Tribunal de Cuentas cuestionó la concentración millonaria de pauta oficial de Axel Kicillof

El ministerio de Comunicación Pública bonaerense, conducido por Jésica Rey, quedó bajo la lupa del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires por el manejo de la pauta oficial durante el ejercicio 2024. En un reciente fallo, el organismo dejó constancia de un dato políticamente demoledor: los diez principales beneficiarios de la publicidad y propaganda oficial concentraron el 65,07 por ciento del gasto analizado, por un total de 16.205.992.274 pesos.

La cifra desnuda una matriz de concentración difícil de justificar en una provincia atravesada por la crisis económica, los reclamos salariales, los problemas de infraestructura y la caída del poder adquisitivo. Mientras el gobierno de Axel Kicillof insiste en denunciar el ajuste nacional, el área comandada por Rey aparece administrando miles de millones de pesos en pauta oficial con niveles de concentración que el propio organismo de contralor consideró necesario dejar asentados.

Los beneficiarios más favorecidos

Según el cuadro incorporado en el fallo, los primeros diez beneficiarios fueron: Prador Diez SA, con 4.237.039.695 pesos, equivalente al 17,01 por ciento; Sentidos SA, con 3.118.734.449 pesos, el 12,52 por ciento; Alta Densidad SA, con 2.465.319.842 pesos, el 9,90 por ciento; THA Medios SA, con 1.783.251.845 pesos, el 7,16 por ciento; y Taller Producciones SA, con 1.218.283.500 pesos, el 4,89 por ciento.

La nómina continúa con El Destape Radio SA, que recibió 733.850.874 pesos, equivalente al 2,95 por ciento; Televisión Federal SA, con 727.826.571 pesos, el 2,92 por ciento; La Corte SA, con 667.680.177 pesos, el 2,68 por ciento; La Brújula Televisión SRL, con 656.800.000 pesos, el 2,64 por ciento; y Comercial Medios SA, con 597.205.219 pesos, el 2,40 por ciento.

Detrás de esas razones sociales aparecen algunos de los principales jugadores del sistema de medios nacional. Parador Diez SA está vinculada al Grupo Indalo, el conglomerado del empresario Cristóbal López, que controla C5N y varias radios, entre ellas Radio 10, Pop, Mega, Vale y One. La Corte SA también aparece asociada a ese universo empresario, como productora del grupo. En tanto, El Destape Radio SA forma parte del grupo periodístico encabezado por Roberto Navarro, uno de los medios más identificados con el oficialismo kirchnerista.

Por su parte, Televisión Federal SA corresponde a Telefe, una de las principales señales de aire del país. La Brújula Televisión SRL remite al grupo bahiense vinculado a La Brújula 24, mientras que THA Medios SA aparece asociada a la pauta canalizada hacia Infobae, el portal fundado por Daniel Hadad, según el detalle de medios receptores incorporado en el propio fallo.

El dato no es menor: el grueso de la pauta no quedó disperso entre pequeños medios locales o comunitarios, sino concentrado en empresas, productoras y sociedades vinculadas a conglomerados de alcance nacional, señales de televisión, radios, portales digitales y estructuras comerciales con peso propio dentro del ecosistema comunicacional argentino.

En total, apenas diez beneficiarios se quedaron con más de 16.205 millones de pesos. El dato es central porque no surge de una denuncia opositora ni de una interpretación periodística, sino de la propia documentación incorporada por el Tribunal de Cuentas en el análisis de la rendición del ministerio de Comunicación Pública.

Los medios que más pauta recibieron

El fallo también incluyó un segundo cuadro con los primeros diez medios receptores. Allí aparece C5N en primer lugar, con 2.456.893.066 pesos, equivalente al 9,90 por ciento del total. Le sigue www.infobae.com, con 1.783.251.845 pesos, el 7,16 por ciento; y Crónica TV, con 1.088.953.078 pesos, el 4,37 por ciento.

