, acorde a objetivos claros y en simetría con los medios y recursos disponibles.

En las otras fuerzas, el realismo mágico también está presente. La Fuerza Aérea está embarcada en la incorporación de los cazas comprados de segunda mano en Dinamarca. Es un proceso costoso, a tal punto que afecta seriamente las finanzas de dicha institución. Ello no impide la existencia de trascendidos sobre la adquisición de aviones de reabastecimiento KC-135R de Estados Unidos.

Mientras tanto, la fuerza canceló la incorporación de cuatro aeronaves Beechcraft TC-12B Huron que restaban ser entregadas. El avión de instrucción primario sigue en el limbo, al igual que la necesaria modernización de los aviones de instrucción intermedia y avanzada Embraer T-27 Tucano. La flota de transporte táctico, compuesta básicamente por los aviones C-130, también requiere inversiones.

La Armada vive también en tiempos de ajuste. El crédito destinado a la compra de cuatro helicópteros Leonardo AW109M se ha visto reducido. Los recortes de presupuesto generan dudas sobre la operatividad de los aviones P-3 Orión adquiridos en Noruega. En medios especializados se habla de los planes para recuperar el arma submarina, algo que se ve muy lejano dada la situación financiera del país.

La agenda del ajuste militar implica unos 24.000 millones de pesos destinados a inversiones en la Fuerza Aérea y la Armada, a lo que se agregan unos 45.000 millones de pesos en concepto de “alistamiento operacional”. Ello se traduce en menos días de instrucción, menos horas de vuelo y menos navegación. Por lo tanto, las capacidades de las fuerzas militares se verán afectadas.

Los constantes recortes y la situación salarial obedecen a múltiples factores, entre los que se destaca la falta de definición de objetivos acordes a los recursos y medios existentes. En atención a que los recursos destinados a la Defensa no crecerán, ha llegado la hora de replantearse el dimensionamiento de las fuerzas armadas con metas realistas, que garanticen su sostenibilidad y un adecuado funcionamiento. (www.REALPOLITIK.com.ar)