Luego figuran www.eldestapeweb.com.ar, con 920.252.400 pesos, el 3,69 por ciento; www.eldestaperadio.com, con 733.850.874 pesos, el 2,95 por ciento; LS84 TV Canal 11 (Telefe), con 727.826.571 pesos, el 2,92 por ciento; La Corte, con 667.680.177 pesos, el 2,68 por ciento; La Brújula Televisión SRL, con 656.800.000 pesos, el 2,64 por ciento; Crónica, con 544.622.737 pesos, el 2,19 por ciento; y LRL 204 FM 101.5 MHz Radio Pop, con 429.876.942 pesos, el 1,73 por ciento.

El subtotal de esos diez medios alcanza los 10.020.007.791 pesos, equivalente al 40,23 por ciento. Es decir, casi la mitad del reparto analizado quedó concentrado en una decena de bocas de expendio comunicacional.

La advertencia del Tribunal

El punto más sensible del fallo aparece cuando el Tribunal advierte que la concentración presupuestaria en publicidad oficial dificulta la identificación de criterios de distribución. En otras palabras, el organismo de control deja asentado que el reparto no permite advertir con claridad cuáles fueron los parámetros objetivos utilizados por el ministerio de Rey para asignar semejante volumen de recursos.

El Tribunal también señala que el gasto en publicidad oficial tuvo una ejecución muy elevada en relación con el crédito original. Según el fallo, el gasto devengado en el rubro alcanzó 20.204 millones de pesos, frente a una previsión original de apenas 202 millones, lo que representa un incremento del 10.002 por ciento. Esa diferencia, según el organismo, supone una inadecuada estimación presupuestaria basada en la falta de una planificación coordinada con los organismos de la administración pública que hacen uso de la publicidad oficial.

Dicho de otro modo: el ministerio de Comunicación Pública no sólo concentró buena parte de la pauta en pocos beneficiarios y medios, sino que además lo hizo sobre una estructura presupuestaria que el Tribunal considera deficientemente planificada.

Una responsabilidad política directa

La responsabilidad política y administrativa recae sobre Jésica Rey, titular del ministerio. El fallo identifica expresamente que Rey se desempeñó como ministra durante el período bajo análisis, mientras que Gerardo Daniel René Jacoby actuó como tesorero General y Carlos Guillermo Lunghi como contador General.

Operando en las sombas con la pauta provincial aparece otro nombre conocido en el mundillo político: Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un referente vinculado a La Cámpora y expresidente de Telam, que está involucrado en una investigación por presunto espionaje ilegal a jueces y dirigentes, incluyendo a figuras clave del Frente de Todos. En la gobernación se vincula a "Conu" Rodríguez con Sentidos SA, una de las empresas más beneficiadas por Kicillof.

"Conu" Rodríguez, uno de los responsables de la pauta provincial.

El contenido del expediente deja al descubierto un esquema vergonzoso para una cartera que maneja fondos públicos sensibles: miles de millones destinados a pauta, fuerte concentración en pocos jugadores, observaciones sobre planificación y una advertencia formal sobre la dificultad para identificar criterios de distribución.

También hubo observaciones en personal

El fallo no se limita a la pauta. De hecho, también aparecen observaciones vinculadas al área de recursos humanos. El Tribunal menciona inconsistencias en procedimientos de incorporación de personal, liquidaciones de haberes y pagos retroactivos. En ese marco, se identificaron casos de agentes que habrían percibido sumas retroactivas sin que, al momento del análisis, estuviera suficientemente acreditada la prestación efectiva de servicios previa.

Entre los funcionarios señalados en esa parte del expediente aparecen Fernando Aníbal de Vega, Ezequiel Coya y Jorge Eduardo Azaldeguy, a quienes se les requirió documentación e información vinculada con esas observaciones. Si bien el Tribunal no formuló cargo económico ni sanción personal en este punto, sí dejó constancia de debilidades de control interno y recomendó fortalecer los mecanismos de acreditación de la efectiva toma de posesión del cargo, registros de asistencia y certificaciones de servicios.

En una provincia donde el oficialismo denuncia todos los días la falta de recursos, el ministerio de Jésica Rey aparece administrando una caja publicitaria multimillonaria con criterios que el propio Tribunal de Cuentas no logró ver con claridad. A la luz de los números, el fallo dejó una fotografía incómoda del manejo de la comunicación pública bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)